Han sido notables la amplitud de ese movimiento, y la tenacidad de su. Esas virtudes, con todo y ser frágiles, y fácilmente perecederas, han llevado a un nuevo nivel de deterioro al régimen político establecido tras aquel golpe de Estado. La protesta, en efecto, ha recogido el descontento acumulado con la subordinación del poder del poder Legislativo al intento del Ejecutivo de aprobar una nueva versión del viejo contrato, que no resuelve las causas de su inconstitucionalidad. Todo el peso de la crisis reposa ahora sobre el poder Judicial, pues la Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse ante media docena de denuncias contra el contrato de marras.
De momento, han ocurrido dos importantes novedades políticas. Por un lado, la completa parálisis de los partidos políticos en vísperas de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 5 de mayo de 2024. La bajura de su perfil no puede ser más conspicua, tras haber acaparado hasta hace quince días la vida política del país con sus disputas, acusaciones mutuas y negociaciones de alianzas. A eso se agrega hoy un hecho novedoso, que podría llegar a tener gran trascendencia si sobrevive a su éxito inicial.
Se trata de la movilización contra la empresa minera – y contra la minería metálica a cielo abierto - de un gran número jóvenes estudiantes y profesionales, con amplio respaldo en las capas medias de la capital y del interior del país. Esa resistencia, de claro corte patriótico, ha tenido dos consecuencias en particular. Por un lado, ha creado un centro de facto en el sistema político, que se ubica entre la derecha y la izquierda tradicionales en el país. Por otro, ha establecido a los problemas ambientales como un tema relevante en la agenda nacional.
Con ello, esa agenda tiende hoy a articular el crecimiento económico incierto con la inequidad persistente y la degradación ambiental constante en la vida política de un país cuyos sectores dominantes no han estado en capacidad de percibir la relación entre esos problemas, señalada por el papa Francisco ya en 2015 al plantear urbi et orbi que
Cuando se habla de “medio ambiente”, se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la realidad. Dada la magnitud de los cambios, ya no es posible encontrar una respuesta específica e independiente para cada parte del problema. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza.[1]
Lo que ocurra una vez declarada – o no – la inconstitucionalidad del contrato minero aún no es objeto de discusión pública. Tampoco se previó lo que ocurriría si el gobierno relegaba al olvido lo discutido en la mesa de diálogo con las organizaciones sociales que paralizaron el país en julio de 2022. Aún no parecen estar dadas la condiciones para ese tipo de debate. De momento, todas las partes operan a partir de objetivos de corto plazo, y ninguna ha estado en disposición – o capacidad – de presentar una estrategia que ofrezca al país la posibilidad de encaminarse a una situación de prosperidad equitativa, sostenible y democrática.
En esta cortedad de miras radica el problema mayor. Pocas veces, como ahora, ha sido tan importante lo que advirtiera José Martí a todos los pueblos de nuestra América en 1887, cuando empezaban a incubarse para todos los problemas que todos enfrentamos hoy:
Agitar, lo pueden todos; recordar glorias, es fácil y bello: poner el pecho al deber inglorioso, ya es algo más difícil: prever es el deber de los verdaderos estadistas: dejar de prever es un delito público: y un delito mayor no obrar, por incapacidad o por miedo, en acuerdo con lo que se prevé.[2]
Alto Boquete, Panamá, 16 de noviembre de 2023
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