Guatemala: Fundamentando de nuevo el terror

En el imaginario de la “Fundación contra el Terrorismo” son terroristas  todos los que luchan contra los efectos terribles de las minerías a cielo abierto, o contra  los perjuicios sociales que ocasionan carreteras, hidroeléctricas, cultivos rentables. A diferencia del pasado, no es la democracia lo que se considera amenazado por la derecha contrainsurgente, sino el “progreso mediante  el único camino viable, la inversión”.

Carlos Figueroa Ibarra

Especial para Con Nuestra América

Desde Puebla, México

He tenido la oportunidad de leer el documento de la organización ultraderechista “Fundación Contra el Terrorismo”  titulado “Comunicado de prensa” y divulgado el 15 de octubre de 2012. Han pasado ya varias semanas de dicho comunicado pero su contenido va más allá de lo coyuntural y por ello me permito dedicarle este artículo. Creo que lo valioso del documento es que es una síntesis de lo que en mi libro El recurso del miedo (F&G Editores, 2011) he llamado “la cultura del terror”.  Entiendo por ésta la maniquea cultura política de dominación que apela constantemente a la represión violenta para mantener el disciplinamiento social.

Los autores acusan de terroristas a participantes de movimientos sociales y activistas sociales. Sueltan nombres de igual manera que lo hacía en la década de los sesenta “La Mano Blanca” y como ahora  lo hacen  las sindicaciones  firmadas por Ricardo Méndez Ruiz y la Asociación Familiares y Amigos de Militares Accionando Solidariamente (Familias). En ellas es posible  advertir ausencia de rigor histórico como aseverar que hubo operativos conjuntos de secuestros entre organizaciones insurgentes que tenían profundas divergencias y por ello tenían comunicaciones rotas. Como acusar de hechos delictivos a personas que eran niños o adolescentes o ya habían muerto cuando tales hechos se realizaron. Como poner en las listas de sindicados a personas que hace muchos años murieron y por tanto ya no pueden ser objeto de una acción penal.  La novedad en el comunicado que comentamos es que acusa a la antropóloga Aura Marina Arriola de estar  hoy al frente de los “grupos de estrategia de masas y movimientos indigenistas” que  desestabilizan al país. Aura Marina murió en México hace más de 5 años…

En el imaginario de la “Fundación contra el Terrorismo” son terroristas  todos los que luchan contra los efectos terribles de las minerías a cielo abierto, o contra  los perjuicios sociales que ocasionan carreteras, hidroeléctricas, cultivos rentables. Olvidan que  terrorismo  es toda acción violenta que no discrimina objetivos militares de población civil y que con ello pretende ocasionar pánico a sus adversarios reales o supuestos. Exactamente como actuó el ejército en la matanza del 4 de octubre de 2012. Hoy ya no son comunistas e indígenas los que deben ser eliminados como lo insinúa la organización ultraderechista. Los enemigos a muerte siguen siendo los mismos pueblos indígenas hoy soliviantados por “activistas y supuestos defensores de derechos humanos”. A diferencia del pasado, no es la democracia lo que se considera amenazado por la derecha contrainsurgente, sino el “progreso mediante  el único camino viable, la inversión”.

Existe una continuidad terrorista en la ferocidad contrainsurgente del comunicado de marras. La novedad es que  hoy lo que se pide son acciones de violencia represiva para garantizar la paz de los cementerios que supuestamente necesita el gran capital para tener garantizadas sus ganancias. Los autores del comunicado aludido exigen represión, avizoran una conspiración separatista orquestada por los antiguos subversivos, movimientos sociales, funcionarios públicos y religiosos (Claudia Paz y Paz, Cesar Barrientos y Álvaro Ramazzini), anuncian acciones violentas. Ante la anarquía, violencia, sangre y destrucción solamente hay un camino: la violencia.

En medio de todas las diferencias en relación a los años de la  represiva anticomunista, la “Fundación Contra el Terrorismo”  expresa la continuidad de la cultura del terror: al retratar a activistas y movimientos sociales como “violentos” o “terroristas”, se les criminaliza para legitimar acciones de terrorismo de estado contra ellos.  Si mañana empiezan a ser ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos forzosamente, esto será solamente   para defender su vida y la de sus familias, los productos de su trabajo, la propiedad privada y el desarrollo económico.

Indudablemente los autores del documento que comentamos, están fundamentando de nuevo el terror estatal.