Centroamérica: la paz inconclusa, o la continuidad de la guerra por otros medios

Las diversas expresiones de conflictividad social, cultural y económica centroamericanas, rebasaron las expectativas de cambio de los pacificadores de la década de 1980 y, desgraciadamente, también ampliaron las condiciones de injusticia,  desigualdad e impunidad en nuestros países.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

La impunidad y el militarismo siguen presentes
en Centroamérica en tiempos de "paz".

Con marcados desencuentros entre los gobiernos; con fantasmas del pasado militar y golpista acechando a democracias frágiles e incompletas; y con una alta dosis de desesperanza ciudadana por el presente y el futuro de la región, Centroamérica recordó los 25 años de la firma del Acuerdo de Esquipulas II (un 7 de agosto de 1987), documento que sentó las bases definitivas para la negociación del proceso de paz.

Tanto este acuerdo, como los que le sucedieron a nivel regional y nacional hasta mediados de la década de 1990, sirvieron fundamentalmente para detener una guerra de amplio espectro que conducía a nuestras sociedades hacia lo que bien caracterizó la Comisión de la Verdad de El Salvador como el “paroxismo de la locura”: en efecto,  entre las décadas de 1960 y 1990, cientos de miles de centroamericanos y centroamericanas murieron y desaparecieron en guerras civiles, revoluciones  y, también, en contrarrevoluciones imperialistas. Distintas fuentes registran más de 250 mil víctimas en Guatemala, más de 150 mil en Nicaragua y más de 75 mil en El Salvador.

En el balance de este cuarto de siglo, es necesario decir que, si por un lado, la declaración de Esquipulas II abrió el camino hacia la paz, entendida como ausencia de conflicto armado, y permitió avances relativos en materia de crecimiento económico, desarrollo material y conquistas en el ámbito de la participación política electoral (dos movimientos de liberación nacional llegaran al poder por la vía de las urnas en Nicaragua y El Salvador); por otro lado, también enfrentó a la región a nuevos escenarios donde los complejos problemas –históricos, estructurales- que desataron la conflagración, debían ser resueltos ahora por medio del diálogo, la inclusión, el respeto a los derechos humanos y las políticas públicas. Sin embargo, las diversas expresiones de conflictividad social, cultural y económica centroamericanas, rebasaron las expectativas de cambio de los pacificadores de la década de 1980 y, desgraciadamente, también ampliaron las condiciones de injusticia y  desigualdad en nuestros países.

Se depusieron las armas, sí, pero la guerra continuó por otros medios: en la impunidad por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado y por el terrorismo de Estado; en la acumulación de riquezas en unos pocos y privilegiados sectores de población, lo que al mismo tiempo profundiza la desigualdad y condena a la pobreza a casi el 50% de los centroamericanos; en los deficitarios indicadores del desarrollo humano, que limitan las posibilidades de alcanzar una vida mejor para los ciudadanos de la región; en la conformación de grandes grupos económicos que pervierten la democracia  y someten a sus intereses a los representantes del poder político electos por el voto popular; en la sombra de muerte del crimen organizado y la violencia social que hacen de Centroamérica la región “en paz” más violenta del mundo; en la persistente presencia del imperialismo, que afirma su dominación sembrando nuevas bases y contingentes militares (¿para combatir a cuál enemigo?); en la depredación ambiental –guerra contra la naturaleza- producto de los patrones históricos de desarrollo dominantes, que hacen de Centroamérica una de las regiones más vulnerables al cambio climático; en los sempiternos conflictos entre la clase política nicaraguense y costarricense; en la sombra de la derecha desestabilizadora en El Salvador; en el regreso de la derecha militar –ahora por las urnas- al poder en Guatemala…

Y por sobre todo esto, persiste la guerra –el afán de anulación de los otros- en el pensamiento y la práctica política de las élites centroamericanas, y en los objetivos geopolíticos de los poderes extranjeros, que mantienen cerrados los caminos de la auténtica democratización en nuestros pueblos.

Lo vimos durante el golpe de Estado en Honduras en 2009, cuando la sola posibilidad de abrir espacios de democracia directa y el acercamiento a otros procesos latinoamericanos (la iniciativa ALBA), desató los temores de la oligarquía local y los militares. Y lo vimos también esta semana, en las declaraciones dadas por el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, y por el ex Subrsecretario de Estado norteamericano, Bernard Aronson, sobre el estado de la democracia a 25 años de los acuerdos de Esquipulas: para Arias, hay retrocesos democráticos “no solo en Centroamérica, sino también en América del Sur. Venezuela retrocedió, Bolivia, Ecuador también, Nicaragua sin duda alguna”.  Aronson, por su parte, en la misma matriz discursiva, aseguró que hay una nueva amenaza en la región: lo que él define como democracia autoritaria de líderes como Hugo Chávez y Daniel Ortega. “Hay un cierto temor de los países democráticos de afrontar esta nueva amenaza”, dijo el exfuncionario, como reclamando una intervención contra esos gobiernos.

Estos dos ejemplos retratan una problemática de nuestras sociedades en el siglo XXI, pero que tiene raíces profundas en los procesos de conformación de las naciones centroamericanas: la de la hegemonía de una cultura política que ahoga el pluralismo ideológico y las posibilidades reales de democratización, bajo el peso de un “anticomunismo” enfermizo.

Quizás este sea uno de los principales obstáculos para avanzar, de un modo más claro y consiste, hacia ese objetivo mayor que se propuso al final de la guerra: constituir a Centroamérica en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.