Como apunta el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, “como resultado de varias décadas de violencia y confrontación, principalmente a lo largo de los 36 años que duró el conflicto armado interno, en Guatemala vivimos una grave situación de polarización y desgarradura del tejido social. La reconciliación nacional sigue siendo, por lo tanto, una de las tareas más urgentes como parte de la cimentación para poder construir un verdadero régimen de Derecho en nuestro país".
Rafael Cuevas Molina/Presidente AUNA-Costa Rica
En la segunda quincena del mes de mayo de 1984, varios miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) fueron secuestrados en las calles de Ciudad de Guatemala. Eran los tiempos en los que se había desatado la más fiera represión en contra del movimiento popular guatemalteco. En ese nefasto año de 1984, más de 600 dirigentes sindicales, campesinos, religiosos e indígenas fueron secuestrados o asesinados a sangre fría. La siguiente es una breve cronología de hechos relacionados con los estudiantes de la AEU:
1. 15 de mayo de 1984, es capturado ilegalmente y desaparecido Carlos Ernesto Cuevas Molina estudiante de Sociología, Presidente del Comité Ejecutivo de la AEU.
2. El 15 de mayo de 1984, es capturado ilegalmente y desaparecido al salir de una peluquería, Otto René Estrada Illescas, estudiante de Ciencias Económicas, miembro del Sindicato de Trabajadores de la USAC (STUSC) y del Comité Ejecutivo de la AEU.
3. El 15 de mayo de 1984, es capturado ilegalmente y desaparecido Rubén Amílcar Farfán, de 42 años, estudiante de Humanidades, miembro del Comité Ejecutivo de la AEU, trabajador de la Editorial Universitaria y delegado en el Consejo de Representantes del Sindicato de la USAC (STUSC).
4. 19 de mayo de 1984, es capturado ilegalmente y desaparecido por miembros de las fuerzas de seguridad, Sergio Leonel Alvarado Arévalo estudiante de Ciencias Económicas y miembro del Comité Ejecutivo de la AEU.
5. 21 de mayo de 1984, en acciones diferentes, son capturados ilegalmente y desaparecidos Gustavo Adolfo Castañón Fuentes, Irma Marilú Hichos Ramos y Héctor Alirio Interiano, quienes eran miembros del Comité Ejecutivo de la AEU.
Muchos años después, al sustraerse y hacerse pública la información de algunos archivos del Ejército, se supo que los estudiantes estuvieron prisioneros, que fueron trasladados a distintos sitios en donde se practicaba la tortura y, por último, eliminados. El código con el que se consignaba su muerte en las fichas que daban cuenta de sus nombres, las fechas de su captura y el papel que jugaban en el movimiento popular, era 300.
Documentación similar a la consignada en el archivo sustraído al Ejército se encontró en el año 2005 cuando, por casualidad, se descubrió el Archivo de la Policía Nacional de Guatemala. Ahí, más de 7 millones de documentos dan cuenta de la truculenta trama represiva que montó el Estado guatemalteco en contra de su propio pueblo. El Gobierno de turno le resto importancia al hallazgo, y fue solo por el esfuerzo de la Procuraduría de los Derechos Humanos que se ha podido avanzar en la recuperación de todos los documentos a través del Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Este persigue: preservar, organizar, describir y conservar de los documentos; realizar una investigación orientada a fortalecer el derecho de las y los guatemaltecos a la recuperación de la memoria histórica, el conocimiento de la verdad y el logro de la justicia; crear los reglamentos y establecer los mecanismos y condiciones para, gradualmente, ir haciendo accesible el Archivo a las y los investigadores interesados; lograr la certeza jurídica y la estabilidad institucional necesarias, desde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para asegurar la integridad del Archivo como patrimonio histórico y cultural de los guatemaltecos; convertir el Archivo Histórico, los edificios que lo albergan y los terrenos que los circundan en un Centro de la Memoria, para que las actuales y las futuras generaciones puedan conocer y reflexionar sobre los períodos más cruentos y oscuros de la historia reciente de Guatemala. Esa será una enorme contribución al proceso de reconciliación nacional y al desarrollo de la conciencia ciudadana de que nunca más deberá permitirse que se repitan hechos de esa naturaleza.
Como apunta el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, “como resultado de varias décadas de violencia y confrontación, principalmente a lo largo de los 36 años que duró el conflicto armado interno, en Guatemala vivimos una grave situación de polarización y desgarradura del tejido social. La reconciliación nacional sigue siendo, por lo tanto, una de las tareas más urgentes como parte de la cimentación para poder construir un verdadero régimen de Derecho en nuestro país. Y ese proceso de reconciliación –o conciliación, según los casos- tiene como premisas fundamentales el reconocimiento y respeto a los derechos a la memoria, la verdad y la justicia.”
Hasta ahora, esa es una deuda pendiente.
1. 15 de mayo de 1984, es capturado ilegalmente y desaparecido Carlos Ernesto Cuevas Molina estudiante de Sociología, Presidente del Comité Ejecutivo de la AEU.
2. El 15 de mayo de 1984, es capturado ilegalmente y desaparecido al salir de una peluquería, Otto René Estrada Illescas, estudiante de Ciencias Económicas, miembro del Sindicato de Trabajadores de la USAC (STUSC) y del Comité Ejecutivo de la AEU.
3. El 15 de mayo de 1984, es capturado ilegalmente y desaparecido Rubén Amílcar Farfán, de 42 años, estudiante de Humanidades, miembro del Comité Ejecutivo de la AEU, trabajador de la Editorial Universitaria y delegado en el Consejo de Representantes del Sindicato de la USAC (STUSC).
4. 19 de mayo de 1984, es capturado ilegalmente y desaparecido por miembros de las fuerzas de seguridad, Sergio Leonel Alvarado Arévalo estudiante de Ciencias Económicas y miembro del Comité Ejecutivo de la AEU.
5. 21 de mayo de 1984, en acciones diferentes, son capturados ilegalmente y desaparecidos Gustavo Adolfo Castañón Fuentes, Irma Marilú Hichos Ramos y Héctor Alirio Interiano, quienes eran miembros del Comité Ejecutivo de la AEU.
Muchos años después, al sustraerse y hacerse pública la información de algunos archivos del Ejército, se supo que los estudiantes estuvieron prisioneros, que fueron trasladados a distintos sitios en donde se practicaba la tortura y, por último, eliminados. El código con el que se consignaba su muerte en las fichas que daban cuenta de sus nombres, las fechas de su captura y el papel que jugaban en el movimiento popular, era 300.
Documentación similar a la consignada en el archivo sustraído al Ejército se encontró en el año 2005 cuando, por casualidad, se descubrió el Archivo de la Policía Nacional de Guatemala. Ahí, más de 7 millones de documentos dan cuenta de la truculenta trama represiva que montó el Estado guatemalteco en contra de su propio pueblo. El Gobierno de turno le resto importancia al hallazgo, y fue solo por el esfuerzo de la Procuraduría de los Derechos Humanos que se ha podido avanzar en la recuperación de todos los documentos a través del Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Este persigue: preservar, organizar, describir y conservar de los documentos; realizar una investigación orientada a fortalecer el derecho de las y los guatemaltecos a la recuperación de la memoria histórica, el conocimiento de la verdad y el logro de la justicia; crear los reglamentos y establecer los mecanismos y condiciones para, gradualmente, ir haciendo accesible el Archivo a las y los investigadores interesados; lograr la certeza jurídica y la estabilidad institucional necesarias, desde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para asegurar la integridad del Archivo como patrimonio histórico y cultural de los guatemaltecos; convertir el Archivo Histórico, los edificios que lo albergan y los terrenos que los circundan en un Centro de la Memoria, para que las actuales y las futuras generaciones puedan conocer y reflexionar sobre los períodos más cruentos y oscuros de la historia reciente de Guatemala. Esa será una enorme contribución al proceso de reconciliación nacional y al desarrollo de la conciencia ciudadana de que nunca más deberá permitirse que se repitan hechos de esa naturaleza.
Como apunta el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, “como resultado de varias décadas de violencia y confrontación, principalmente a lo largo de los 36 años que duró el conflicto armado interno, en Guatemala vivimos una grave situación de polarización y desgarradura del tejido social. La reconciliación nacional sigue siendo, por lo tanto, una de las tareas más urgentes como parte de la cimentación para poder construir un verdadero régimen de Derecho en nuestro país. Y ese proceso de reconciliación –o conciliación, según los casos- tiene como premisas fundamentales el reconocimiento y respeto a los derechos a la memoria, la verdad y la justicia.”
Hasta ahora, esa es una deuda pendiente.
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