Haciendo patria: violencia y despojo en Santa Cruz Barillas.

En buena parte de los países de la periferia capitalista  estamos observando despojos a comunidades que se hacen con el concurso de la violencia. Se hacen en nombre del progreso, como lo hizo en América Latina la gran expropiación agraria liberal en el siglo XIX en donde las prioridades de la primario exportación, en el caso de Guatemala  con el café,  roban a las comunidades indígenas las tierras ancestrales en nombre del progreso.

Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América

Desde Puebla, México

El día  1 de mayo  tres habitantes de Santa Cruz Barillas en Huehuetenango, Guatemala, Andrés Francisco Miguel, Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, fueron alcanzados  camino a la comunidad de Santa Rosa por un pick-up en el que se conducían  varios individuos. Presumiblemente eran  sicarios  actuando a favor de la empresa española Econer-Hidralia, denominada hoy Hidro-Santa Cruz. Los sicarios dispararon contra  los tres, mataron a uno de ellos, Andrés Francisco Miguel,  e hirieron a los otros dos.  Andrés  era un líder comunitario y  venía recibiendo amenazas e intimidaciones, motivos por los cuales en 2010  presentó una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Aproximadamente  cinco mil habitantes de  Santa Cruz Barillas se dirigieron hacia el Hotel  La Estancia en donde se hospedaban los miembros de seguridad de la empresa, probablemente porque les imputaban la agresión. No los encontraron pero  la movilización continuó.

La respuesta del gobierno es la misma o parecida  a  la de todos los gobiernos civiles y democráticos de los últimos años: desplazó al lugar de los hechos a centenares de policías y soldados  e instauró el Estado de Sitio. En lugar de perseguir a los agresores, la diligencia gubernamental se dirige sobre todo contra los habitantes que protestan contra  la arrasadora acción del gran capital que quiere construir una hidroeléctrica en el lugar. Una vez más observamos que las víctimas se vuelven victimarios. Como se ha dicho ya en la carta que han dirigido al presidente Pérez Molina  intelectuales, activistas y organizaciones sociales, al igual que sucedió en Livingston en 2008, en San Juan Sacatepéquez 2009 y en el valle de Polochic en 2011,  el gobierno ha criminalizando  a la protesta social y reprimido a las víctimas de la voracidad del gran capital.

No hay nada nuevo en todo ello en Guatemala y en América Latina. En buena parte de los países de la periferia capitalista  estamos observando despojos a comunidades que se hacen con el concurso de la violencia. Se hacen en nombre del progreso, como lo hizo en América Latina la gran expropiación agraria liberal en el siglo XIX en donde las prioridades de la primario exportación, en el caso de Guatemala  con el café,  roban a las comunidades indígenas las tierras ancestrales en nombre del progreso. Las víctimas de tales despojos son retratadas como encarnación del atraso que hay que erradicar. En el caso de Santa Cruz Barillas se observó en  junio de 2007 una de las 61 consultas comunitarias que se han realizado en Guatemala en las cuales las comunidades afectadas han rechazado  a  los grandes megaproyectos como la minería, la construcción de hidroeléctricas, introducción de nuevos cultivos que se postulan como “commodities”. La consulta comunitaria o popular es una de las formas más genuinas de democracia. El neoliberalismo que se postula a sí mismo como campeón de la democracia, detesta este tipo de ejercicios democráticos porque apuntan hacia la democracia directa y participativa y no se reducen  a la electoral como los seguidores de Schumpeter exigen. Las apelaciones a la democracia terminan en cuanto se afecta a los intereses de los grandes capitales y transnacionales. 

El gobierno de Pérez Molina acaso pretenda convencernos que está haciendo patria porque en nombre del progreso reprime a sus propios connacionales para defender los intereses de una empresa extranjera. El neoliberalismo a ultranza dirá que eso de hablar de interés nacional e interés extranjero es un retardo ideológico en esta época de globalización. Que se hace patria entregando los recursos humanos y naturales a empresas que los saquean, invierten poco y se llevan  casi todas las utilidades. Vayan ustedes a decirle eso a los Estados Unidos de América, a Alemania, España, China o a cualquiera de las potencias emergentes y seguramente les darán la razón, siempre y cuando no se trate de su propio caso. 

A pesar de la violencia ejercida por poderosos  como medio de despojo se nos dice que  la lucha de clases ya no existe.  Sergio Morataya director de Comunicación Social de Hidro Santa Cruz S.A ha culpado a los líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas  de pertenecer a “los mismos grupos guerrilleros marxistas” de  antes, los cuales según su parecer  han cambiado “la lucha de clases por la lucha ambientalista”.  Ignora  Morataya que hoy la lucha por la preservación del ambiente es en ocasiones una de las formas de la lucha de clases: el gran capital que  despoja a pescadores y habitantes de los litorales para introducir megaproyectos turísticos, que  despoja a campesinos indígenas y no indígenas para introducir la palma africana y la minería que depreda y envenena al ambiente y sus habitantes, que rompe selvas y ataca fauna y flora para introducir carreteras e hidroeléctricas.

Como lo dijera Marx en el siglo XIX al hablar de la acumulación originaria de capital, vivimos hoy la violencia como una categoría económica.