La red bancaria en Centroamérica y Panamá

A diferencia de hace pocas décadas, la fracción financiera de las burguesías centroamericanas están tratando de consolidar una red regional a través de bancos y otras instituciones financieras que tienden a buscar oportunidades para entrelazarse y hacer negocios transnacionales.

Marco A. Gandásegui, hijo / ALAI

En una conferencia reciente celebrada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en México, planteamos que la región centroamericana está experimentando transformaciones radicales. Situamos el análisis del Istmo en el contexto de la crisis mundial. La crisis, a diferencia de lo mucho que se ha escrito, presenta nuevas oportunidades que deben aprovecharse. Los cambios a nivel mundial deben ser asumidos con cierta audacia.

En el último cuarto de siglo XX, la región fue testigo de cómo la correlación de fuerzas en la región se transformó con el triunfo de la Revolución sandinista y la victoria del FMLN. Asimismo, cómo Panamá obligó a EEUU a levantar sus estacas coloniales, evacuar sus bases militares y ceder la administración del Canal de Panamá.

La región centroamericana se encuentra en una posición geográfica muy particular. Se encuentra en la frontera donde se detuvo el avance geopolítico de EEUU a principios del siglo XX. A pesar de que han pasado 100 años, la correlación de fuerzas no se ha estabilizado creando constantes enfrentamientos, inestabilidad política y conflictos sociales. Tanto la economía “primarizada”, con su monoproducción exportadora, como la estructura industrial,  basada en la sustitución de importaciones, y su diversidad de clases sociales, estaban atravesadas por una abierta presencia norteamericana.

Los 6 países centroamericanos han emergido en el nuevo siglo con economías financierizadas (aunque dependientes). La burguesía industrial y la clase terrateniente han perdido su hegemonía, el mensaje revolucionario de la clase obrera y los campesinos han perdido parte de su energía y las capas medias se han marchitado. En cambio, las luchas centenarias de los pueblos indígenas por la defensa de sus tierras y comunidades han adquirido un nuevo perfil.

El sector bancario y financiero han crecido a tasas excepcionalmente altas mientras que los sectores productivos como la agricultura y la industria se han estancado y entrado en recesión. Ha aparecido una nueva burguesía financiera hegemónica que controla los gobiernos e intenta apoderarse de las instancias ideológicas (educación, comunicación, religiosas e, incluso, de entretenimiento).

Para romper la vieja hegemonía de la alianza agro exportadora–industrial, la fracción financiera ha pactado con sectores progresistas en todos los países de la región. En algunos casos con éxito, en otros con retrocesos. Los más salientes son los casos de Nicaragua y El Salvador, donde gobiernan partidos frentistas. También se destacaron, en su momento, los casos de Honduras (con el Partido Liberal progresista de Zelaya) y en Panamá (con el caso del PRD, antiguo brazo político de los militares nacionalistas). El golpe de Estado contra Zelaya puso fin temporal a la experiencia en Honduras. La alianza del PRD con el sector financiero entró en crisis con Martinelli.

En el pacto fueron incluidos en forma subordinada los trabajadores y campesinos, cuya fuerza ha disminuido cuantitativa y cualitativamente. Las capas medias, importantes para legitimar la nueva correlación de fuerzas, constituyen el talón de Aquiles al no poder consolidar su posición en el nuevo pacto.

A diferencia de hace pocas décadas, la fracción financiera de las burguesías centroamericanas están tratando de consolidar una red regional a través de bancos y otras instituciones financieras que tienden a buscar oportunidades para entrelazarse y hacer negocios transnacionales. Al mismo tiempo, se ha notado una disminución de la participación de la banca norteamericana.

Se está produciendo una “integración” desde arriba que no necesita pactos intergubernamentales o de la intervención de políticos profesionales. El proceso de integración no requiere plazos para la negociación y menos la intervención de otras fracciones de la burguesía (agrícola o industrial) y menos de los trabajadores, campesinos, pueblos indígenas o capas medias.

A pesar de todo, la nueva clase hegemónica necesita el aparato del Estado para imponer sus condiciones y disciplinar cualquier disenso sea de las otras fracciones de la clase burguesa o de las clases subordinadas. A su vez, “la guerra contra las drogas” implica una fuerte militarización de los países de la región que favorece los intereses de EEUU. En cada país, el presupuesto militar supera el 20 por ciento de los presupuestos nacionales. El papel estratégico de la banca norteamericana en el lavado de dinero, producto de transacciones consideradas ilícitas, está cambiando rápidamente.

El control del Estado es fundamental para subordinar a la población y, especialmente, a los sectores organizados de los trabajadores. Hay áreas en que todos los gobiernos de la región coinciden. Estos son el control de los sindicatos obreros, de las asociaciones de trabajadores, de las cooperativas y de los estudiantes. La política dirigida a la desindustrialización ha aminorado el crecimiento de las organizaciones obreras. En el marco de este debilitamiento cuantitativo de la clase obrera, los gobiernos han redoblado sus políticas de flexibilización y desregulación. Mientras que las áreas productivas se han estancado y están en recesión, crecen las inversiones en los aparatos represivos (militar y de la policía).

El intercambio comercial entre los países de la región ha disminuido, no hay inversión en infraestructura que promueva el comercio regional, tampoco hay políticas sociales que busquen sacar ventaja de las sinergias regionales: Salud, educación, seguridad social, entre otros.

15 de noviembre de 2012.