“La fuerza de trabajo
en el agro” es, sin duda, una referencia obligada para cualquier investigación
que pretenda actualizar el análisis del sector agropecuario de la economía
panameña. En esa perspectiva, constituye un valioso antecedente para abordar el
proceso de desarrollo del capitalismo en el agro más allá de las
transformaciones en curso a partir de la década de 1980.
Olmedo Beluche / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
 |
| Portada del libro de Marco Gandásegui. |
Agradecemos
el envío de este texto a nuestro colaborador Guillermo Castro Herrera.
La fuerza de trabajo en el agro. Experiencia de desarrollo
capitalista en Panamá[i], del panameño Marco A.
Gandásegui, constituye el primer estudio sociológico en profundidad de la
evolución de las relaciones sociales en el campo panameño. El libro analiza el
período que va de las década de 1960 a la de 1980, caracterizado por una
disminución significativa de la población rural debido a la migración masiva al
área metropolitana asociada a un crecimiento de la productividad y la
producción, y una modificación en las relaciones sociales de producción. En
este período, en efecto, las relaciones comunitarias o patriarcales “fueron
reemplazadas por relaciones salariales. El valor del trabajo fue sustituido por
el valor de la fuerza de trabajo” (Pág. 8).
Este proceso de
transformaciones sociales se produce bajo la influencia del Código Agrario
(1962), que establece los criterios del capitalismo panameño para el sector y,
a contramano, encuentra la resistencia social del campesinado en la formación
de Ligas Campesinas de pequeños precaristas, para defender el acceso a la
tierra. La Iglesia católica, a su vez, promovió la organización de cooperativas
de productores como la “Juan XXIII”. Todo ello en la década de 1960, a la que
le seguiría la siguiente década bajo el régimen populista de Omar Torrijos, una
continuidad de la promoción del sector agroindustrial mediante políticas
proteccionistas, junto con una política social desde el Estado para tratar de
amortiguar las contradicciones en el campo, con la llamada Confederación
Nacional de Asentamientos Campesinos (CONAC).
De la subsunción formal del “campesino paupérrimo” a la
subsunción real del proletariado agrícola mal pagado.
Para explicar el paso
del pequeño campesino precarista a semiproletario, o jornalero a medio tiempo
para la agroindustria, el autor utiliza el concepto de subsunción formal y
subsunción real del trabajo en el capital, proveniente de la teoría marxista.[ii]
El capital, como se sabe, tiene tres formas de apropiarse de la plusvalía del
trabajo ajeno. La primera es la explotación indirecta, en la que el productor
sigue siendo dueño de sus medios de producción y relativamente autónomo, pero
se ve sometido a la explotación del gran capital mediante diversos mecanismos,
como los préstamos o el control de la comercialización. La segunda es la
subsunción formal, en la que campesino precarista mantiene una pequeña
producción, pero se ve obligado a vender su fuera de trabajo de manera
estacional para completar sus ingresos. Y la tercera es la subsunción real, que
constituye el momento propiamente capitalista de las relaciones sociales de
producción, en la que el productor ha sido despojado por completo de los medios
de producción y se ve obligado a vender su fuerza de trabajo por un salario.
El concepto de
subsunción permite entender si el campesino precarista, semiproletarizado, es
un “productor paupérrimo”, que complementa con un salario temporal los ingresos
de una producción agrícola que no le alcanza para satisfacer sus necesidades, o
es un trabajador asalariado, que debe complementar sus ingresos con una
producción parcial de su parcela. En el primer caso estaríamos ante una
persistencia de formas de producción precapitalistas, subsumidas formalmente
por el capital; en el segundo, ante una subsunción real o directa bajo un modo
de producción predominantemente capitalista.
El predominio de una u
otra forma de subsunción se expresa en mercados regionales de trabajo, en las
que ambas se mezclan en diverso grado, dependiendo de la penetración que haya
alcanzado el capital. Al respecto, dice el autor, ese grado de penetración del
capital “define cuál es la modalidad predominante” (Pág. 44), aunque en el
desarrollo del proceso se va imponiendo cada vez más la subsunción real.
Caída relativa de la agricultura y peso creciente de la
agroindustria
Durante el período
estudiado, la participación del sector agropecuario en el Producto Interno
Bruto pasó de 27.1% en 1960, a 24.8% en 1965 y 21% en 1970. Esta tendencia se
sostuvo, y en 1975 la participación del sector en el PIB descendió a 18,6%.
La década 1960 – 1970
fue de un gran dinamismo económico, con un crecimiento promedio anual del PIB
del 8,1%. En ese marco general, la producción agropecuaria se expandió en
promedió un 5,3% anual, muy por debajo del ritmo de crecimiento de la industria
(11,1%) y del conjunto del sector no agrícola de la economía (8,9%). En esta
década, los sectores dinámicos que impulsaron al sector agropecuario fueron la
producción bananera, la caña de azúcar y la ganadería (esta última se
incrementó en un notable 62,5%). Esos sectores son los de la agroindustria,
principalmente de exportación. Por el contrario, la producción de
maíz y frijol de bejuco, centrada en medianos y pequeños productores, se vieron
afectadas negativamente.
El período 1970-1977
(año límite de estos datos) estuvo marcada por la recesión de la economía
mundial asociada a la llamada “crisis del petróleo”, que afectó a Panamá
también. El ritmo de crecimiento del PIB panameño disminuyó a un promedio anual
del 3,9% entre 1970 y 1975, mientras el sector financiero mantuvo un 12,9%
anual. En cambio, la producción industrial cayó al 1,3%, y el sector
agropecuario al 1,6%. El banano y la importante expansión de la producción
azucarera mediante la creación de ingenios estatales, fueron los motores del
sector agropecuario. Hubo también un importante el incremento en la producción
de arroz para el mercado interno, concentrada en manos de medianos productores.
En el comercio
exterior, el sector agropecuario pasó de representar el 69,1% del total en 1960
al 65,6% en 1970. De esos totales, el banano - exportado principalmente por
Chiquita Brands -, representaba el 89,4% en 1960 y el 87,1% en 1970, mientras
la exportación de azúcar refinada también era relevante. Todo ello confirma el
peso de la agroindustria en la economía sectorial en detrimento de la mediana y
pequeña producción.
Para Gandásegui, entre
1960 y 1970 se manifiesta “una leve tendencia hacia la mayor concentración de
la tierra disponible por parte de las grandes explotaciones” (Pág. 89). La
desigualdad social se aprecia en que, para 1971, el 16,3% de la tierra
cultivable se concentra en el 1% de las explotaciones, mientras que el 51,7% de
los agricultores disponía del 3,7% de la tierra cultivable (Pág. 86).
Lo anterior se vio
reflejado en una disminución “drástica” de las ventas de productos provenientes
de las parcelas menores a 20 ha. “El número total de las explotaciones
disminuyó entre 1961 y 1971, en un 4 por ciento. En el mismo lapso, el número
de fincas que efectuaban ventas decreció en un 17.5 por ciento. La disminución
del número de fincas con ventas inferiores a B/. 500.00 fue del 24 por ciento”
En cambio, las explotaciones con ventas superiores a B/. 500.00 se
incrementaron “en un 33.4 por ciento” (Pág. 113).
El proceso de proletarización del campesinado panameño
La disminución del peso
relativo de producción agropecuaria en el PIB coincide con una disminución
relativa y absoluta de la mano de obra agrícola en el conjunto de la Población
Económicamente Activa (PEA). En 1960, la fuerza de trabajo agrícola
representaba el 50% de la PEA, y de allí pasó al 47,1% en 1965 y el 36,5% en
1970.
En 1960, el 41,2 % de
la población rural se concentraba en explotaciones inferiores a 5 ha. En el
87,8% de las fincas, la fuerza de trabajo era exclusivamente humana, ocupada en
una agricultura de subsistencia. El 59,2% de la fuerza de trabajo estaba
integrada por trabajadores por cuenta propia, y solo el 14,1% por asalariados
(Pág. 116).
La tendencia a la
proletarización de la fuerza de trabajo agrícola se expresa en el hecho de que,
si en 1960 sólo había 739 asalariados en el sector – equivalentes al 1,8%
de la PEA nacional , en 1965 ya eran 1.322 y en 1969 uno 2.000. A mediados de
la década siguiente, superaban los 15.000, en su mayor parte empleados
temporales contratados para las zafras, concentrados en su mayoría en las
provincias de Chiriquí, Coclé y Panamá.
En 1960, el 78,9 % de
estos trabajadores recibían salarios inferiores a cien Balboas mensuales. El
salario promedio era de 80,29 Balboas, y la mayoría se ubicaba en el tramo de
los 50 a 75 Balboas mensuales. A partir de 1965, se aprecia un incremento de
los salarios. Para 1975, el tramo de los que ganaban menos de cien Balboas pasó
al 38,8%. En este último año, el 41% se ubicaba en el tramo de entre 100 y 200
Balboas mensuales que, sumados a los de cien balboas mensuales, abarcaban el
79,8% de la fuerza de trabajo agrícola. Con todo, el estudio no vincula el
incremento absoluto de los salarios con el de la inflación característica del
período, por lo que no debe deducirse a priori que se trate de un mejoramiento
del nivel de vida de los trabajadores (Págs. 124 -127).
Para 1975, las empresa
bananera, United Brands o Chiquita, era la mayor empleadora de la fuerza de
trabajo agrícola (aunque había “bananeros independientes”, en su mayoría
suplidores de Chiquita), con 11.176 trabajadores. Los ingenios, principalmente
estatales (Corporación La Victoria), empleaban alrededor de 5.400.
La política estatal del capitalismo panameño para el agro
La política del estado
panameño para el sector agropecuario se materializó en el Código Agrario de
1962. El Código se enmarcó dentro la política exterior de Estados Unidos hacia
Latinoamérica mediante la llamada “Alianza para el Progreso”, creada para
enfrentar a la entonces naciente Revolución Cubana mediante la promoción de
políticas sociales que desactivaran conflictos potencialmente
desestabilizadores del orden vigente en la región. Esto incluía impulsar una reforma
agraria limitada, que atenuara las grandes desigualdades sociales que afectaban
el campo latinoamericano.
Así, la expedición del
Código Agrario fue seguida en 1963 por la creación de una agencia estatal de
Reforma Agraria, que debía legitimar la posesión de las tierras en manos de
pequeños campesinos, para protegerlos del despojo a manos de la gran propiedad
agraria. Sin embargo, esta política se hizo bajo un régimen jurídico que no
resolvió el problema de fondo, que persiste hasta nuestros días. En vez de
otorgar títulos de propiedad jurídicamente válidos a los pequeños campesinos
que demostraran el usufructo de sus tierras por un período de tiempo, la
Reforma Agraria creó un régimen jurídico intermedio, denominado Título
Posesorio, que brindaba un reconocimiento limitado a dichos campesinos, pero
que carecía de verdadero reconocimiento por el mercado capitalista. En Panamá
sólo la gran propiedad agraria posee Títulos de Propiedad, mientras que la gran
masa de campesinos posee Títulos Posesorios, lo cual ha sido causa de
conflictos hasta el presente.
Aunque el Código
Agrario se proponía la volición “del acaparamiento de tierras incultas u
ociosas con fines especulativos”, sus resultados fueron pobres, por no decir
nulos. En 1968, se había expedido sólo el 9,7% de los títulos solicitados, que
apenas representaban 44 mil ha. “Además, sólo se adquirieron para el fondo de
tierras de la reforma agraria 14 fincas que representaban 11.068 hectáreas”
(Pág.155), apenas el 2,3% del total de fondos de tierras que se había
proyectado hasta 1977.
Un pequeño cambio se
observa en la política agraria con posterioridad al Golpe de Estado de 1968,
bajo el régimen populista del general Omar Torrijos. La Estrategia nacional para el desarrollo 1970-1980 presentada al país
en 1971 se propuso aumentar la participación del sector agrícola en el PIB
impulsando las exportaciones agropecuarias mediante una serie de políticas
proteccionistas e incentivos. Este es el período de la historia republicana en
que el Estado panameño se dotó de la más amplia política agropecuaria, cuyos
alcances ayudaron a consolidar el proceso de expansión capitalista en el campo
panameño, sin resolver las disparidades sociales, pese a incluir medidas de
amortiguamiento de las mismas.
Las políticas económicas
y sociales para el campo en la década torrijista incluyeron incentivos
crediticios; fomento de la mecanización y la innovación tecnológica;
exoneraciones fiscales; altas tasas arancelarias a importaciones de
determinados productos; amplia inversión en caminos de penetración; apoyos a la
comercialización, como el establecimiento de precios sostén para determinados
rubros; la creación de empresas estatales en el rubro de los ingenios
azucareros, que producían para el mercado nacional, y permitían a los ingenios
privados producir para la exportación, y la entrega de tierras a precaristas
bajo la forma jurídica de los Asentamientos Campesinos, para su explotación
colectiva. Ni antes, ni después hubo una política más ambiciosa para el sector.
Todo ello se tradujo en
una expansión productiva que logró la autosuficiencia en la producción de
arroz, y una cobertura de la producción nacional en otros rubros de la canasta
básica como azúcar, frijol y maíz. Sin embargo, las políticas proteccionistas
declinarían a partir del impacto de la crisis económica mundial, en 1974, al
punto de paralizar iniciativas como la expansión de los ingenios estatales, que
entró en franca crisis en los años posteriores.
Gandásegui sintetiza
los resultados de esta fase histórica en los siguientes términos:
En
cuanto al sector del campesinado, aunque esta expansión del capitalismo en la
agricultura creó asentamientos, juntas agrarias y cooperativas de producción
agropecuaria, la masa campesina en su conjunto disminuyó debido al proceso de
proletarización generado en el campo. (Pág. 179).
Así, el desarrollo de
relaciones sociales capitalistas en el campo no resolvió la crisis de la
pequeña producción, que siguió produciendo fuerza de trabajo para la
agroindustria o la emigración urbana.
La transformación de las relaciones sociales de producción
en el agro panameño (1960-1978)
El capítulo V del libro
se ocupa del proceso de transformación de las relaciones sociales de producción
en el campo panameño, a partir de los criterios teóricos presentados en el
primer capítulo sobre el proceso de subsunción del trabajo. Para ello, utiliza
una metodología que calcula los requerimientos de “días/hombres” de trabajo en
los 8 principales rubros de producción y por regiones productivas en el período
que va de 1960 a 1978. Los rubros del estudio son: arroz, maíz, caña de azúcar,
frijol, tomate, banano, plátano y café.
El análisis distingue
entre los rubros en que la fuerza de trabajo ha sido subsumida realmente por el
capital, como la producción de banano; aquellos en que hay una subsunción
formal o parcial a través del trabajo estacionales, como la caña de azúcar, el
tomate y el café, y aquellos en que la subsunción sigue siendo indirecta, como
en las producciones de maíz y frijol.
Al respecto, se distinguen
dos períodos. El primero, entre 1960 y 1970, en que la expansión capitalista en
el agro tuvo un carácter “veloz” y operó mediante un proceso “más violento y
desordenado”, y el ocurrido entre 1970 y 1978, en que el “reordenamiento
impuesto por el gobierno frenó el desalojo irracional de la población campesina
de sus tierras”, logrando retener a miles de familias en las áreas rurales,
constituyéndolas como reserva de la fuerza de trabajo (Pág. 184).
Las conclusiones
generales de la investigación demuestran el proceso de penetración de las
relaciones producción capitalistas en el agro panameño en el período bajo
estudio. Así, el Cuadro No. 75 muestra la evolución medida en “requerimientos
de mano de obra, según tipo de subsunción, en miles de días/hombres de
trabajo”, entre 1961 y 1978. En 1961, la subsunción indirecta demandaba el
46,3% de la fuerza de trabajo; la formal el 22,3%, y la real el 31,4%. En 1978,
la indirecta reclamaba el 20,9% de la fuerza de trabajo; la formal, el 30,5%, y la real el 48,6%.
Lo anterior muestra un
aumento sistemático del proceso de penetración de las relaciones sociales
capitalistas en los procesos de trabajo del sector agropecuario panameño, que
alcanzó a la mitad de la fuerza de trabajo al final del período estudiado. Las otras
formas persisten, aunque en decadencia.
El Código Agrario y la penetración capitalista en el campo
En el Anexo, el autor
identifica tres momentos históricos del conflicto social en el campo entre los
siglos XIX y XX. El primero, a mediados del siglo XIX, coincide con la
reactivación económica por la construcción del ferrocarril transístmico. Una
pequeña guerra civil entre los pequeños productores de la región de Azuero y
los grandes terratenientes de las provincias de Veraguas y Coclé, parece haber
estado vinculada a la disputa por el control del abastecimiento de la zona de
tránsito.
El segundo momento
corresponde a la guerra civil de 1899 – 1903 – conocida como Guerra de los Mil
Días (1899 -1903) -, cuando Panamá aún formaba parte de Colombia. Iniciada en
Colombia como una disputa entre los partidos liberal y conservador por motivos
esencialmente políticos, adquirió en Panamá la connotación de una guerra
campesino-indígena contra los terratenientes, en la que los primeros defendían
sus tierras de cultivo de las arbitrarias expropiaciones por los ganaderos, y
de la carga de impuestos que les imponían el Estado y la Iglesia. Victoriano
Lorenzo fue fusilado en 1903.
El tercer momento, ya
en el siglo XX, de desarrolla entre las década de 1930 y 1960, cuando tiene
lugar un proceso de organización y politización de los campesinos precaristas
en conflicto con los terratenientes, con el apoyo del Partido Socialista y el
Partido Comunista. En esta fase se producen grandes movilizaciones campesinas,
dirigidas por el socialista Demetrio Porras, y ocurre un proceso de
autoorganización que produjo decenas de Ligas Campesinas y
cooperativas agrícolas, como la “Juan XXIII”, promovida desde la jerarquía de
la Iglesia Católica, para contrarrestar la influencia de socialistas y
comunistas. Este proceso desembocaría en la década de 1970, bajo el régimen del
general Torrijos, en el sistema de Asentamientos Campesinos, por el que se
entregaban tierras nacionales y expropiadas (las menos) a campesinos
precaristas para que las explotaran colectivamente con el apoyo en la
comercialización del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
Gandásegui estima que,
pese a la influencia de los comunistas de mitad de siglo pasado en el
campesinado precarista, éstos no tenían una comprensión correcta de la
penetración del capitalismo en el campo panameño. Al respecto, plantea lo
siguiente:
La
dirección política del movimiento campesino adoptó la visión ideológica del
Partido del Pueblo, que identificaba a los terratenientes como señores feudales.
El error no le permitió a los campesinos, y a sus aliados, comprender la
dirección de los acontecimientos.
Para el autor, lo
ocurrido en Panamá no ha sido una lucha democrático burguesa contra el
feudalismo, sino un proceso de penetración y modernización capitalista del
agro, que operado mediante la subsunción formal (o indirecta) al capital, que a
su vez ha abierto paso a la subsunción real (o directa) al capital. En el
primer caso, aun cuando el campesino - pequeño, mediano o grande -, mantiene
sus formas de trabajo y su propiedad sobre la tierra, es explotado por el
capital indirectamente mediante las cadenas de comercialización y crédito. En
el segundo, cuando el precarista ya no puede sostener a su familia con su
trabajo directo sobre la tierra, o es despojado de su tierra por el ganadero
terrateniente, se ve obligado a vender su fuerza de trabajo como peón de las
grandes haciendas o agroindustrias, o emigra a las ciudades en busca de
compradores para la única mercancía de que dispone: su propia fuerza de
trabajo.
Al respecto, dice
Gandásegui, la izquierda del período no percibió que el propio Código Agrario
de 1962 fue – y sigue siendo - la forma jurídica que adquirió el proceso de
penetración capitalista en el campo. “No es casual”, dice,
que
el gobierno encubriera la política de reforma agraria con su velo popular. Los
sectores que luchaban por una reforma agraria que beneficiara a
los campesinos no comprendieron bien lo que ocurría. Concebían el
sistema del asalariado (capitalista) en oposición a la ganadería (de rasgos
feudales). Confundían la enfermedad con el “bisturí”. . Era precisamente por
medio del sistema de ganadería extensivo que se separaba rápidamente al
campesino de la tierra. Era la forma más eficiente, además, de generar una
amplia masa de fuerza de trabajo. En otras palabras, el Código Agrario de 1962
fue el instrumento que utilizó el desarrollo capitalista para abrirse paso en
el agro sin contratiempos legales.
Estos criterios son
válidos tanto para la década de 1960 como para el régimen de Omar Torrijos.
Este mantuvo la vigencia del Código Agrario y todas sus medidas - que hoy
podrían ser vistas como “progresivas” desde la óptica neoliberal vigente -,
propiciaron el desarrollo del capitalismo en el agro panameño, mediatizando sus
peores contradicciones mediante una gestión social populista. No es casual que
bajo su régimen Panamá pasara de ser un país mayormente rural a uno urbano.
Conclusiones
La fuerza de trabajo en el agro es, sin duda, una
referencia obligada para cualquier investigación que pretenda actualizar el
análisis del sector agropecuario de la economía panameña. En esa perspectiva,
constituye un valioso antecedente para abordar el proceso de desarrollo del
capitalismo en el agro más allá de las transformaciones en curso a partir de la
década de 1980, que dieron lugar a la consolidación y ampliación de los
resultados de dicho proceso.
La década de 1980, en
efecto, estuvo marcada por la llamada “Crisis de la Deuda” latinoamericana, la
imposición de los criterios económicos del “Consenso de Washington”, que abrió
paso a la globalización neoliberal, con claras consecuencias para el sector
agropecuario. Esa fue, también, la década en que tuvo lugar la crisis política
del régimen del General Noriega. Así, el período, 1980-1990 requiere un
análisis que establezca las tendencias en las relaciones sociales de producción
en el agro panameño bajo el influjo de esos fenómenos.
La fase posterior a la
Invasión de 1989 y el establecimiento del llamado régimen democrático se
caracteriza por la consolidación del neoliberalismo en Panamá, en particular
bajo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-97) y el ingreso del país a
la Organización Mundial de Comercio. Todo ello dio lugar a una inflexión en las
políticas económicas para el sector agropecuario.
A partir del año 2000,
con la reversión del Canal, parece configurarse otro momento, con un esquema de
acumulación centrado en el rentismo inmobiliario, de efectos muy específicos en
la lucha por la propiedad de la tierra, en especial en zonas costeras, y en
conflicto creciente que enfrenta a empresas mineras e hidroeléctricas con las
pequeñas comunidades rurales y las etnias indígenas de tierras altas. En ese
marco ocurre, en 2012, la entrada en vigencia del Tratado de Promoción
Comercial con Estados Unidos, que abre un capítulo nuevo y turbulento en la
historia de la producción agropecuaria panameña.
El libro de Gandásegui
señaló un camino, y recorrió su primer tramo. Aún está pendiente la tarea de
recorrer ese camino hasta el presente, y trazar sus alternativas de futuro.
Panamá, enero de 2013.
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