Los trabajadores deben cuestionar la dependencia y sujeción económica, financiera y política al imperialismo, para lo cual hay que luchar por la cancelación del TLCAN, por dejar de pagar la deuda externa y nacionalizar las áreas de la economía en manos de las transnacionales.
Cristóbal León Campos / Especial para Con Nuestra América
Desde Yucatán, México
(Fotografía: trabajadores mexicanos protestando en la plaza del Zócalo)
Este año 2011 inició con las grandes rebeliones populares extendidas por el mundo árabe, contra los efectos de la crisis económica internacional y sus gobiernos proimperialistas. Las dictaduras de Egipto y Túnez cayeron producto de la acción popular, mientras continúan varios abiertos procesos revolucionarios, y una guerra civil en Libia donde la intervención militar de la OTAN pretende poner un alto a la acción independiente de las masas de la región.
Después de 4 años de crisis, los imperialistas continúan aplicando planes antiobreros para que los trabajadores paguemos las consecuencias. Por eso, en América Latina, varios gobiernos actúan para preservar las ganancias capitalistas, y esto está generando descontento y resistencia; como en México, donde se han dado las primeras movilizaciones que muestran incipientemente, el rechazo a la reforma laboral y a la militarización del gobierno de Calderón.
El gobierno espurio es el responsable del incremento en la subordinación a los Estados Unidos. La subordinación a la política de seguridad norteamericana va de la mano de la entrega a las transnacionales y del alineamiento del gobierno federal respecto a la política exterior estadounidense, como mostró secundando en la ONU la intervención imperialista en Libia. Bajo la llamada “colaboración” en materia de seguridad, el gobierno mexicano se apoya cada vez más en la inteligencia estadounidense para afinar su estrategia de militarización en el país. La injerencia imperialista en el terreno de la seguridad y la política entreguista de Calderón, se orientan directamente contra las grandes mayorías populares, pretenden liquidar las más elementales libertades democráticas, y respaldan el saqueo de los recursos naturales y energéticos de México.
Los trabajadores deben cuestionar la dependencia y sujeción económica, financiera y política al imperialismo, para lo cual hay que luchar por la cancelación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por dejar de pagar la deuda externa y nacionalizar –sin indemnización y bajo control de sus trabajadores— las áreas de la economía (desde la producción primaria hasta el transporte y las comunicaciones), en manos de las transnacionales imperialistas.
La reforma laboral del PAN y el PRI, significa, de imponerse, un aumento en el ataque que ya existe contra la clase trabajadora, que incluye la contratación individual, el outsourcing y limita el pago de los salarios caídos a un año y cercena el derecho a huelga. Esto, mientras fortalece el control burocrático de las organizaciones obreras, ratificando la clausula de exclusión y preservando las medidas corporativas de la legislación anterior (como por ejemplo la “toma de nota”). En días recientes, el PRI anunció que no se aprobaría en “fast track” la reforma; pero esto solo busca evitar los costos que le podría provocar en las próximas elecciones del Estado de México. Lejos de estar la reforma “muerta y enterrada”, es un reclamo de la patronal que la misma se apruebe; en cuanto puedan, el PRI y el PAN se pondrán de acuerdo para legalizar la nueva esclavitud laboral.
Junto a la política entreguista de Calderón, crece la violación a los derechos democráticos en el país. Estamos bajo un fuerte ataque por parte del gobierno, con trabajadores encarcelados y procesados, como Miguel Márquez Ríos y los 11 electricistas presos desde el 11 de abril. La llamada “narcoguerra”, que enfrenta a los distintos carteles y a éstos con las fuerzas del Estado, ya ha dejado casi 40.000 muertos durante el sexenio de Calderón, y una creciente militarización y cercenamiento de las libertades democráticas. En muchos casos documentados de secuestros, se muestra la participación, complicidad y la asociación de las bandas de narcotraficantes con las fuerzas policiales y los agentes migratorios: todos estos están asociados con algunos de los cárteles en pugna y en muchos casos son parte de los mismos.
Con la militarización pretenden amedrentar, golpear, atemorizar a los trabajadores, la juventud y todo aquel movimiento de protesta contra el orden establecido. Bajo su cobijo se despliegan las violaciones, los asesinatos, las muertes “colaterales”, a los que luego se les cuelga el cartel de “narco”. Bajo la militarización han crecido los juvenicidios y los feminicidios, como denuncian por ejemplo las organizaciones democráticas de Ciudad Juárez. Pero, a pesar de todo, en nuestras manos esta seguir dejando que el país se desintegre o transformarlo de raíz.
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