Las presiones nacionales e internacionales en defensa de los privilegios de los grandes grupos y las hipócritas apelaciones a la libertad de prensa y expresión para defender el monopolio de los holdings de comunicación son constantes, pero la firmeza de los gobiernos suramericanos y el apoyo popular han sido más contundentes y valientes.
Pascual Serrano / Rebelion
Cuando criticamos el funcionamiento del sistema mediático al comprobar todas su deficiencias, mezquindades, intereses ocultos y su resultado desinformador entre las audiencias, muchos ciudadanos plantean cómo se puede resolver esa situación. Siempre respondo que los primeros responsables a los que hay que exigir soluciones y cambios son el Estado y los gobernantes, quienes tienen en su mano la capacidad de legislar las reformas necesarias destinadas a garantizar un sistema informativo más plural, más democrático y más veraz.
No solamente pueden hacerlo sino que existen ya ejemplos de decisiones y acciones gubernamentales en esa dirección de las que deberíamos tomar nota y proponerlas como modelos a estudiar. En Argentina se acaba de publicar el libro “La cruzada de los medios en América Latina. Gobiernos progresistas y políticas de comunicación”, del doctor en Comunicación y Cultura por al Universidad de Río de Janeiro Dênis de Moraes. En esta obra se repasan los cambios que están iniciando los gobiernos de izquierda de esa región y podemos descubrir iniciativas interesantísimas destinadas a democratizar el panorama mediático.
Se trata de gobiernos que llegaron al poder en países donde el Estado apenas tenía medios públicos o estaban prácticamente desmantelados, unas pocas familias o multinacionales controlaban toda la oferta informativa y disfrutaban de privilegios fiscales inadmisibles, los grupos sociales organizados apenas tenían cabida con sus medios alternativos en una oferta radioeléctrica que sólo legalizaba los medios de las grandes empresas. En pocas palabras, lo que estamos teniendo en Europa y cada vez se está acentuando más.
De Moraes repasa cómo han desarrollado algunos gobiernos los medios estatales promoviendo contenidos más culturales y plurales sin fines comerciales. Es el caso de Venezuela, que ha creado una televisión fundamentalmente cultural como Teves, Argentina con el canal también cultural Encuentro y otros infantiles y deportivos. También se han fundado diarios públicos en Ecuador, Bolivia, Venezuela y Paraguay. Han aprobado leyes antimonopolio que restringen la concentración, en especial de radio y televisión, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina que ha inspirado a Ecuador y Uruguay. En Argentina han puesto en marcha leyes que impiden la explotación cuasi monopolística del papel decretándolo de interés público. Existe otra batería de legislaciones destinadas a proteger y desarrollar la producción cultural independiente y nacional frente al dominio de las distribuidoras extranjeras, en especial estadounidenses. Se ha hecho en Argentina o en Venezuela con la Ley de Cinematografía Nacional, que establece un mínimo de producciones nacionales que se deben exhibir en el país, medida que también se ha establecido en Brasil.
Conscientes de que los medios estaban siendo tomados por grupos económicos con intereses enfrentados a los de la ciudadanía, gobiernos como el de Ecuador primero y el de Venezuela después establecieron por ley que ni las entidades bancarias y financieras ni sus accionistas mayoritarios o sus representantes podían tener participación accionarial en los medios de comunicación. En el caso de Argentina tampoco los políticos, para evitar su utilización partidaria y en Ecuador tampoco los empleados públicos y miembros de consejos y directorios de órganos de reglamentación o concesión de licencias.
Se han desarrollado leyes destinadas a poner coto a las mentiras, manipulaciones y falsedades de muchos medios y garantizar una información veraz. Es el caso de la ley de Responsabilidad Social de Radio y Comunicación en Venezuela, la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación en Bolivia y la Ley de Radiodifusión y Televisión en Ecuador que establece el deber de la promoción de valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas existentes en el país, así como el compromiso con la verdad y la responsabilidad social.
En Brasil Lula convocó la I Conferencia Nacional de Comunicación, donde se aprobaron, por el momento a modo de proposiciones, el combate a la concentración del sector, la determinación de limites a la propiedad horizontal, vertical y cruzada, la garantía de espacio para la producción regional e independiente, la despenalización de la radiodifusión comunitaria y la apertura de más espacio para este tipo de servicios, la definición de reglas más democráticas y transparentes para concesiones y renovaciones de licencias.
Conscientes de que existe una sociedad organizada que exige el acceso a los medios de comunicación e incluso su gestión si de verdad se quiere llevar la democracia al sistema informativo, se han desarrollado legislaciones que legalizan y apoyan a los medios alternativos y comunitarios las cuales han logrado reconocimiento legal en Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Chile. Una de las normas más audaces es reservar un tercio del espacio radioeléctrico para licencias a radios y televisiones sin ánimo de lucro como se ha hecho en Argentina y Uruguay.
Los países latinoamericanos han iniciado programas de integración regional sin fines de lucro que suponen intercambios informativos y audiovisuales entre agencias de noticias y canales de televisión estatales; coproducción, codistribución y reserva de mercado para películas, documentales y series televisivas. Brasil, Argentina y Venezuela han creado un fondo internacional de coproducción. El caso de Telesur es emblemático, un canal público básicamente de noticias participado por varios países del continente.
Por supuesto, ninguno de estos avances ha resultado fácil. Las presiones nacionales e internacionales en defensa de los privilegios de los grandes grupos y las hipócritas apelaciones a la libertad de prensa y expresión para defender el monopolio de los holdings de comunicación son constantes, pero la firmeza de los gobiernos y el apoyo popular han sido más contundentes y valientes. Mientras tanto en España bancos, grandes editoriales, empresas de telefonía, Berlusconi, familias franquistas y multinacionales italianas se reparten la propiedad de los medios, las licencias de televisión digital se han distribuido a los pocos grupos que ya contaban con una licencia analógica, las radios y televisiones sin ánimo de lucro tienen prohibido facturar más de cincuenta y cien mil euros por año, es decir, deben ser marginales por ley. Ni siquiera el gobierno se ha atrevido a impedir los anuncios de prostitución en la prensa escrita.
No hay comentarios:
Publicar un comentario