Mucho se ha hablado el
último tiempo acerca de la necesidad de llevar a cabo un cambio radical a
nuestra constitución, la importancia de este tema ha sido tal, que todos y cada
uno de los candidatos a la presidencia han debido posicionarse –a favor o en
contra- respecto de él, siendo hoy por hoy uno de los temas más candentes de la
agenda política.
Víctor Sepúlveda
Contreras* / Especial para Con Nuestra América
Desde Santiago de Chile
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| El reclamo por una nueva Constitución toma fuerza en la contienda electoral en Chile. |
Ahora bien, ¿qué implica cambiar una constitución? Según
el apóstol de Cuba, José Martí, un cambio en las leyes es la promesa de toda
revolución, aquella de representar el alma de un pueblo que antes fue ocultada
u oprimida. Aún sin posicionarnos desde el legalismo (punto de vista que
considera a las leyes como fundamento de toda acción humana y social), podemos
reconocer claramente y sin temor a equivocarnos la enorme influencia que las
leyes ejercen sobre nuestra manera de desarrollar nuestras relaciones sociales.
Un ejemplo concreto de
aquello podemos encontrarlo en la constitución política chilena de 1980 que,
valga la aclaración, fue promulgada de manera despótica y sanguinaria. Dicha
constitución despojaba a los ciudadanos de sus derechos sociales fundamentales:
como la educación, las pensiones dignas y la salud. ¿Cómo ha repercutido esto
en las relaciones sociales del país? En la creciente toma de conciencia por
parte de las clases populares de dicho despojo, y de la necesidad de
articularse en solidaridad de clase para la restitución de tales garantías; en
suma, nos atrevemos a afirmar que el mismo código patrio pensado para
garantizar la paz y el orden es hoy en día el germen de la agitación, el
descontento y la protesta social.
Volvamos un momento
sobre el debate político actual para comprender la importancia que tiene un
cambio constitucional y por qué en muchos sectores el solo pensar en ello
provoca alergias y malas caras. El 12 de abril de 2013 Michelle Bachelet,
candidata presidencial de distintos sectores que se reivindican como
izquierdistas y progresistas, afirmaba: "Chile vive
una nueva época, tiene nuevos actores sociales y desafíos, por lo tanto se
requiere una nueva Constitución para este nuevo Chile".[1] De tal manera, la candidata que según distintos sondeos será electa como
presidenta en diciembre próximo, abría las puertas a un vuelco radical a la
legalidad que impuso el régimen pinochetista y cuyo legado para los sectores
más desposeídos no es otro que el endeudamiento y la precarización constante de
sus condiciones de vida. Sin embargo, tales afirmaciones no serían más que un veranito de San Juan antes del gris
panorama que presenta un eventual nuevo gobierno de la Concertación, reciclada
bajo el rótulo de “Nueva Mayoría”. Esto, pues al poco tiempo Bachelet cierra a
las puertas a una salida para la grave crisis institucional y política que
aqueja a la sociedad chilena mediante una Asamblea Constituyente; el 8 de julio
del mismo año Bachelet declaraba en ADN Radio: “Nunca dije que
yo estaba por la Asamblea Constituyente, lo que yo dije era que yo no estaba
prejuiciosamente en contra de ninguna opción”[2] .
Ante tamaña vuelta de chaqueta es que volvemos sobre las ideas de Martí para
preguntarnos nuevamente qué implica cambiar la constitución y por qué dicha acción
demandada por amplios sectores causa tanto temor y vacilaciones en los sectores
políticos tradicionales. Siguiendo al buen pensador cubano, podemos advertir el
rol fundamental que desempeñaron aquellos “Códigos Nuevos” que celebraron los
nacientes pueblos americanos, en la clausura histórica del orden colonial y el
entramado de desigualdades que pesaron sobre sus colonias. Decía Martí: “Roto
un Estado social, se rompen sus leyes, puesto que ellas constituyen el Estado.
Expulsados unos gobernantes perniciosos, se destruyen sus modos de gobierno”[3] . Justamente en aquel aspecto es
que reside el miedo a una nueva constitución, en el pánico ante la eventual
destrucción de un orden social que le permitió, tanto al régimen militar como a
la Concertación –Sra. Bachelet incluida-, gobernar con tranquilidad manipulando
al ejército y las fuerzas de orden público hacia la contención y represión de
las demandas populares.
Los sectores de derecha y su
candidato Pablo Longueira, herederos por derecho propio de toda la herencia
golpista y asesina de Pinochet, tiemblan de solo pensar que el orden jurídico
que orquestaron para la paz y el orden se tambalea antes los embates de los
pueblos organizados; superar la constitución de 1980 supone dar por superado el
legado político e institucional que ha posibilitado que aquella minoría
desempeñe un rol determinante en términos representativos, razón por la cual
ellos nunca aceptarían un cambio constitucional de esa envergadura. La “Nueva
Mayoría” por su parte, comienza a percatarse que un cambio completo a la
constitución significa también la clausura histórica de su legado, que se
fundió con el de la derecha el día en que Ricardo Lagos firmó la constitución
del 80, allá por septiembre del año 2005. Por eso no ha de extrañarnos que sus
miembros más ilustres, como Camilo Escalona opinen que hablar de una Asamblea
Constituyente es como: “que nos pongamos a fumar opio en un
escenario ficticio, inexistente, de una crisis institucional que no existe”[4]. La
vía de las reformas a través del Senado le es cómoda a la “Nueva Mayoría” pues
le permitió dominar el espectro político durante veinte años, sirviéndose del
marco jurídico y de las fuerzas de orden público convertidas en sus sicarios,
para amedrentar las legítimas demandas de los sectores populares. Hartados de
modificar a su antojo la constitución de 1980, han terminado por
personificarla, por hacerla propia y defenderla a raja tabla separándose
radicalmente de cualquier aspiración a la justicia social.
Más allá de estos dos sectores cuyo
cuerpo y alma están representados en el orden jurídico que despojó a chilenos y
chilenas de los derechos fundamentales que les son propios, se levantan
candidaturas paralelas que cada vez cobran mayor fuerza y cuyo principal
estandarte ha sido la puesta en marcha de las condiciones para la realización
de una Asamblea Constituyente que represente a cabalidad la voluntad soberana
del pueblo de Chile. Cualquier discusión respecto a la forma de dicha asamblea
es inherente a la asamblea misma, por lo que la discusión sobre las formas no
debe ser una traba para trabajar en las condiciones que permitan su puesta en
marcha. De tal forma llamamos a llevar a cabo un apoyo irrestricto a las
candidatura de Roxana Miranda o Marcel Claude, quienes no conciben horizonte
político alguno sin lapidar la constitución del 80 y las momias que desde la
derecha y la “Nueva Mayoría” intentan sustentarla.
*Profesor de Filosofía
de la Universidad de Santiago de Chile (USALCH)
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