Las recientes elecciones vividas en Venezuela activaron todas las fuerzas interesadas por acabar con el “chavismo” y en derrocar a Nicolás Maduro. Para ellas no es un tema solo electoral, sino del régimen político.
Juan J. Paz-y-Miño Cepeda / www.historiaypresente.com
Pero esa amplitud del espectro “progresista” resulta inadecuada, inexacta y errónea. Porque el progresismo se ha identificado con las nuevas izquierdas latinoamericanas; el impulso a economías sociales sustentadas en el fortalecimiento de capacidades estatales, inversiones y servicios públicos, para liquidar la vía neoliberal que se había impuesto en la región desde la década de 1980; las posiciones soberanistas y populares; una visión común sobre los ideales de la integración geoestratégica de América Latina como región de paz opuesta al americanismo monroísta e intervencionista y a la hegemonía unipolar de los Estados Unidos en el mundo; el fortalecimiento de la democracia representativa; el desarrollo económico orientado al bienestar colectivo.
La experiencia de los gobiernos progresistas de nueva izquierda marcó profundamente un nuevo camino económico, político y social para América Latina, de modo que, como no ocurrió en otros momentos históricos contemporáneos, convergieron en la creciente oposición varios sectores, encabezados por altos empresarios, oligarquías tradicionales, capas ricas, élites acomodadas, medios de comunicación empresariales, clases medias identificadas con todos ellos, derechas políticas. Allí se cultivó el combate al progresismo, porque esas fuerzas comprendieron que sus intereses clasistas, capitalistas y neoliberales quedaron relegados; que el dominio social mantenido durante décadas se había terminado y que se volvía real la posibilidad de construir el Socialismo del siglo XXI. Arrebatarles el poder, controlar el Estado y sus funciones e instituciones nacionales se convirtió en un objetivo a conseguir por cualquier medio, en contra de los gobiernos izquierdistas. Lograron instalar gobernantes que revivieron el neoliberalismo, incluso con presidentes empresarios y millonarios, como ha ocurrido en Ecuador desde 2017. En forma paralela actuaron los EE.UU. para respaldar y fomentar no solo las políticas neoliberales, sino también a los gobiernos empresariales, a fin de proteger sus intereses en la región y alinear bajo sus geoestrategias mundiales a los países latinoamericanos, visualizando unas relaciones internacionales desfavorables a su hegemonía, por el ascenso de Rusia, China, los BRICS y los soberanismos de los países del Sur Global. De este modo se ha consolidado una internacional derechista de Occidente dedicada a defender la economía de mercado libre y a los gobiernos empresariales, así como a combatir a los gobiernos contrarios a sus posiciones, y a encaminar estrategias y recursos para impedir la llegada de cualquier progresismo al poder. Son explícitas las ambiciones proclamadas desde los EE.UU. sobre los recursos económicos de América Latina y sus geoestrategias contra Rusia y China, como en reiteradas oportunidades lo ha señalado la Comandante del Comando Sur (https://bit.ly/3LSnzGz).
Este es el telón de fondo que enfrentan los sectores progresistas y de izquierda en toda la región. Fuerzas poderosas, con coordinación y apoyo nacional e internacional, han actuado mediante los golpes de Estado blandos, el lawfare, la persecución política, la judicialización de expresidentes y líderes políticos, la criminalización de la protesta social, la narco-política, el paramilitarismo, la corrupción de las instituciones, la violencia y hasta la inseguridad ciudadana. Desde el poder han impuesto el achicamiento del Estado, la privatización de sus recursos, la implantación de los negocios empresariales a costa de lo público, el deterioro de los servicios de educación, salud o seguridad social; la generalización de la pobreza, la miseria, el desempleo, el subempleo y la emigración; el abandono del desarrollo con bienestar social, pues solo interesan las rentabilidades de los propietarios del capital, los buenos negocios. Imposible dar cuenta aquí de todos estos procesos, que están bien documentados y estudiados por las ciencias sociales latinoamericanas.
Así como en Ecuador se ha cultivado el odio al “correísmo” y todo lo que este calificativo significa, igual es el triunfo que han obtenido las fuerzas antiprogresistas en otros países, especialmente por la guerra mediática (y la “ciberguerra”: https://t.ly/XCFrV) que libran y que es difícil contrarrestar. Los presidentes Gustavo Petro, Lula da Silva, López Obrador representan para ellos el mal intolerable. Peor si se trata del gobierno de Venezuela o de Cuba, las “dictaduras abominables”. No importa si han sido víctimas de la injerencia, el bloqueo y las sanciones de tipo imperialista. Se justifican simplemente porque son “dictaduras”. Y es tal el nivel de convencimiento político en ese sentido, que resultan ejemplares y “democráticos” los gobiernos de Argentina o Ecuador, a pesar de que los estudios académicos y reportes internacionales dan cuenta del debilitamiento de sus instituciones, la desestabilización de sus economías y el derrumbe de las condiciones de vida y de trabajo de la enorme mayoría de población. Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro en América Latina a uno que ocupa los primeros lugares en inseguridad ciudadana, el tercer peor lugar mundial para los trabajadores, entre los diez con mayor concentración de la riqueza. Miles de venezolanos creyeron llegar a Ecuador para vivir mejor, pero han pasado a ser explotados por patronos inescrupulosos y también estigmatizados al atribuirles ser la fuente de la delincuencia diaria.
Es evidente que las recientes elecciones vividas en Venezuela activaron todas las fuerzas interesadas por acabar con el “chavismo” y en derrocar a Nicolás Maduro. Para ellas no es un tema solo electoral, sino del régimen político. Se conoce que la trama estuvo preparada con anticipación (https://t.ly/MmC78). De modo que estalló la polarización social y política que vive el país desde años atrás, bien para defender a la Revolución Bolivariana o bien para liquidarla. Y el asunto sin duda inquieta al progresismo de izquierda latinoamericano, en cuyo espectro social incluso hay motivos para las críticas a la conducción del proceso venezolano, pero que no puede admitir que la oposición encabezada por la ultraderechista María Corina Machado asuma ante sí misma la victoria y sea la que proclama los resultados electorales (tal como ocurrió cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente) al propio tiempo que se activan las amenazas de injerencia imperialista en Venezuela.
Ante semejante panorama ha correspondido a los presidentes progresistas Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, la adopción de las posiciones diplomáticas más sensatas (https://t.ly/70E_1), en medio de las pasiones despertadas, en las cuales la racionalidad parece ser lo que menos importa. Mientras el Departamento de Estado de los EE.UU. declara unilateralmente reconocer como triunfador de las elecciones venezolanas a Edmundo González Urrutia (https://t.ly/kwHkV), cabe destacar y respaldar, ante todo, la posición asumida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que es la que mejor expresa el camino latinoamericanista: ha sido claro en cuestionar a la descalificada OEA, pronunciarse contra cualquier intervención extranjera y reivindicar las soluciones institucionales que corresponden exclusivamente a Venezuela (https://t.ly/cF2b5).
No hay comentarios:
Publicar un comentario