La veloz sanción de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023 fue la llama que incendió la pradera y la alocución del presidente el 24 de octubre fue un intento de apagarla con gasolina. Las demandas de los movimientos sociales contra la actividad minera en el país se regaron como pólvora.
Abdiel Rodríguez Reyes / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
La vía popular contra el contrato minero
Los grupos de poder económicos y partidos tradicionales no plantean ninguna alternativa. Están enfocados en sus intereses: ganar las próximas elecciones y mantener la tasa de ganancia. El artículo 2 de nuestra Constitución Política de la República de Panamá señala: “El Poder Público sólo emana del pueblo”. Bajo ese criterio, entonces, nos preguntamos cual es la vía popular para salir de la actual crisis detonada por la veloz aprobación de la Ley 406. A partir de la intervención del presidente se aumentaron las detenciones y el pie de fuerza en las calles. Aunado a que, a diferencia de las revueltas del año pasado, donde el diálogo fue la salida, en estas circunstancias lo es revertir la Ley en cuestión y establecer una moratoria total de minería.
A los defensores de la minería en Panamá sólo les falta decir que la minería metálica a cielo abierto es abono orgánico para el suelo. Hay suficientes razones científicas para oponerse a una actividad de ese tipo por sus consecuencias negativas. La Fundación Ciencia en Panamá ha señalado varias, como: contaminación del aire, aguas cercanas y subterráneas, porcentajes elevados de metales pesados en las personas, amenaza a la soberanía alimentaria, disrupción social entre otras afecciones.
El Gobierno no puede subestimar la capacidad autoorganizativa del pueblo, la de organización popular producto del hartazgo hacia los partidos tradicionales y la desconfianza a las instituciones públicas para dirimir las diferencias a través de procesos democráticos. Aferrarse al discurso del poder: el derecho del libre tránsito y de la propiedad privada por encima de cualquier otro derecho, le brinda poco o nulo margen de maniobra al Gobierno que, en lugar de resolver el problema lo empeora con amenazas, represión y criminalización de la legítima protesta social.
En julio del año pasado, luego de múltiples manifestaciones por las deterioradas condiciones de vida, producto del alto costo del combustible y la poca capacidad para resolver las demandas del pueblo, las alianzas populares del país pudieron sentar en una misma mesa al Ejecutivo. Luego de varias reuniones se lograron varios acuerdos, sin embargo, no fueron efectivos en el tiempo. Hoy estamos análogamente en las mismas condiciones con la agravante de la Ley sancionada y en Gaceta Oficial. El pueblo ni olvida ni es tonto. Ahora tiene como antecedente la fatídica mesa única de diálogo.
Tengamos en cuenta que no se está discutiendo técnicamente el contrato en cuestión. Lo que está sobre la mesa es su rechazo total. El actual partido gobernante cargará con el habitual desgaste de gobernar y las mayores manifestaciones de las últimas décadas, en las encuestas marcan bajo y solo un milagro podría garantizarles una victoria en las próximas elecciones. Quienes tienen mayor posibilidad de ganar la contienda electoral a la vuelta de la esquina, no se diferencian ideológicamente entre sí.
¿Qué opciones quedan? Por un lado, se habla de derogación y, por el otro, declarar inconstitucional la Ley # 406. Además, se planteó un referéndum nacional para decidir el futuro de la minería en Panamá, y está sobre la mesa una moratoria total de minería metálica a cielo abierto. En los tres escenarios (derogación, inconstitucionalidad, referéndum) es importante la presión social en las calles. Cuando el pueblo despierta, como dicen los zapatistas: “el pueblo manda y el Gobierno obedece”.
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