En la esfera de las comunicaciones y la producción de sentido, se descubre un rasgo distintivo de la cultura política latinoamericana: el de la violencia ideológica que ahoga la pluralidad y la diversidad, reforzado, cotidianamente, a través de unos medios masivos de comunicación, hegemónicos y en buena medida antidemocráticos, que solo responden a los intereses del capital y no a los de los ciudadanos.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
En el libro Cristo con un fusil al hombro (Anagrama, 2010), Ryszard Kapuscinski, ese maestro polaco del periodismo del siglo XX, propuso una reflexión que ilumina, como pocas, el debate sobre la función política de los medios de comunicación en nuestras sociedades: “Sería interesante que alguien investigara en qué medida los sistemas de comunicación de masas trabajan al servicio de la información y hasta qué punto al servicio del silencio. ¿Qué abunda más: lo que se dice o lo que se calla? Se puede calcular el número de personas que trabajan en publicidad. ¿Y si se calculase el número de personas que trabajan para que las cosas se mantengan en silencio? ¿Cuál de los dos sería mayor?”
Vistos desde la perspectiva que sugieren las preguntas de Kapuscinski, los acontecimientos recientes que involucran a los diarios El Universo de Ecuador y Público de España, adquieren una matiz diferente, en el que es posible observar cómo operan y se entrelazan los mecanismos del silencio y la razón del mercado, arropados por la doble moral del poder mediático.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa otorgó el perdón a la condena dictada por un tribunal de justicia contra los dueños de El Universo y un columnista, quien publicó un líbelo injurioso en el que, en medio de insultos, cuestionaba las actuaciones del mandatario durante el intento de golpe de Estado en su contra, el 30 de setiembre de 2010 y lo acusaba de cometer crímenes de lesa humanidad.
La decisión del presidente Correa, totalmente ajustada a las normas y facultades que otorgan las leyes ecuatorianas, enervó a la derecha oligárquica, a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y a un sector amplio del periodismo en nuestros países, que entiende a conveniencia, de un modo instrumental, el derecho a la libertad de expresión.
No faltaron quienes se apresuraron a calificar el perdón del presidente como un gesto de “cesarismo” o “populismo”, que pretende debilitar –aseguran- el sistema interamericano de derechos emanado de la OEA (¿es tan flaca su memoria, o tan grande el cinismo, que no reparan en la historia y los poderes que están detrás de ese organismo?).
Por su parte, los más influyentes grupos económico-mediáticos de la región emprendieron una campaña continental de ataque contra jueces, tribunales y el gobierno de Correa, para lo cual pusieron nueve diarios a disposición de los condenados y sus abogados: El Comercio (Perú), El Nacional (Venezuela), O'Globo (Brasil), Nuevo Día (Puerto Rico), El Universal (México), El País (Uruguay), La Nación (de Costa Rica y Argentina) y El Tiempo (Colombia). En vísperas del anuncio del perdón, todos esos medios publicaron la columna injuriosa de marras, así como editoriales y “reportajes” para difundir una versión parcializada de los hechos.
La magnitud de esta manipulación fue denunciada por el presidente ecuatoriano en un contundente mensaje a la opinión pública: “Jamás, hasta ahora, un diario de América o del mundo ha pedido la versión del ciudadano Rafael Correa sobre este caso, ¡jamás!, sólo, repito, han recogido la versión de los acusados, en un claro atentado a la ética y profesionalismo periodístico”.
Por supuesto, sería impensable que la solidaridad y el fanático entusiasmo con el que los dueños de empresas de comunicación, sus aliados políticos y un sector del periodismo -que se identifica y reproduce la visión ideológica de los poderes fácticos-, condenan casi a priori a Rafael Correa y otros líderes políticos de América Latina, se aplicara también para denunciar los atropellos que frecuentemente comete el mercado contra la libre circulación de ideas alternativas, contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa (entendida como derecho de los ciudadanos y no como derecho de los empresarios a emprender un negocio con la información).
De ahí que no sorprenda, por ejemplo, el ominoso silencio de los gendarmes latinoamericanos de la SIP frente a los atropellos del poder económico y los entretelones políticos que rodearon la muerte –inducida, dicen algunos analistas- de la edición impresa del diario español Público: un periódico de amplia circulación, claramente identificado con los ideales y posiciones de izquierda. Es así como actúan los mecanismos del silencio informativo y la razón del mercado.
Identificar esas confluencias en lo cotidiano de la circulación de contenidos mediáticos, y desmontarlas críticamente, es clave para comprender una de las grandes líneas de tensión y conflictividad política en nuestra América. Por que allí, en la esfera de las comunicaciones y la producción de sentido, también se descubre un rasgo distintivo de la cultura política latinoamericana: el de la violencia ideológica que ahoga la pluralidad y la diversidad, reforzado, cotidianamente, a través de unos medios masivos de comunicación, hegemónicos y en buena medida antidemocráticos, que solo responden a los intereses del capital y no a los de los ciudadanos.
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