Panamá: Otro país es posible

 Si no quieres revolver el problema real, invéntate otro. Ahora resulta que el problema no es la minería a cielo abierto en Panamá, sino un grupo de radicales cuyo único fin es destruir la economía e incluso la democracia para llegar al poder. 

Abdiel Rodríguez Reyes / Para Con Nuestra América

Desde Ciudad Panamá

Esta teoría es compartida por algunos gremios empresariales, periodistas y al parecer el Gobierno. Incluso surgió el movimiento Liberemos Panamá para redimirnos de quienes nos han secuestrado a punta de llantas, piedras y báculos. En esta operación mediática el tema minero pasó a un segundo plano. El presidente anunció “ordenes de aprehensión y conducción de quienes atenten contra la privación de la libertad individual, contra la personalidad jurídica del Estado, así como la apología del delito, daños a la propiedad pública y privada”, unas horas antes del partido entre Panamá y Costa Rica, ganamos 3 a 0 y por unos minutos nos olvidamos del marcial mensaje. El Órgano Judicial anunció sesión permanente para el 24 de noviembre, para dirimir la constitucionalidad o no de la Ley 406. Existen dos vías para cerrar Minera Panamá: la vía constitucional o derogación. Hay momentos como dice Maquiavelo donde no solo es importante el bullicio del desacuerdo, sino también sus “buenos efectos”. 

 

Hay protestas por doquier. En la entrada de Minera Panamá, en el kilómetro 33 en Donoso, los manifestantes se hacen sentir. En Punta Rincón, en la costa, los pescadores están en resistencia, plantean “cero minas”, en sus pangas (embarcaciones menores) con banderas panameñas ondeando se enfrentan a las embarcaciones que intentan atracar en el puerto para abastecer a la minera o llevarse los minerales extraídos. A pesar de que el presidente anunció detenciones, la dirigente Leisy Rodríguez de la coordinadora campesina por la tierra respondió: “no tenemos miedo porque nos robaron tanto que nos robaron el miedo”. No olvidemos el artículo 2 de la Constitución, “Él poder público sólo emana del pueblo”, los empresarios enfatizan en el 27, el cual señala: “Toda persona puede transitar libremente”, hablan de un país “secuestrado” por los manifestantes en las calles. Sin embargo, poco proponen para solucionar la crisis, sus comunicaciones oficiales se limitan a solicitar la apertura de vías y la paz social. El discurso del secuestro es ya ampliamente compartido. Es importante recordar el derecho a la protesta social reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

El martes siete de noviembre, un zoneíta bajó de su auto, ante un cierre de calle a la altura de Chame, sacó un revolver de su bolsillo, agarró nuestro listón Tricolor, lo tiró a un lado como si fuera una basura y, ante la mirada atónita de quienes estaban allí, disparó certeramente contra dos compatriotas acabando con sus vidas. Días antes, otro compatriota moría arrollado. Estamos de luto. Pero, para mayor asombro nuestro, en redes sociales algunas personas reivindicaron al asesino de Chame como un héroe por intentar abrir las vías, incluso exculpándolo de no estar en sus cabales. Esa misma semana, periodistas, podcasteros e influencers etiquetaban sin ninguna prueba a manifestantes de terroristas, anarquistas, criminales, infames, maleantes, comunistas e izquierdistas desestabilizadores. Reproducían el viejo macartismo de siempre. Insisten en la idea de la existencia de un “grupo” cuyo único fin es la “autodestrucción de la economía”. También afirman: “es la izquierda que quiere tener ignorante al pueblo”. Ya no es necesario buscar comentarios reaccionarios al margen, todo quedó explicitado. Los macartistas han quedado al desnudo. En sus elucubraciones cada tres minutos mencionan al SUNTRACS. Han desviado la atención intencionalmente, ahora gran parte de la discusión no es el contrato minero, sino otra cosa. Muchos periodistas al parecer han elevado sus doxas a verdades universales, mientras acusan sin pruebas a manifestantes y se etiquetan de terroristas, al unísono el Ejecutivo anunció aprehensiones para quienes rompan con el orden público.

 

El pueblo, las alianzas populares, coordinadoras y bastiones de lucha se mantienen firmes. Pese al desgaste luego de varias semanas, el pueblo está en las calles. Parte de la multitud y formalistas en general, aguardan la decisión de la Corte de Suprema Justicia dentro de la institucionalidad, en vigilia fuera del Palacio de Justicia Gil Ponce. El 16 de noviembre se anunció para el 24 de noviembre “reunión plenaria en sesión permanente” hasta revolver las demandas de inconstitucionalidad de la Ley 406. Esperan el fallo siguiendo el criterio ya vertido por los procuradores de inconstitucionalidad de la Ley 406. Será necesario estar preparado incluso para un laudo parcial o adverso, aun perdiendo esta batalla, no significaría la derrota de la guerra. Si no se sanciona una derogatoria como plantean las alianzas populares y, en su lugar, se da el fallo de inconstitucionalidad, el objetivo inmediato sería presionar para establecer un plan de cierre de la mina, garantizando el derecho de los trabajadores y mitigar los daños ambientales. Además, defender a Panamá en un inevitable arbitraje internacional. 

 

Si pudiéramos extraer algunas lecciones del pasado inmediato, rememoremos la ingesta revuelta de julio del año pasado (2022). El pueblo se tomó las calles por asalto obligando al Gobierno a sentarse en una mesa, fue un momento de inflexión donde el movimiento social pudo evidenciar los errores del Gobierno. A diferencia de aquella coyuntura, quienes están hoy en las calles no quieren diálogo, tanto así que, los bastiones de lucha, como espacios autopoiéticos de resistencia tienen sus propias dinámicas jacobinas, no quieren otro tipo de negociación que no sea el cierre de Minera Panamá. La cuestión se empeora cuando nos decantamos por teorías como la “revolución molecular anticipada”, minimizando el hartazgo general y a los mártires de esta lucha. El Gobierno en lugar de reflexionar seriamente sobre la cuestión, invoca a fantasmas del pasado, quedando atrapado en su propio laberinto, entre lo policiaco y las vendettas.  

 

Lo opinión pública está parcializada, se decantan por el discurso de la propiedad privada, la paz social y la tolerancia. Eso implicó ataques a los dirigentes de las alianzas populares, de los bastiones de lucha y no descartemos la implementación de lawfare. Es visiblemente abrumadora la cantidad de minutos contra las protestas. Resaltan pérdidas millonarias y endilgan la culpa de la crisis a gremios y sindicatos. El lenguaje dominante en la opinión pública cruzó la línea de lo políticamente correcto a lo irreflexivo. Ya no solo les dicen a los manifestantes cómo, dónde y a qué hora protestar, ahora quieren castigar (despidos, descuentos, cárcel) a quienes protestan. El movimiento empresarial Liberemos Panamá y los medios de comunicación tradicionales junto a periodistas en redes sociales promueven la protesta contra la protesta. Como ya planteamos, la protesta es un derecho, se manifiesta desde diversas formas, desde vigilias hasta cierres de calles. Ningún cambio en la historia de la humanidad se logró gracias a la tibieza de los políticamente correctos.

 

Si nos quieren vender el discurso de la quiebra del país por el cierre de Minera Panamá, una solución podría sería la recaudación de los miles de millones en evasión fiscal. Con esos fondos mil millonarios podríamos sufragar nuestras asistencias sociales para mejorar las condiciones de los más necesitados; aunado nos carcome la corrupción. Guillermo Chapman, quizá el economista más influyente del país resaltó el aporte de Minera Panamá por el orden de los 4%, en el caso de cierre “no es la ruina del país” apuntó, como nos quieren hacer ver los apologetas de la mina. Esa es la falacia de la pendiente resbaladiza. El Gobierno y algunas personas influyentes del país nos pintan un horizonte catastrófico, para propagar miedo en la población. La línea desde el poder tiende al aumento de la represión y persecución policiaca, donde la campaña de desprestigio a los dirigentes y la promoción de la confrontación de la población contra sí misma es la norma. 

 

La lucha colectiva en curso es para diseñar un país libre de minería metálica a cielo abierto. Sí bien la estructura del capitalismo está intacta, hemos sido testigos de un acontecimiento importante en las últimas tres décadas, ya no hay miedo ni ensoñación total, los cambios requeridos están en curso como parte de un proceso, el cual apenas comienza. Este despertar es un dolor de cabeza para cualquier Gobierno. Lo logrado hasta el momento es parte de la acumulación para el movimiento social en toda su diversidad para la posteridad. Lo concreto fue el despertar de una sociedad y, de una juventud pujante, contagiosa, pero a la misma vez intermitente y efímera. Habrá tiempo para analizarlo cuidadosamente en el futuro inmediato, pero el estruendo realizado hizo remover los cimientos de lo establecido. Por ahora, la tarea consistirá en unir las divergencias en función de acabar con el extractivismo minero en Panamá. 

 

Para culminar, no es un asunto menor llamarle a alguien terrorista, cuando se habla de terrorismo, según el Diccionario panhispánico del español jurídico, nos lleva a “acto terrorista”, y este es el “acto que tiene como objetivo causar la muerte”. El pueblo ni es estúpido, ni vándalo y menos terrorista. No existe una “agenda izquierdista” para destruir la economía. Lo palpable son miles y miles de personas indignadas en las calles contra la Ley 406. Al menos que todas esas personas sean anarquistas, vándalos o terroristas. Quedó al desnudo el viejo macartismo de siempre, incluso el racismo y clasismo contra los indígenas y obreros respectivamente. Si queremos una solución real, estamos obligados a pensar objetivamente lo acontecido. Los momentos de crisis también debelan nuestra humanidad o falta de ella. Otro país es posible cuando despertemos totalmente de la ensoñación, cuando no nos dejemos manipular y pensemos por cuenta propia más allá de nuestros intereses particulares.