Panamá: La violencia y las drogas

Mientras que las políticas de desregulación continúen imperando en Panamá, las tasas de homicidio y crimen aumentarán. Se requiere de una política capaz de generar una legislación que minimice el espacio en que puede operar el crimen organizado y la corrupción.

Marco A. Gandásegui, h. / ALAI

La Universidad de Panamá efectuó recientemente un foro sobre la despenalización de las drogas. Los académicos sometieron a examen la aparente pérdida de control del tráfico de drogas ilícitas por el país y en el país. Los efectos de esta situación está generando una ola de violencia sin precedente. Además, las agencias de Seguridad – incluyendo la Policía Nacional, el SENAFRONT y otras instituciones – están cada vez más dedicadas a organizar actividades represivas olvidándose de las preventivas.

Los ponentes también presentaron estudios sobre el consumo de drogas y sus efectos sobre la salud de un creciente número de adictos. Con preocupación se observó como los centros de salud e, igualmente, los centros de rehabilitación no cuentan con los recursos para enfrentar el problema. Aún más peligroso es el aumento del número de jóvenes – cerca de 6 mil (la mitad de la población privada de libertad) - que son detenidos y encarcelados por supuestos delitos relacionados con la posesión de drogas ilícitas.

La Universidad de Panamá tiene un Observatorio sobre las Drogas que está estudiando el flagelo de las drogas ilícitas desde una perspectiva social. También analiza las políticas públicas que no tienden a encontrar la solución al problema. Al contrario, el gobierno invierte cada vez más recursos en medidas represivas que se extienden desde las zonas urbanas hasta las áreas más remotas del país. Todo este esfuerzo para que la situación tienda a empeorarse.

En el foro, la Comisión Nacional para la Prevención de las Drogas (CONAPRED) anunció que también ha creado un Observatorio Panameño de las Drogas que está sistematizando la información proveniente de diversas instituciones. La CONAPRED reúne un total de 15 entidades públicas y privadas que trabajan en áreas de rehabilitación.

La violencia en la capital panameña así como en el interior del país se  ha incrementado en forma significativa en los últimos lustros. El fenómeno está relacionado con las políticas económicas y sociales adoptadas por los gobiernos más recientes. Por un lado, se han desregulado todas las medidas de control de las actividades económicas permitiendo que el crimen organizado se infiltre a todos los niveles de la sociedad. Por el otro, la creciente militarización del país ha introducido armas de todo tipo que llegan a manos de organizaciones delictivas que ajustan cuentas sin discriminación alguna.

La corrupción no sólo campea en los ámbitos del más alto nivel gubernamental y empresarial, también toca a las comunidades más pequeñas y humildes. La competencia por el control de espacios económicos - sean contratos multimillonarios o transacciones de poca monta - suele resolverse mediante la compra de influencias y la fuerza. Los casinos de juegos del azar no sólo operan en los hoteles de lujo de las ciudades del país, también tienen sus garras en comunidades donde residen las familias de los trabajadores precarios e informales. En torno a este ambiente criminalizado juegos de azar se agrupan los traficantes de drogas, los traficantes de blancas, los sicarios y otros elementos del "bajo mundo".

Hay una relación entre el incremento de las ganancias de los casinos y de la tasa de homicidios en Panamá. Mientras más prospera el tráfico de influencias mayor es el número de muertes violentas. La Policía Nacional no recibe directrices en cuanto a cómo enfrentar el flagelo de la violencia ya que con una mano sale a perseguir a los delincuentes y con la otra neutraliza todas sus acciones de prevención.

Mientras que las políticas de desregulación continúen imperando en Panamá, las tasas de homicidio y crimen aumentarán. Se requiere de una política capaz de generar una legislación que minimice el espacio en que puede operar el crimen organizado y la corrupción. A su vez, hay que invertir recursos en la activación del empleo decente para que la familia panameña recupere sus comunidades y expulse a los delincuentes.

La despenalización de las drogas es un concepto muy vago y se presta para diferentes clases de interpretación. Es el término, sin embargo, que ahora están utilizado los políticos latinoamericanos para plantear la necesidad urgente de buscar nuevas opciones. La propaganda de la “guerra contra las drogas”, introducida hace cuatro décadas por el presidente de EEUU, Richard Nixon, se ha utilizado con fines políticos. La “guerra” no es contra las drogas sino contra los enemigos que surgen en los “guetos” de las grandes ciudades norteamericanas o contra “carteles” que operan en América latina. En años más recientes, EEUU utiliza políticamente la “guerra contra las drogas” para atacar gobiernos progresistas como los de Venezuela, Ecuador o Bolivia. Incluso, para asociar movimientos insurrectos como las FARC en Colombia con el tráfico de drogas.

Hay que ser más serios y buscar una fórmula para regular la producción, el consumo y, sobre todo, el trasiego de las drogas que hoy son ilícitas. Toda solución depende, en gran parte, de la regulación del consumo en el mercado mundial que se concentra en más de un 80 por ciento en EEUU. La Universidad de Panamá abrió el debate nacional. Es de esperar que esta iniciativa que nos obliga a buscar soluciones continúe para el bien de todos los panameños.

27 de septiembre de 2012.