Los ebuleños fueron golpeados y expulsados de su tierra; sus viviendas y pertenencias fueron destruidas y saqueadas; sus animales sacrificados por los saqueadores, e incluso, los árboles talados, privando a las familias de sus medios de subsistencia.
Cristóbal León Campos / Especial para Con Nuestra América
Desde Yucatán, México
El 13 de agosto se cumplieron dos años del violento desalojo que sufrieron los pobladores de San Antonio Ebulá, fueron desterrados por parapolicías pagados por el empresario Eduardo Escalante, quien dice ser el propietario de las tierras donde se asienta el poblado desde hace más de 40 años, los golpeadores fueron resguardados por más de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva de Campeche. En dos ocasiones anteriores ya habían sufrido ataques que permanecen impunes.
Los ebuleños fueron golpeados y expulsados de su tierra; sus viviendas y pertenencias fueron destruidas y saqueadas; sus animales sacrificados por los saqueadores, e incluso, los árboles talados, privando a las familias de sus medios de subsistencia. Ese ataque dejó a más de setenta familias en situación de desplazadas, a pesar de lo cual no recibieron asistencia humanitaria gubernamental.
Como respuesta los ebuleños realizaron un plantón en los bajos del Palacio de Gobierno de Campeche durante mes y medio. Recibieron apoyo nacional e internacional, gracias al cual, logró el Pueblo de Ebulá, recuperar 33 hectáreas de sus tierras. El gobierno campechano se comprometió a que el nuevo poblado ebuleño tendría todos los servicios básicos, además de que recibirían apoyo para su restablecimiento. Hasta hoy no sean cumplido tales compromisos, el gobierno pretende dejar de lado a los pobladores de este digno pueblo.
El acuerdo establecía que el juicio agrario que los pobladores de Ebulá mantienen sobre las tierras despojadas no se suspendía por ningún motivo, continuando en las instancias correspondientes, y sujetaba la reparación de los daños a la denuncia penal. Sin embargo, hasta el día de hoy, la Procuraduría del estado no ha concluido la debida integración de la averiguación previa y, por lo tanto, no la ha consignado. Tienen los oídos sordos y la vista ciega ante las pruebas, a pesar de que decenas de pobladores han denunciado ante la agencia tercera del Ministerio Público de Campeche, y de que más de 26 pruebas acreditan formalmente que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños de Constructora Escalante en el violento e ilegal desalojo, el Ministerio Público en total complicidad con la impunidad, pretendió concluir el caso, garantizando el establecimiento de la injusticia, si no hubieran actuado con rapidez y consistencia lo ebuleños, se abría consumado tal violación a los derechos más elementales.
La negación del Ministerio Público a impartir justicia es tan grande, que no le importa que en el expediente se encuentre, desde meses atrás, la declaración del dueño de la empresa privada que realizó el desalojo, conocido como "El Potoco", quien declara que el señor Escalante lo contrató, admite que en el lugar había viviendas habitadas y, señala que no le mostraron orden de desalojo. Esta declaración incrimina al empresario Escalante y a la policía del estado de Campeche (que observó la destrucción sin intervenir), pero la Procuraduría no actúa para poner fin a este grave caso. Demostrando que a dos años de los hechos el Gobierno del estado de Campeche pretende dejar en la impunidad estos delitos y encubrir acciones delictivas de Eduardo Escalante que se ha utilizado métodos ilegales para acceder a territorios cuya asignación por parte de las autoridades agrarias aún no ha sido determinada.
La Procuraduría General de Justicia del estado de Campeche debe terminar de integrar adecuadamente y a la brevedad las averiguaciones previas CCH-5788/3ERA/2009 y Averiguación Previa AAP-3118/3ERA/2010 acumulada, abiertas con motivo de los hechos del día 13 de agosto de 2009, consignando el expediente ante la autoridad judicial competente, para garantizar que los hechos no queden en la impunidad y se garantice la adecuada reparación moral y material del daño.
Ante estas injusticias y frente a la impunidad que gozan quienes las cometen, es necesario expresar la solidaridad y el apoyo, para que se imponga el castigo que merecen los autores intelectuales y materiales de dichas injusticias y, se establezca la justicia en Campeche regresando al pueblo lo que es suyo.
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