No se puede predecir lo
que ocurrirá cuando se desinfle, en un futuro próximo, la burbuja especuladora
actual. El país regresará a las políticas de desarrollo y se buscarán otros
modelos de educación. Dependerá de la nueva correlación de fuerzas sociales si
se podrá adoptar un “modelo” de educación integral con educadores bien
remunerados para servirle al país y a los panameños.
Marco A. Gandásegui, h. / ALAI
El país pasa por una coyuntura que recuerda la
falsa prosperidad que generó la construcción del Canal de Panamá (1904-1914), o
la segunda guerra mundial (1939-1945) e, incluso, la industrialización de la
década de 1960. El PIB crece con dígitos dobles y se amplía el mercado de
consumidores. Los gobiernos de turno celebran sus aparentes logros económicos,
sin saber a qué se debe tanto crecimiento. Los gobernantes sólo logran entender
que es una gran oportunidad para apropiarse de enormes riquezas si son capaces
de organizar un sistema de despojo que funcione.
Para el fin de lograr la mayor apropiación posible,
contratan especialistas extranjeros, pertenecientes a organizaciones
particulares o intergubernamentales y reclutan a los especialistas nacionales
más capaces (financistas, leguleyos y desarrollistas, entre otros). Estos actúan
como “magos” que hacen aparecer y desaparecer miles de millones de dólares a
diario. El financista se especializa en aceitar la maquinaria económica que le
permite a los colocados en posiciones de poder movilizar fortunas de un lugar a
otro. En otras palabras, de una cuenta pública a un bolsillo particular. Son
especialistas en convertir todo inmueble – tierras nacionales, tierras
comunales, playas, islas y cualquier otro – en capital móvil capaz de generar
riquezas. (No importa que destruya la vida de muchas comunidades o la
existencia de miles de familias). Igualmente, lucran de la especulación, a
costilla del país.
Si las organizaciones gremiales y asociaciones
civiles protestan contra los depredadores, los gobiernos proceden a
descalificar a quienes defienden los intereses de la nación. En primera
instancia son acusados de “enemigos del progreso”. A continuación son objeto de
ataques por los medios de comunicación. Si no se pone fin a las protestas, el
movimiento contestatario es acusado de “comunista” y reprimido violentamente.
Últimamente, en las comarcas indígenas y en las áreas fronterizas las
aspiraciones populares son identificadas como “narcoterroristas”.
Mientras que el financista hace malabarismos con
los dineros públicos, el leguleyo - al servicio de los gobernantes - redacta
leyes y decretos, al igual que reglamentos, que convierte la piedra en oro.
Unos buenos ejemplos son la suspensión por parte de la Corte Suprema de la
protección de los humedales, las compras multimillonarias de armas de guerra o los decretos que autorizan la creación de
rellenos, la construcción de embalses o la destrucción del sector agrícola.
Los desarrollistas, al servicio de los
especuladores, no se quedan atrás, construyendo puentes sobre ríos que no
existen o transformando túneles en cintas costeras. También construyen
carreteras a 40 millones de dólares el kilómetro y barriadas sobre los lechos
de los ríos.
Cuando los tres se ponen de acuerdo con los
gobernantes, generan un decreto ejecutivo como el Nº920 (de octubre de 2012)
que crea el sistema de Gestión de Centros Educativos de Formación Integral. El profesor
Angel Garrido señala que la redacción del documento (preparado por
especuladores como los mencionados más arriba) “tiende a infundir confianza”.
Sin embargo, una lectura más detenida permite detectar términos vacíos como
“excelencia educativa” y “escuelas de excelencia”. Los llamo vacíos porque en
el texto no tienen referencia alguna. Sin embargo, en su aplicación tendrán un
sentido ajeno a lo que el sentido común apunta.
Por
excelencia educativa, señala Garrido, hay que entender que se eliminará “la
visión integral de la formación del estudiante”. A su vez, “se privilegia el
enfoque economicista y el reduccionismo del pénsum”. En términos más sencillos,
por un lado, sólo se incluirán en las escuelas materias que le enseñen al joven
panameño que sea un buen trabajador. Por el otro, no se darán materias que le
enseñen a pensar: filosofía, historia y cívica, entre otros.
Garrido concluye que el
nuevo decreto degrada “la concepción de la educación para beneficiar a un grupo
muy limitado de personas”. La idea de crear “escuelas de excelencia” también es
objeto de análisis. Esta iniciativa “obedece a la necesidad que el mercado
expansivo tiene de obtener individuos que respondan mejor a las necesidades de
acumulación de capital”.
Según Garrido, “la
empresa privada, que demanda el personal calificado, no quiere invertir en
educación popular para llenar las falencias y vacíos del modelo educativo
actual. Apremiada y necesitada de gente capacitada, ha confiado al Estado, tras
décadas de privatización educativa de la que se ha beneficiado, su salvación
para garantizar el recurso humano necesario a su expansión. Luego, con el dinero y recursos del pueblo, y
con la enorme deuda que acarrea, se apresta a crear escuelas en condiciones de
llenar la demanda que la expansión capitalista requiere. Así, pues, este modelo educativo – la llamada
“excelencia educativa” - no solamente tiende a ampliar, sino a solidificar las
diferencias de clases sociales”. El modelo, además, confeccionado a la medida
de la gran empresa no le cuesta.
No se puede predecir lo
que ocurrirá cuando se desinfle, en un futuro próximo, la burbuja especuladora
actual. El país regresará a las políticas de desarrollo y se buscarán otros
modelos de educación. Dependerá de la nueva correlación de fuerzas sociales si
se podrá adoptar un “modelo” de educación integral con educadores bien
remunerados para servirle al país y a los panameños.
que estupides de articulo. Espero no vivas en panama
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