La
decisión de la Corte de La Haya en el caso Colombia-Nicaragua le quita a las
fuerzas armadas colombianas la hipótesis de conflicto limítrofe con Nicaragua y
la posibilidad de seguir patrullando aguas que ya no están bajo su soberanía.
Las consecuencias son de diferente índole y deberán ser estudiadas a futuro.
Sergio Rodríguez Gelfenstein / Especial para Con Nuestra
América
Desde
Caracas, Venezuela
Después
de la invasión española y posterior colonización de nuestra Abya Yala por la entonces potencia ibérica, el
territorio conocido como la Mosquitía, es decir la costa caribeña de
Centroamérica perteneció a Nicaragua
cuando era una provincia de la Audiencia de Guatemala, creada por el
Emperador Carlos V en 1542. Las
Recopilaciones de las leyes de Indias de las Reales Cédulas para las Colonias de América dejaron
claramente establecido que las islas de la costa de las provincias integrantes
de dicha audiencia pertenecían a ella.
Dos
siglos después, en 1739, cuando se
refundó el Virreinato de Santa Fe, que se había creado originalmente en 1717 y
extinguido en 1723, con sede principal en la actual capital de Colombia, las
islas del Mar Caribe que quedaban al noroeste de Panamá seguían perteneciendo a
Guatemala.
A
raíz del abandono de la costa Caribe centroamericana por parte de las
autoridades españolas y las constantes incursiones inglesas a la región, el
Ministerio de la Guerra encargó a las autoridades del Virreinato de Santa Fe
que se hiciera cargo de la vigilancia y defensa de la Costa de la Mosquitía el
20 de noviembre de 1803 a través de una Real Orden. Sin embargo, en ningún
momento segregaron dichos territorios insulares de la Audiencia de Guatemala.
Debe constar además que en la
legislación colonial española una Real Orden tiene un valor jurídico
subordinado a la Cédula Real. Las primeras
eran disposiciones emitida por un ministro en uso de sus atribuciones, mientras
que las segundas eran expresión directa de la voluntad del monarca. En esa
medida eran firmadas por él.
De
esta manera se consumó el inicio de un conflicto que como casi todos los que ha
habido a través de la historia de la región tiene su origen en una decisión de
la metrópoli que fue heredada por las naciones americanas al concretarse la
Independencia. Las oligarquías que usurparon el poder al construirse los
estados nacionales en el continente transformaron estas disputas en banderas para el control de la economía y el
dominio de los pueblos, mientras se subordinaban a la hegemonía imperial
británica en el siglo XIX y estadounidense en el XX. Surgieron así, atribuidos
desde la élite, contradicciones y odios que en algunos casos persisten y alejan
a nuestros pueblos de su voluntad integracionista desviándolos del espíritu
bolivariano que permite construir la nación de naciones que proyectara el
Libertador. Esta visión estuvo presente el 15 de marzo de 1825 cuando se firmó
el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre la Federación de
Centroamérica y la República de Colombia, -conocido como tratado Molina-Gual-
en el que ambas partes se comprometen a “…respetar sus límites como están al
presente reservándose el hacer amistosamente, por medio de una convención
especial la demarcación de la línea divisoria de uno y otro Estado…”.
Así,
la contienda que motiva estas líneas estableció un motivo permanente de
conflicto entre Colombia y Nicaragua que se ha mantenido hasta el momento
actual y sobre el cual la Corte internacional de Justicia de La Haya (CIJ)
acaba de fallar el pasado lunes 19 de noviembre.
El
diferendo limítrofe entre las dos naciones se mantuvo a través del siglo XIX y
las primeras décadas del XX. En ese período, Nicaragua se separó de la
Federación de Provincias Unidas de Centroamérica y en 1838 se transformó en
república independiente. Por su parte, Colombia salió en 1830 del ente del
mismo nombre creado en 1819 durante el Congreso de Angostura, constituyéndose
en la República de Nueva Granada la que en 1866 tomó su nombre actual. En 1903
sufrió el desmembramiento de la provincia de Panamá que se estableció como
Estado independiente. En todo ese período los documentos constitutivos de ambas
naciones con sus nuevos nombres y delimitaciones territoriales fueron
arrastrando el problema adquirido desde
la colonia.
Esta
situación se mantuvo hasta que el 24 de marzo de 1928 se firmó el Tratado
Bárcenas-Esguerra por el cual Colombia reconoció la soberanía de Nicaragua
entre el cabo Gracias a Dios y el Río San Juan, incluyendo las islas del Maíz y
Nicaragua la de Colombia en las Islas de San Andrés, Providencia, Santa
Catalina y demás islas e islotes de ese archipiélago. Este tratado dejó dos
temas sin resolver, el de la soberanía sobre siete cayos que se encuentran a un
poco más de 300 millas de la costa de Colombia y 90 de la de Nicaragua. Por
otro lado quedó sin disipar la definición de los límites, toda vez que Nicaragua
agregó la reserva de que ninguna parte del archipiélago mencionado se
encontraba al oeste del meridiano 82°, lo que fue aceptado por Colombia. La
revista Semana de Bogotá en su edición 1594 de
19 a 26 de noviembre de 2012 lo explica de la siguiente manera al
referirse al tema de límites en el Tratado de 1928 “…desde entonces, y durante
casi 80 años, Colombia estuvo convencida de que la frontera entre los dos
países era el meridiano 82. Todo porque en el canje de notas con el que se
probó el tratado de 1928 se decía que el archipiélago de San Andrés no iba más
allá de ese meridiano” Sobre este tema, la Corte Internacional de Justicia,
falló en 2007 diciendo que no era un límite sino una línea de ubicación.
Sin
embargo, es válido decir que en el momento en que Nicaragua firmó el mencionado
Tratado Bárcenas-Esguerra, se encontraba ocupada por las tropas
estadounidenses. En su mensaje al Congreso del 10 de enero de 1927, el presidente de
Estados Unidos Calvin Coolidge, lo justificaba de la siguiente forma “Estados
Unidos se halla en una peculiar situación de responsabilidad de construir un
canal a través de Nicaragua, a nuestros
intereses en el canal de Panamá y a nuestras inversiones financieras en la
región. Si bien Estados Unidos no desea intervenir en los asuntos internos de los países centroamericanos, jamás
podremos permanecer indiferentes ante los acontecimientos que se desarrollan
allí en posible perjuicio a nuestros intereses. Cualquier amenaza a la estabilidad
de Nicaragua será vista con preocupación y podría resultar en la adopción de
medidas necesarias destinadas a proteger las vidas y las propiedades de los
ciudadanos estadounidenses”. Aunque no deseaba intervenir, lo
hizo. La respuesta fue la creación de lo que Gabriela Mistral llamó el “Pequeño
Ejército Loco” que con el general de Hombres Libres Augusto C. Sandino a la
cabeza luchó hasta expulsar a los soldados norteamericanos de su territorio.
Ese
fue el fundamento para que el primer gobierno digno que tuviera Nicaragua en su
historia, surgido de una revolución popular, a tan sólo un año de haber tomado
el poder en 1979 impugnara la validez de un acuerdo internacional firmado bajo
la égida imperial de Estados Unidos. Esta reclamación es la que motivó el fallo de la CIJ el pasado
19 de noviembre de forma unánime y con carácter inapelable.
La
Corte fijó el límite alrededor de 531 km. más al este de donde se “encontraba”
en el meridiano 82° hasta cerca del meridiano 79º, reconociéndole a
Nicaragua la soberanía de dichas aguas comenzando de las 200 millas náuticas desde sus
costas. Como contrapartida, reconoció la soberanía de Colombia sobre parte de
las aguas y todas las islas y cayos en disputa.
Las
repercusiones en ambos países no se hicieron esperar. El presidente Santos dijo
que su gobierno no descartará “...ningún recurso o mecanismo del derecho internacional para defender
los derechos de los colombianos.” Expresó que “...Colombia
rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día
de hoy. El Gobierno respeta el derecho pero considera que la Corte ha incurrido
en este tema en serias equivocaciones. La Corte, al trazar la línea de
delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar, y que nos
afectan negativamente”.
Evidentemente presionado por los sectores de
derecha ultra nacionalistas representados por el ex presidente Uribe que llamó
a rechazar el fallo y a salirse de la
CIJ, el presidente Santos tendrá que pagar su osadía por haber asegurado día
antes del veredicto que” No cabe miedo. La Corte confirmará la soberanía de
Colombia sobre los cayos”. Pero, la cancillería colombiana, experta en estas
lides durante doscientos años sabía que esto podía pasar. Con timidez bajo la
presión de las posiciones nacionalistas extremas, la Canciller Holguín había
dicho “Nadie está preparado para que
digan ´este pedacito ya no es de Ustedes`, tenemos que tener la mente en que
cualquier cosa puede pasar en esas posiciones salomónicas que ha tenido la
Corte”. Sin embargo, ha sido el almirante retirado Gabriel Arango
Bacci, quién manifestó el verdadero tema de fondo al advertir “…que el fallo afectará a Colombia en lo que
atañe a la seguridad, pues en esa zona marítima suelen operar actividades
ilícitas relacionadas al tráfico de personas, de dólares, de drogas, y de
armas, las cuales el país las enfrentaba con dureza. “¿Qué va a pasar ahora?, es algo incierto”.
Esta decisión le quita a
las fuerzas armadas colombianas la hipótesis de conflicto limítrofe con
Nicaragua y la posibilidad de seguir patrullando aguas que ya no están bajo su
soberanía. Las consecuencias son de diferente índole y deberán ser estudiadas a
futuro.
Mientras tanto el presidente de Nicaragua al celebrar el fallo, expresó la
preocupación de su gobierno por las palabras de su colega colombiano, pero
aseguró a sus “sus hermanos sanandresanos” que podrían desplazarse sin
problemas por las aguas nicaragüenses, sepultando de esa manera otra conjeturas
acerca de un problema potencial.
Ha triunfado la paz y la justicia. Los
latinoamericanos y caribeños nos debemos congratular por ello.
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