A simple vista, el caos
y el desorden políticos que se observan, destruyendo el tejido social del país,
puede achacarse al mal manejo administrativo de la cosa pública y a la
corrupción a todos los niveles de la vida pública y privada. Sin embargo, la
causa es mucho más profunda.
El sistema político de
Panamá se encuentra en una crisis de “gobernabilidad” propia de los ciclos que
caracterizan su estructura social. Al mismo tiempo, la frágil economía
capitalista del país experimenta una de las fases de mayor crecimiento de su
vida republicana. El actual “boom” se puede comparar con los períodos marcados
por la construcción del Canal de Panamá (1904-1914), la segunda guerra mundial
(1936-1945) y la culminación del período de industrialización por medio de la
sustitución de importaciones (1960-1970). No es una casualidad que después de
esos períodos de “boom” el país cayera en profundas recesiones económicas y en
años de inestabilidad política: La crisis inquilinaria a mediados de la década
de 1920, las movilizaciones populares de fines de la década de 1940. Así mismo,
la crisis de los partidos que culminó con el golpe militar de 1968.
A simple vista, el caos
y el desorden políticos que se observan, destruyendo el tejido social del país,
puede achacarse al mal manejo administrativo de la cosa pública y a la
corrupción a todos los niveles de la vida pública y privada. Sin embargo, la
causa es mucho más profunda. Por un lado, la guerra declarada entre los
diferentes sectores de la clase dominante por el control de los aparatos gubernamentales
se ha convertido en el problema central del Estado panameño. No hay diálogo y
no existen posibilidades a corto plazo de encontrar un terreno sobre el cual
establecer una concertación.
El presidente Ricardo
Martinelli ha encabezado a un sector de la clase dominante acusando a los demás
de “ladrones y de corruptos”. En su discurso de apertura de la Asamblea de
Diputados en 2012, dijo que el gobierno necesitaba fondos para desarrollar sus
obras. “Para lograr estos cambios necesitamos dinero, plata, billete, money, fluss, chen-chen. Esos recursos
tienen que salir de algún lado. Le metimos la mano en el bolsillo a los empresaurios. Y eso no nos lo perdonan”.
Los otros sectores no
se quedan atrás, acusando a Martinelli de estar dirigiendo una pandilla de
facinerosos que quiere vaciar las arcas fiscales. Alegan que Martinelli y los
otros millonarios en su gobierno quieren convertirse en billonarios embolsando
los miles de millones de dólares que ingresan a la hacienda pública nacional
anualmente. Estas sumas estratosféricas son el producto de los tributos
(peajes) que pagan los usuarios del Canal de Panamá, las rentas que pagan los
operadores de los puertos del Atlántico y del Pacífico y de los movimientos de
dinero que realiza el centro bancario instalado en la ciudad de Panamá.
El enfrentamiento
provocado por Martinelli tiene como fundamento medias verdades. Los grandes
empresarios panameños no contribuyen al fisco para el funcionamiento de la
administración pública. Durante casi un siglo de dominación, ellos han sabido
como evadir el pago de sus obligaciones con la sociedad. Los ingresos del
gobierno son, en su gran mayoría, tributos que provienen del manejo de la ruta
de tránsito (Canal de Panamá) e impuestos a las transacciones comerciales.
En esta batalla entre
fracciones de la oligarquía no existe una clase media que sirva de moderadora o
colchón que amortigüe los golpes. Es una realidad de todos los países de
América Latina. En el caso de Panamá, su ausencia le permite a la oligarquía
abusar del poder político y concentrar cada vez más el poder económico. Según
estadísticas nacionales, el 10 por ciento de las familias panameñas concentran
casi el 40 por ciento de la riqueza del país. El 1 por ciento posee casi el 30
por ciento del poder económico.
La clase media –
aproximadamente el 20 por ciento de las familias del país – tiene acceso al 20
por ciento de la riqueza nacional. Las clases populares, otro 70 por ciento de
la población sólo tendría el 40 por ciento de la riqueza. Esta desigualdad
aguda crea condiciones políticas de ingobernabilidad extremas.
Sólo existen tres
formas de gobierno posibles en un país que presenta características tan agudas
de desigualdad y concentración del poder. En primera instancia, un régimen
oligárquico como el actual basado en la rapiña y la represión de los sectores
populares. La falta de capacidad de la oligarquía panameña para administrar
este tipo de gobierno obliga a sus dirigentes a buscar un protector extranjero.
La república creada en 1903 ha descansado, en gran parte, sobre este supuesto
por más de cien años.
En segunda instancia,
han surgido gobiernos populistas en que la oligarquía ha delegado su poder
político –casi obligada- a una instancia intermedia que toma las riendas de
la república. El populismo constituye una alianza entre una fracción de la
clase dominante y algunos sectores subordinados. Cuando el pacto deja de ser
útil, la oligarquía recupera su hegemonía mediante la intervención armada
exterior.
Por último, en forma
hipotética, un gobierno que es formado por un partido (fracción) de la débil
clase media en alianza con los sectores populares organizados y que tenga
capacidad para enfrentar militarmente las amenazas de una fuerza armada
extranjera. Este tipo de gobierno tendría que contar con una correlación de
fuerzas sociales y políticas favorables tanto dentro del país como en el
exterior.
Panamá, 6 de noviembre de 2012.
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