El caso
de Sánchez Ramírez es uno de miles en un México donde no existen contrapesos en
el marco de la guerra contra el narcotráfico, en un país donde la tortura y la
incriminación son los principales actores de un sistema que, genérica y
sostenidamente, transgrede y violenta los derechos fundamentales.
Abraham Trillo* / Especial para Con Nuestra América
Desde
Morelia, México
“la
justicia es como la serpiente, que sólo muerde a los que andan descalzos”
Monseñor Óscar Arnulfo Romero
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| Hugo Sánchez, indígena mazahua, da declaraciones a la prensa tras recuperar su libertad. |
En el
2009, el Juez Sexto de Primera Instancia de Toluca (Estado de México), condenó
a Hugo Sánchez Ramírez, indígena Mazahua, a 37 años de prisión por el delito de
secuestro a dos adolescentes, y 5 años por el delito de portación de arma de
fuego, sentencia confirmada en el año 2011 por el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Segundo Circuito. El joven indígena fue detenido en julio de
2007 por tener “una actitud sospechosa”, de acuerdo a las declaraciones de la
policía municipal, misma que, sobre la ley, nunca lo presentó ante el
Ministerio Público.
El
cinismo del sistema penitenciario no tiene límites. A pesar del pronunciamiento
de 5 Ministros de la Suprema Corte que le permitió recuperar su libertad, y de
exhibir a las autoridades del estado de México como fabricantes de culpables,
Hugo fue nuevamente victimizado, toda vez que se le mantuvo retenido
ilegalmente en el penal Santiaguito, en Almoloya de Juárez, durante 150 horas
aproximadamente, con la clara intensión de que el indígena desistiera del
amparo que continúa en proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
relación al delito de portación de arma de fuego, y así asumiera su
responsabilidad en el otro delito que tampoco cometió.
“…Volví a nacer… pasé cinco años y dos meses
preso y nunca dejé de preguntarme por qué a mí me pasaba esto”, fueron las
primeras declaraciones que Hugo Sánchez, de 24 años, realizó en compañía de sus
padres en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (PRODH). “Gracias a Dios ahorita me encuentro con mi
familia, con mis padres, pero hay mucha gente como yo, injustamente en las
cárceles, pagando delitos que no han cometido. Quisiera que no fuese yo el
único que me apoyaran sino también a la demás gente, que también salgan libre…”.
El caso
de Sánchez Ramírez es uno de miles en un México donde no existen contrapesos en
el marco de la guerra contra el narcotráfico, en un país donde la tortura y la
incriminación son los principales actores de un sistema que, genérica y
sostenidamente, transgrede y violenta los derechos fundamentales.
Son
muchos los casos documentados de condenas mayores en las cárceles del país,
casos que coincidentemente son protagonizados por jóvenes, indígenas y mujeres
en pobreza extrema. Su desgracia es vivir en una sociedad mexicana donde el ser
pobre es un delito múltiple. En estas condiciones, las acusaciones fabricadas
se agravan aún más. Así le pasó a Hugo, mientras los verdaderos infractores de
la ley, se comen un país socialmente polarizado.
Envuelto
en un saco de lana, de aspecto taciturno y mirada perdida, Hugo está convencido
de que el sistema legal mexicano lo criminalizó por su apariencia de joven,
indígena y pobre. Resignado ante tal injusticia y un abandono que se hunde el
tiempo, pregunta quién le podrá pagar cincos años robados. Si el recurso ante
la Suprema Corte de Justicia no hubiera prosperado, la historia del joven
Mazahua sería una más de gente inocente en la cárcel.
Hugo
quiere ser abogado y ayudar a jóvenes que, como él, son incriminados
injustamente, pero tal vez el papel del joven Mazahua vaya más allá de su
propósito y probablemente algún día logre incorporar el delito de estupidez en
todos los códigos penales del país. Y
quizá así, también algún día, se logre sancionar a los culpables de torturas,
procesos y encarcelamientos injustos.
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