Las elecciones presidenciales uruguayas mostraron dos bloques políticos muy parejos y con discursos moderados. La centroizquierda representada por el Frente Amplio fue la fuerza más votada, mientras que se asistió al derrumbe de la derecha radical. El resultado, que se definirá finalmente en el balotaje del 24 de noviembre, está abierto.
Agustín Canzani / Nueva Sociedad
Avance de la izquierda
Con Yamandú Orsi como candidato, un profesor de Historia que gobernó durante diez años Canelones, el segundo departamento del país, el Frente Amplio arañó el 44% de los votos emitidos. Segundo quedó el Partido Nacional, con la candidatura de Álvaro Delgado, el delfín del presidente Luis Lacalle Pou, que se acercó a 27%. En tercer lugar se ubicó el Partido Colorado, cuyo candidato, Andrés Ojeda, alcanzó el 16%. Muy por debajo aparecieron el resto de los partidos. La mayor sorpresa fue la votación de Gustavo Salle, un excéntrico y mediático abogado, que con un discurso que trató de corruptos a todos los últimos presidentes, cuestionó las vacunas contra el covid-19 y rechazó la Agenda 2030 como una confabulación de «genocidas como Kissinger, Soros y Rockefeller», logró 2,7% de los votos.
Desde hace bastante tiempo la política uruguaya suele articularse alrededor de dos grandes bloques: uno integrado por la centroizquierda, representada por el Frente Amplio, y otro de centroderecha, donde se agrupan los partidos tradicionales -el Nacional (también denominado Blanco) y el Colorado- y al que en el último período de gobierno se aliaron otros partidos en la llamada Coalición Multicolor, que constituyó la base de apoyo político y parlamentario del actual gobierno de Lacalle Pou.
Comparado con cinco años atrás, el balance parece claro. Aunque la votación no modifica el esquema bibloquista, el Frente Amplio avanzó y los partidos de la Coalición Multicolor retrocedieron, en proporciones similares de alrededor de 5% cada uno. En realidad, dentro de este último bloque, tanto blancos como colorados recuperaron peso y se desplomó Cabildo Abierto, el partido de la nueva derecha radical que había irrumpido con fuerza en 2019 y que ahora queda fuera del Senado. Los partidos menores no alineados en esos bloques avanzaron levemente, y su voto, que había estado más disperso en 2019, se concentró ahora en torno del mencionado Salle y su discurso complotista. También crecieron moderadamente los votos nulos y blancos.
Como suele ocurrir, el Frente Amplio dominó con mucha claridad en el área metropolitana (Montevideo y Canelones), donde vive 60% de la población y donde su nivel de votación suele ubicarse en torno de 50% o aun por encima. Su desempeño mejoró en esos territorios, pero también lo hizo en el interior del país. Fue el primer partido en 12 de los 19 departamentos, frente a siete en los que triunfó el Partido Nacional (Blanco) y uno en el que ganó el Partido Colorado.
Los resultados confirman la importancia de este partido que unió a toda la izquierda en la política uruguaya. Con esta elección, cumple un cuarto de siglo como el más votado del país y hay que remontarse casi 60 años atrás para encontrar quien lo supere en el porcentaje de votación que logró en esta elección. La suma de sus votos supera a la de los dos partidos históricos y logra una ventaja de 17 puntos respecto del Partido Nacional. Sin embargo, estos resultados chocaron con el hecho de que las expectativas eran altas y la suma de los partidos de la Coalición supera levemente a la izquierda por un par de puntos.
Junto con las presidenciales, también se votó en dos plebiscitos que no lograron la aprobación de las iniciativas propuestas, con sentidos ideológicos opuestos. Uno era promovido por la central sindical y buscaba modificaciones sustanciales en el sistema de seguridad social -prohibir todo sistema de capitalización individual con fin jubilatorio, fijar la edad de retiro en 60 años y determinar que la jubilación mínima tenga un monto equivalente al Salario Mínimo Nacional-; el otro pretendía incluir los allanamientos nocturnos, hoy prohibidos, en la Constitución.
Una campaña peculiar
Aunque luego de las elecciones primarias de fines de junio la disputa había arrancado con ventaja importante para la izquierda, ese margen se fue reduciendo paulatinamente.
La campaña del Frente Amplio fue cautelosa y buscó minimizar riesgos. Sabiendo que enfrentaba a un presidente popular, como lo sigue siendo, pese a todo, Lacalle Pou, y a adversarios con muchos recursos económicos y de poder, se buscó evitar la regla del «cuatro contra uno» que suponía enfrentarse en los debates a varios candidatos que se turnarían para atacar a la izquierda de forma concertada. En la recta final, la movilización de los votantes frenteamplistas sugería un crecimiento que finalmente no se concretó. Probablemente el Frente Amplio haya tenido un nivel de activación temprana muy alto que no se trasladó en la misma medida al apoyo electoral.
La campaña también se vio complicada por el mencionado plebiscito sobre seguridad social. El Frente Amplio no logró un acuerdo interno sobre el tema y dejó en libertad de acción a sus adherentes, lo que hizo que algunos sectores que apoyaban la propuesta enfocaran buena parte de sus baterías en ese tema, además de dejar en una posición incómoda a los integrantes de la fórmula presidencial, que se manifestaron en contra de la iniciativa.
Cada uno de los partidos de la Coalición Multicolor variaron de manera importante en sus niveles de intención de voto en la campaña, mostrando que tienen entre sí una frontera porosa, pero en general el bloque se fortaleció a lo largo de la campaña. La candidatura de Andrés Ojeda por el Partido Colorado -un partido fundado en 1836- apareció como la de una figura nueva y joven, con propuestas programáticas relativamente originales -atención a la salud mental, bienestar animal-, presentadas con un estilo descontracturado que lo ayudó a crecer desde el comienzo de la campaña. Incluso en algún momento pareció transformarse en un desafiante de peso para Delgado, el candidato de Lacalle Pou, por el segundo puesto. Pero algunos errores al final de la campaña lo hicieron retroceder de forma notoria: se difundió un video de una pareja sentimental estadounidense que aparecía cazando animales, y cuando se le preguntó al candidato por el tema, terminó calificando de psicópata a una periodista, lo que no parecía cuadrar demasiado bien con sus prioridades programáticas.
Delgado, por su parte, nunca descolló, pero tampoco cambió su estrategia: comenzó y terminó presentándose como el delfín de Lacalle Pou, que proponía más de lo mismo en una mejor versión, y como la persona que desde su desempeño como secretario de la Presidencia tenía la experiencia necesaria para gobernar. Es razonable pensar que sobre el final de la campaña el candidato blanco se vio beneficiado por los errores de Ojeda, y que su estructura política -el Partido Nacional gobierna 15 de los 19 departamentos- lo ayudó en la captación de votos a partir de los aparatos de los gobiernos subnacionales y el personal político local.
Las otras candidaturas del bloque de gobierno no tuvieron protagonismo importante en la campaña. Cabildo Abierto y su líder, el general retirado Guido Manini Ríos, buscaron hacerse un espacio con algunos temas de discurso populista, como el punitivismo penal y el perdón de deudas de las familias. Pero ya habían perdido la categoría de novedad de la elección anterior y cargaban con acusaciones de corrupción en la mochila, lo que no les permitió llegar muy lejos. El Partido Independiente, que había nacido teóricamente para arbitrar en ambos bloques, ya se había inclinado hacia la centroderecha, lo que lo hizo enfocar sus baterías en una campaña personalista para ubicar a su líder, Pablo Mieres, en el Senado, como premio por su gestión como ministro de Trabajo de Lacalle Pou. Tampoco resultó.
Desde el comienzo, el clivaje fundamental estuvo centrado en la lógica gobierno-oposición, pero enclavado en un marco bastante particular. Todos los estudios mostraban una situación en la que el presidente tenía importantes niveles de aprobación; la economía no se evaluaba ni particularmente bien ni particularmente mal; la seguridad era considerada como el principal problema del país, pero no se avizoraban soluciones en el corto plazo; y el potencial relevo, el Frente Amplio, era visto con relativa simpatía, porque se consideraba que había hechos buenos gobiernos en el pasado, de la mano de Tabaré Vázquez y José «Pepe» Mujica, quien participó, pese a su grave enfermedad, en un acto de campaña. Más allá de los alineamientos preexistentes, ni el cambio ni la continuidad generaban grandes entusiasmos ni grandes temores.
Los temas que podrían considerarse ideológicos no estuvieron ausentes, pero se usaron más como etiquetas que como contenidos. No fueron pocos quienes consideraron que existía una confluencia hacia el centro de las propuestas de los principales partidos. Aunque probablemente eso sea una simplificación excesiva, queda claro que la importancia de ambos bloques en la política uruguaya y su nivel de relativa estabilidad en los apoyos hacen que cada uno de esos grupos opere como moderador del otro en las posturas políticas, en especial cuando se acercan las instancias electorales.
Así las cosas, las diferencias fundamentales estuvieron planteadas en las formas de empujar el magro crecimiento económico promedio; asegurar prestaciones que resultaran efectivas para asegurar la protección social, especialmente para los sectores bajos; seleccionar los enfoques más eficaces para combatir la inseguridad -que es una preocupación importante en la población- y los niveles de redistribución del ingreso deseables. En el caso de la izquierda, la promesa de un gobierno honesto buscó explotar los escándalos públicos vinculados con figuras del gobierno durante buena parte del periodo -incluido el escándalo del otorgamiento de un pasaporte exprés al narcotraficante Sebastián Marset, preso en Emiratos Árabes Unidos-.
Lo cierto es que no aparecieron planteamientos ni promesas que supusieran cambios radicales, lo que seguramente influyó para que fuera una campaña fría, con menos participación y menor entusiasmo que otras entre los votantes, con una activación que se verificó solo en los últimos días.
Un Parlamento peculiar
El Poder Legislativo adquirirá una nueva fisonomía, porque ningún bloque político tiene el dominio de ambas cámaras, lo que constituye una novedad importante en Uruguay. El Frente Amplio tendrá mayoría en el Senado, con 16 de 30 bancas, frente a 14 de la Coalición Multicolor (9 del Partido Nacional y 5 del Partido Colorado). En diputados, de los 99 asientos corresponderán 48 al Frente Amplio, 29 al Partido Nacional, 17 al Partido Colorado, 2 a Cabildo Abierto, 1 al Partido Independiente y 2 al partido de Salle. Los partidos de la Coalición Multicolor sumados logran apenas una banca más (49) que el Frente Amplio, lo que supone que ningún bloque alcanza mayoría propia.
La composición podría implicar una aritmética compleja para aprobar leyes, pero no quedan dudas de que en ese panorama el más cercano a imponerse es el Frente Amplio. La mayoría en el Senado resulta estratégica y sin ella podría ser muy difícil gobernar. A manera de ejemplo, un gobierno en manos de la Coalición Multicolor sin apoyo del Frente Amplio no podría designar directores de empresas públicas, dar venias a embajadores o aprobar ascensos del personal militar, y cumplidos ciertos plazos legislativos, el Frente Amplio sí podría hacerlo por sí solo.
Dentro de los partidos, que en Uruguay suelen tener corrientes internas importantes, también se redefinieron los equilibrios. En el Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular (MPP), identificado con el ex-presidente Mujica, tuvo una votación récord. El Partido Comunista y sus aliados lo siguen bastante por detrás. La corriente más identificada con el pensamiento socialdemócrata tuvo su peor votación en muchos años. En el Partido Nacional, que también nació en el siglo XIX, consolidaron su dominio los sectores más cercanos al presidente Lacalle Pou y empujan a su mínima expresión al «herrerismo», el grupo de militantes blancos más tradicionales y de mayor edad. En el Partido Colorado, mientras tanto, se avecina una disputa por el control partidario entre Ojeda y el anterior líder Pedro Bordaberry -hijo de Juan María Bordaberry, presidente constitucional entre 1972 y 1973, y de facto entre 1973 y 1976-, que retornó recientemente a la política y logró una bancada parlamentaria que supera con creces la de Ojeda. Estas internas partidarias pueden resultar relevantes en el contexto de un Parlamento sin mayorías claras.
Incertidumbre sobre los resultados
Con los datos en el punto de arranque, es razonable pensar que el balotaje será efectivamente disputado. Orsi parece arrancar con ventaja. A su favor, corren factores como el apoyo logrado en la primera vuelta y la tradicional fidelidad de su electorado de base. El 44% obtenido lo acerca bastante al porcentaje necesario para ganar. Como argumento central de su campaña, Orsi podrá exhibir su mayor capacidad de lograr gobernabilidad: su mayoría en el Senado ya le asigna un rol fundamental en el futuro gobierno, sea cual fuere el resultado. Buscará acercar a votantes de partidos menores, inconformistas asociados al voto blanco y nulo y, principalmente, fomentar el traspaso de votos desde los partidos de la Coalición Multicolor que no apoyaron a Delgado. También lo favorecen los antecedentes de balotajes anteriores, en los que la izquierda siempre creció más que sus adversarios.
Delgado tiene un desafío mayor, porque arranca de una base electoral bastante más baja que la de Orsi, aunque es razonable pensar que pueda alinear a una parte muy importante del electorado de los partidos del hoy bloque oficialista. Se afirmará en mostrar la suma de votos de la Coalición Multicolor como indicador de apoyo mayoritario, así como mostrar esa unión parlamentaria como un «partido en los hechos», lo que supondrá elaborar una segunda versión del Compromiso con el país, el documento programático que selló la alianza que llevó al gobierno a Lacalle Pou en la segunda vuelta de 2019. Su esfuerzo mayor será tratar de evitar las fugas desde el electorado coalicionista al Frente Amplio, algo que ha sido una regularidad en los balotajes y que cinco años atrás casi puso en cuestión la victoria de Lacalle Pou.
Quizás la novedad más importante respecto a la primera vuelta es que habrá debates entre los candidatos, ya que la ley uruguaya así lo exige. Se sabe que aunque son hitos simbólicos de campaña, muchas veces no influyen decisivamente en el electorado. En este caso, sin embargo, la estrechez de la diferencia los puede transformar en una instancia decisiva.
Ahora mismo, la moneda está en el aire. Como pocas veces en la historia reciente del país, el balotaje muestra una dosis importante de incertidumbre. Si gana Orsi, el Frente Amplio deberá llevar adelante, por primera vez, un gobierno sin mayoría parlamentaria, lo que supondrá un desafío a su capacidad de negociación. Si gana Delgado, la gobernabilidad parece bastante más compleja, porque no solo deberá articular internamente el bloque de la coalición, sino que también deberá convencer a los díscolos legisladores de Salle y buscar entendimientos con el Frente Amplio, cuya bancada ha actuado de manera casi monolítica desde su fundación hasta hoy.
Pase lo que pase, todo indica que a la democracia más consolidada de América Latina le esperan nuevos retos.
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