En tiempos de reconfiguración del capitalismo global, la Unión Europea despliega distintas iniciativas para consolidar su presencia en el mundo periférico. Frente a los avances de China y de los Estados Unidos, busca las cada vez más escasas materias primas, y reconstruir una cadena productiva que había sido duramente golpeada por la pandemia del Covid 19.
Daniel Kersffeld / Página12
Fuera de todo sentido innovador, el programa ha recibido críticas debido a que muchos proyectos, en realidad, ya tenían financiamiento a través de propuestas anteriores y, de hecho, ya existían bajo el paraguas de la Iniciativa Equipo Europa para la Democracia (Team Europe), de 2020.
Detrás del multimillonario Global Gateway se encuentra el Grupo Asesor Empresarial, compuesto por 60 de las empresas más grandes de Europa, incluidas algunas de las corporaciones más relevantes a nivel mundial, como TotalEnergies, Siemens, Telecom, Volvo y Bayer.
Resulta clara la influencia alcanzada por el lobby corporativo de naturaleza europea, ya que en el Grupo Asesor no se incluyó a ninguna empresa de los países receptores de inversiones.
Reuniones recientes en Bruselas evidenciaron el malestar que muchos gobiernos tienen con el fondo del programa, que ha sido criticado por incluir objetivos climáticos y ambientales dentro de una política comercial más amplia.
Así, la exaltada ayuda al desarrollo no sería otra cosa que una estrategia mercantil y de inversión por parte de un conjunto de multinacionales guiadas por ambiciones geopolíticas europeas.
Con limitaciones presupuestarias reales, evidentes fallas logísticas y obstáculos de todo tipo en el relacionamiento con los gobiernos de varios países periféricos, a mediados de 2023 el Global Gateway acentuó su perfil extractivista a partir de la rápida sanción de la Ley de Materias Primas Fundamentales (European Union's Critical Raw Minerals Act-CRMA),
La nueva Ley apunta a la obtención de minerales y metales en un contexto de creciente conflictividad global demarcado, primero, por el conflicto entre Rusia y la OTAN y, luego, por las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Así, la CRMA resulta fundamental en la actualidad para la industria de la defensa y para las demandas del sector espacial europeo.
El proceso de extracción suele tener impactos devastadores en el medio ambiente, motiva la usurpación de territorios habitados por poblaciones autóctonas y, en general, incurre en la violación de derechos humanos y laborales. De ahí que una multitud de ONGs internacionales se opusieron a la estrategia para obtener materias primas críticas del Sur Global, fundamentales para llevar adelante la llamada “transición verde” del Primer Mundo.
Tal como fue anunciado el año pasado en la cumbre CELAC-Unión Europea, el proyecto dispone de 45 mil millones de euros para desarrollar áreas prioritarias en América Latina, si bien el interés está puesto en la extracción de las riquezas minerales de la región.
El gobierno argentino no podía quedar al margen de un negocio multimillonario de estas características. Si bien los contactos se produjeron durante el mandato anterior, fue ya durante la actual administración de Javier Milei que se consolidaron las relaciones comerciales basadas en la provisión de minerales y recursos estratégicos.
Uno de los principales encuentros realizados por la canciller Diana Mondino en la gira europea realizada a principios del mes de mayo fue con la multinacional Glencore, dedicada a la extracción de materias primas y que comercializa más de 60 commodities, entre los que se encuentran gran variedad de metales y minerales como cobre, cobalto, zinc y níquel.
Con sede en Suiza y registrada en Londres, Glencore fue en 2023 la empresa minera que más ingresos tuvo a nivel mundial. Sus principales inversionistas son entidades bancarias y fondos de inversión de Francia, Reino Unido, Suiza, Holanda y España.
En Argentina, la firma mantiene inversiones en gran escala, y por miles de millones de dólares, en dos proyectos mineros centrados en el cobre: El Pachón, en San Juan, y MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), en Catamarca.
Pese a los valores declamados en el Global Gateway de respeto al medio ambiente y a los derechos laborales, Glencore ha cosechado múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos, corrupción, evasión fiscal y destrucción ambiental. Los casos de las minas Cerrejón, en Colombia, y Antapaccay, en Perú, ilustran a las claras el daño caudado a las comunidades circundantes, así como también las movilizaciones populares y las denuncias formuladas en contra de la compañía.
Gracias a su impulso corporativo, Global Gateway resulta un proyecto estratégico no sólo por su competencia frente a las economías estadounidense y china: lo es también porque intenta reposicionar al Viejo Continente en un lugar de predominio y de dominación a nivel mundial.
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