Un asesino ha andado suelto

 El asesino es Alfredo Cristiani, uno de los responsables directos del asesinato en 1989 de los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA), en El Salvador, en el contexto de la guerra que asoló a ese país durante la década del ochenta.

Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica

Todo el mundo sabía que Cristiani -quien era presidente de la nación en ese entonces- era responsable intelectual junto a otros funcionarios civiles y militares que tomaron la decisión para que otros la ejecutaran. Algunos de estos últimos ya fueron juzgados y condenados hace años, pero como sucede con frecuencia, quienes planean y dan las órdenes, los autores intelectuales, quedan en la sombra.

 

Mientras los poderes formales y fácticos lo encubrieron, como parte de un entramado de intereses en los que responsables de crímenes atroces se cubrían mutuamente las espaldas, pudo sortear la acusación y seguir disfrutando de una vida de lujos mal habidos -propia de la oligarquía salvadoreña- y teniendo presencia e influencia en una de las fuerzas políticas que, hasta hace muy poco tiempo, tenía gran ascendencia en la vida política del país: el partido ARENA, de extrema derecha.

 

Las guerras civiles en Centroamérica dejaron una estela de criminales de ese calibre, algunos de los cuales han podido ser juzgados a pesar de los múltiples escollos que sufren los juicios que se les siguen. Seguramente un caso emblemático, que evidencia la carrera de obstáculos en la que se transforman, es el juicio al dictador genocida guatemalteco Efraín Ríos Montt, cuyo juzgamiento cumplió hace pocos días diez años de haberse realizado, y de cuyo veredicto, que lo declaró culpable, pudo escabullirse gracias a la confabulación que a su favor montó la clase dominante guatemalteca y la institucionalidad judicial a su servicio.

 

El tema de la impunidad está a la orden del día en Centroamérica. Varias son las razones que se confabulan para que siga siendo un problema crucial. En primer lugar, una institucionalidad débil y venal, fácilmente permeable a las presiones y tentaciones del crimen organizado y a los intereses de sórdidos grupos a los que no conviene que se remueva el pasado ni las fétidas aguas de sus oscuros negocios del presente. En segundo lugar, un Estado de derecho apenas en ciernes, que no logra afianzarse en un contexto en el que es flor exótica en una tradición secular de autoritarismo. En tercer lugar, un contexto internacional en el que la utilización del sistema judicial para la persecución y la manipulación en función de intereses políticos es una fuerte tendencia que se afianza cada vez más.

 

De esa impunidad se han valido personajes como Alfredo Cristiani quien, para acrecentar su capital y velar por que el statu quo les siga siendo favorable, no ha vacilado en comportarse como verdadero gánster. Sus artimañas para realizar negocios oscuros son bien conocidos, como la adquisición de uno de los más grandes bancos de la región, el Banco Cuscatlán, a través de terceros que encubrieron su participación. Para protegerse y afianzar sus intereses, no vaciló en usar la mano durísima contra quienes cuestionaban el sistema en el que reinaban personajes como él. 

 

Ahora, en El Salvador, el partido que le sirvió de catapulta política ha sido desplazado por otras fuerzas políticas que ya no le cuidan las espaldas. Es en ese contexto que la Fiscalía salvadoreña inicia un proceso del que, bien lo sabe, no saldría bien parado, y opta por poner pies en polvorosa yéndose a Suiza.

 

Treinta y cuatro años después, el asesinato de los jesuitas sigue siendo una sombra que se cierne sobre su futuro. Ojalá no suceda como con Ríos Montt y, a través de artimañas, logre escapar de la justicia.