Enoch Adames M. / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
El régimen está definido por su entramado institucional de relaciones de poder que vincula al Estado con la sociedad civil. El gobierno es la conducción político-administrativa que sirve al bloque empresarial comercial-financiero; y tiene al presidente y su gabinete como cabezas visibles. Como siempre, el análisis de la cuestión política transita tanto por la teoría, la estructura, la coyuntura y los actores sociales y políticos.
Coerción y hegemonía
En el análisis es relevante el pensamiento de A. Gramsci, militante político, teórico marxista y sociólogo italiano. Gramsci señala: “En política, el error proviene de una comprensión inexacta del Estado en su sentido integro: coerción + hegemonía”. La coerción se relaciona con el uso de la fuerza estatal, que depende de la naturaleza de los conflictos sociales. La hegemonía es la influencia intelectual y cultural del Estado sobre la sociedad.
En el contexto anterior, es importante destacar que, en los últimos 35 años, el Estado post-invasión ha sido central en la nueva estructura de poder, articulada a través del régimen presidencialista. Este régimen ha servido como base institucional para el bloque empresarial financiero y rentista, constituyéndose en un eje clave de políticas públicas en el conflicto social y político. Es en la relación Estado post-invasión, empresariado rentista y políticas neoliberales, donde “coerción y hegemonía” se han combinado de manera desigual.
Tiempos políticos y autoritarismo
De los tiempos políticos como ejes de la “acción de poder”, la política tiene un tiempo administrativo como centro. Es el tiempo de una nueva legislatura y del segundo año del gobierno de Mulino, que abre una nueva coyuntura política de gestión. Es un tiempo político que se desplaza en los ámbitos domésticos administrativos. Ámbitos donde se realiza el “matraqueo”, las bravuconadas de los jueves, y se diseñan las peligrosas medidas ejecutivas de represión.
No obstante, está el tiempo social dinamizado por las contradicciones estructurales, costo de la vida, desempleo, informalidad y desigualdad social, más la ejecución (como ruido de fondo) de la ley 462. Contradicciones que seguirá marcando el tiempo político social, que es el que define el futuro del país. En este contexto, el autoritarismo presidencial de Mulino construye parte del tiempo político que vivimos. Un ejercicio de poder orientado por el tiempo político administrativo del “matraqueo” y la cooptación, tendiente a neutralizar el tiempo social de las contradicciones.
La pérdida de legitimidad del gobierno de Mulino en la sociedad civil—evidenciada por una encuesta—, refleja el rechazo y su baja aceptación. Pero también mide, el carácter refractario del presidencialismo de Mulino para procesar una ostensible falta de aprobación. La encuesta realizada por el diario “La Estrella de Panamá”, muestra una baja aceptación del modelo de gestión presidencial. Según los resultados, el 73.9% de las personas encuestadas desaprueba la administración presidencial de Mulino. El 22.7% la considera regular y solamente el 2.7% la califica como buena o muy buena. (La Estrella de Panamá 1/7/25)
El ejercicio de la dominación
El bloque empresarial financiero rentista que constituye la fracción predominante en la administración de Mulino, marca un cambio respecto al modelo de gestión política post-invasión y vigente durante 35 años. Hasta la presidencia de Cortizo –con un intervalo en Martinelli—, la gestión del bloque empresarial “como un todo”, estuvo ligada a la implementación de un concepto “light” de hegemonía, tanto cultural como ético. A la vez, que el Estado post-invasión actuaba como actor con cargas redistributivas asimétricas entre clases y grupos sociales. La política social fue clave en este ejercicio de dominación.
Este ejercicio de dominación que consistió en una dinámica de hegemonía “light” y “equilibrios asimétricos”, fue el resultado de la intervención de la partidocracia, que influía en la formulación y dirección de las políticas públicas; lubricando el mecanismo de intermediación entre el Estado neoliberal y la sociedad. Durante los 35 años, el componente Ejecutivo del Estado (gobierno) sumó aproximadamente 75 entidades, que incluyen Ministerios (13), Instituciones Descentralizadas (37), Empresas Públicas (16) e Intermediarios Financieros (8), según datos del MEF (2015).
No obstante, podemos mencionar un conjunto de prácticas que son transversales a todos los gobiernos post-invasión, pero que constituyen los rasgos primordiales en la modalidad de gestión política, de esta nueva fase de dominación:Simula participación democrática y emplea tecnicismos institucionales para impulsar su agenda libertaria. Utiliza vacíos legales, ignora la legitimidad social y aplica políticas coercitivas contra actores populares. Los conflictos internos se resuelven empresarialmente mediante prebendas, y ante presiones externas finge negociar acuerdos.
El cambio del modelo de gestión
Para entender el cambio en el modelo de gestión de Mulino, la ciencia política de Gramsci es fundamental. Gramsci define el “transformismo” como aquellos procesos políticos de captación mediante el cual, el bloque económico dominante incorpora algunas demandas de los sectores subalternos para generar pasividad y limitar su autonomía. Este enfoque ha caracterizado por 35 años, la gestión política dominante, hasta hoy.
Mulino y el bloque comercial financiero y ahora extractivista, rompen con este estilo de gestión. Es la ruptura, e instalan una gestión conservadora y reaccionaria que se destaca por cuatro características principales. Una especie de “anti-transformismo”:
- Aniquilación de liderazgos sociales en el mundo organizado del trabajo, gremial y comunitario
- Exacerbar el conflicto con el fin neutralizar a las figuras y movimientos sociales antagónicos.
- Aumentar la intensidad del conflicto social y judicializar a sus actores, pretendiendo impedir la formación de una voluntad colectiva capaz de desafiar el orden existente.
- Proponer una política neoliberal empresarial que simula transformaciones, pero en realidad mantiene y refuerza las estructuras de poder económico y financiero.
El presidencialismo neoliberal y libertario busca alterar las relaciones sociales, disolviendo asociaciones y organizaciones para frenar la movilización contra la exclusión social y política. Este bloque trata de refundar un “estado doméstico mínimo” cuyas características estén acordes a una política de desnacionalización (neocolonia), facilitando la mercantilización de bienes sociales y naturales comunes en todo el territorio (extractivismo). El objetivo principal es alinear su dominio económico con el poder político, superando cualquier brecha generada por el sistema de partidos y las demandas populares.
Corolario final
Nos enfrentamos a una ofensiva del principal bloque económico, cuyo objetivo es eliminar cualquier diferencia entre su poder económico y las mediaciones políticas de los partidos, que aún reflejan demandas populares más allá de la clientela y la corrupción burocrática.
Desde esta perspectiva, el bloque dominante busca construir la gestión política estatal, violentando mecanismos convencionales de gestión política. Es el ejercicio de la política de choque orientada a desarticular todo tejido social solidario en la sociedad. Se trata de agredir al mundo del trabajo, la academia, las etnias, los movimientos comunitarios.
En definitiva, lo que se le impone a la sociedad es una lucha de clases desde el capital. Con todo, el movimiento popular subestimó el soporte institucional jurídico político en el monopolio de la “violencia legitima” de un precario “Estado de derecho”, para llevar a cabo su lucha social. Sin embargo, la historia en su devenir no termina aquí.
El autor es Sociólogo. Docente e investigador de la Universidad de Panamá
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