Fiel a la agenda de la extrema derecha, el fiscal Barbosa centra su atención en generar el ambiente propicio para que el presidente sea juzgado y destituido.
Consuelo Ahumada / Para Con Nuestra América
La situación es realmente preocupante, aunque previsible. Contrario a lo sucedido en gobiernos anteriores, ahora la oposición ha tenido todas las garantías para expresarse y movilizarse en las calles, en el Congreso, en los medios que controlan.
Sin embargo, su tránsito hacia los intentos de desestabilización y de franca conspiración es indiscutible. En más de una ocasión la asociación de militares retirados ha expresado su intención de derrocar al presidente. Figuras de la extrema derecha han pedido su destitución de muchas maneras.
Contra toda evidencia, insisten en su incapacidad para gobernar, en que la economía va mal, en que el orden público es un desastre. Especulan con su supuesta enfermedad y adicciones.
Pero en este contexto cada vez más polarizado, la oposición más agresiva la vienen ejerciendo, bajo disfraz institucional, las entidades de control, en especial la Fiscalía y la Procuraduría. En esta arremetida en contra del gobierno, han contado con la permisibilidad y en ocasiones la complicidad de las Cortes.
Centrémonos en la Fiscalía. A estas alturas del paseo, ha quedado colmada toda posibilidad de asombro frente a un personaje como Francisco Barbosa, calificado incluso por sectores no afines al gobierno como el peor fiscal de la historia del país.
En él, megalomanía, incapacidad, desvergüenza, venalidad, van de la mano. Pero sobre todo se destaca por su disponibilidad para arrastrarse ante las viejas elites y cumplirle sus mandatos, en particular a la extrema derecha mafiosa.
Un dato muy indicativo. Cuando era solo un profesor del Externado apoyaba la paz y la JEP. Pero su postura cambió de plano cuando no fue seleccionado como magistrado de la misma. Claro, poco después fue premiado con las mieles de poder por su compañero de pupitre.
Y le cumplió con creces a Duque. No investigó los atropellos y crímenes de la fuerza pública durante el estallido social y en cambio persiguió y encarceló a sus líderes. Tampoco investigó las acusaciones de financiación por parte del narcotráfico de su campaña presidencial.
Durante los últimos años, ha hecho todos los intentos y empleado todas las artimañas para lograr la preclusión del caso contra Uribe, lo que está a punto de pasar.
Apartándose de sus funciones constitucionales, se dedicó a sabotear de mil maneras la paz total y las reformas sociales de Petro. Tan calladito y sumiso durante el gobierno anterior, ahora, en trance de candidato presidencial, se desfoga en arengas contra el presidente frente a los gremios, quienes lo invitan para que lo haga.
Fiel a la agenda de la extrema derecha, toda su atención está ahora puesta en generar el ambiente propicio para que el presidente sea juzgado y destituido. El proceso contra su hijo por supuesto enriquecimiento ilícito cumple ese propósito: detención cinematográfica, presiones e intimidaciones para que confiese el ingreso de recursos ilegales a la campaña electoral, ofrecimientos generosos si colabora en ese sentido.
El allanamiento de la sede de Fecode el pasado 22 de enero como parte de la investigación por una donación que hizo a Colombia Humana una vez terminada la campaña electoral de Petro y Francia es una clara muestra de la selectividad con la que opera. Además es un atropello, porque una organización sindical puede hacerlo, en el marco de la ley electoral.
Además de atentar contra la estabilidad de la Presidencia, con esta acción, la Fiscalía busca golpear a la principal organización sindical del país, en la mira del ataque de Uribe desde hace años, por su combativa postura en defensa de la educación pública. Pero también es un claro mensaje intimidatorio al movimiento sindical, en su respaldo a las reformas sociales del gobierno.
Sin embargo, hay asuntos todavía más escandalosos en todo este proceso de la Fiscalía: su infiltración por el narcotráfico y el crimen organizado. Algunos periodistas independientes, entre ellos Daniel Coronell y la revista Raya han hecho denuncias concretas al respecto.
Señalan que el director del CTI de la Fiscalía en Buenaventura, alias Pacho Malo, era al mismo tiempo quien controlaba el tráfico de drogas y de armas en el puerto, el principal del país. El también investigador de la Fiscalía, Mario Fernando Herrera, quien presentó el informe al respecto, fue asesinado días después de su denuncia.
Martha Mancera, la vicefiscal, incondicional de Barbosa, no solo conoció la denuncia, sino que mantuvo en su cargo a Pacho y enjuició y encarceló a los otros fiscales que colaboraron en el informe de Herrera.
Pese a todas las evidencias, la semana pasada Barbosa archivó la investigación contra esta señora, quien se convertirá en fiscal encargada si la Corte Suprema no designa a alguna de las candidatas propuestas por Petro en la terna presentada hace varios meses. Con ello, el fiscal y la vicefiscal pretenden esconder todos sus delitos y continuar su embestida contra el presidente.
Sin embargo, aquí no se trata de afirmar que los funcionarios y funcionarias del gobierno no puedan ser investigados y sancionados, si es el caso. Lo que se cuestiona es la manipulación política, los vínculos criminales y el doble rasero que tienen estas entidades de control.
Recordemos, por último, que el lawfare está en plena vigencia en Latinoamérica. Lula fue inhabilitado y encarcelado sin pruebas por un juez engrandecido por la extrema derecha de Brasil. La fiscalía de Guatemala quiso impedir a toda costa el triunfo electoral y la posesión de Arévalo.
Por ello, el llamado del presidente a la máxima movilización popular y a las organizaciones internacionales a que lo respalden cobra la mayor validez.
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