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sábado, 13 de julio de 2013

Por una nueva constitución para un nuevo Chile

Mucho se ha hablado el último tiempo acerca de la necesidad de llevar a cabo un cambio radical a nuestra constitución, la importancia de este tema ha sido tal, que todos y cada uno de los candidatos a la presidencia han debido posicionarse –a favor o en contra- respecto de él, siendo hoy por hoy uno de los temas más candentes de la agenda política. 

Víctor Sepúlveda Contreras* / Especial para Con Nuestra América 
Desde Santiago de Chile

El reclamo por una nueva Constitución toma
fuerza en la contienda electoral en Chile.
Ahora bien,  ¿qué implica cambiar una constitución? Según el apóstol de Cuba, José Martí, un cambio en las leyes es la promesa de toda revolución, aquella de representar el alma de un pueblo que antes fue ocultada u oprimida. Aún sin posicionarnos desde el legalismo (punto de vista que considera a las leyes como fundamento de toda acción humana y social), podemos reconocer claramente y sin temor a equivocarnos la enorme influencia que las leyes ejercen sobre nuestra manera de desarrollar nuestras relaciones sociales.

Un ejemplo concreto de aquello podemos encontrarlo en la constitución política chilena de 1980 que, valga la aclaración, fue promulgada de manera despótica y sanguinaria. Dicha constitución despojaba a los ciudadanos de sus derechos sociales fundamentales: como la educación, las pensiones dignas y la salud. ¿Cómo ha repercutido esto en las relaciones sociales del país? En la creciente toma de conciencia por parte de las clases populares de dicho despojo, y de la necesidad de articularse en solidaridad de clase para la restitución de tales garantías; en suma, nos atrevemos a afirmar que el mismo código patrio pensado para garantizar la paz y el orden es hoy en día el germen de la agitación, el descontento y la protesta social.

Volvamos un momento sobre el debate político actual para comprender la importancia que tiene un cambio constitucional y por qué en muchos sectores el solo pensar en ello provoca alergias y malas caras. El 12 de abril de 2013 Michelle Bachelet, candidata presidencial de distintos sectores que se reivindican como izquierdistas y progresistas, afirmaba: "Chile vive una nueva época, tiene nuevos actores sociales y desafíos, por lo tanto se requiere una nueva Constitución para este nuevo Chile".[1] De tal manera, la candidata que según distintos sondeos será electa como presidenta en diciembre próximo, abría las puertas a un vuelco radical a la legalidad que impuso el régimen pinochetista y cuyo legado para los sectores más desposeídos no es otro que el endeudamiento y la precarización constante de sus condiciones de vida. Sin embargo, tales afirmaciones no serían más que un veranito de San Juan antes del gris panorama que presenta un eventual nuevo gobierno de la Concertación, reciclada bajo el rótulo de “Nueva Mayoría”. Esto, pues al poco tiempo Bachelet cierra a las puertas a una salida para la grave crisis institucional y política que aqueja a la sociedad chilena mediante una Asamblea Constituyente; el 8 de julio del mismo año Bachelet declaraba en ADN Radio: “Nunca dije que yo estaba por la Asamblea Constituyente, lo que yo dije era que yo no estaba prejuiciosamente en contra de ninguna opción”[2] .

Ante tamaña vuelta de chaqueta es que volvemos sobre las ideas de Martí para preguntarnos nuevamente qué implica cambiar la constitución y por qué dicha acción demandada por amplios sectores causa tanto temor y vacilaciones en los sectores políticos tradicionales. Siguiendo al buen pensador cubano, podemos advertir el rol fundamental que desempeñaron aquellos “Códigos Nuevos” que celebraron los nacientes pueblos americanos, en la clausura histórica del orden colonial y el entramado de desigualdades que pesaron sobre sus colonias. Decía Martí: “Roto un Estado social, se rompen sus leyes, puesto que ellas constituyen el Estado. Expulsados unos gobernantes perniciosos, se destruyen sus modos de gobierno”[3] . Justamente en aquel aspecto es que reside el miedo a una nueva constitución, en el pánico ante la eventual destrucción de un orden social que le permitió, tanto al régimen militar como a la Concertación –Sra. Bachelet incluida-, gobernar con tranquilidad manipulando al ejército y las fuerzas de orden público hacia la contención y represión de las demandas populares.

Los sectores de derecha y su candidato Pablo Longueira, herederos por derecho propio de toda la herencia golpista y asesina de Pinochet, tiemblan de solo pensar que el orden jurídico que orquestaron para la paz y el orden se tambalea antes los embates de los pueblos organizados; superar la constitución de 1980 supone dar por superado el legado político e institucional que ha posibilitado que aquella minoría desempeñe un rol determinante en términos representativos, razón por la cual ellos nunca aceptarían un cambio constitucional de esa envergadura. La “Nueva Mayoría” por su parte, comienza a percatarse que un cambio completo a la constitución significa también la clausura histórica de su legado, que se fundió con el de la derecha el día en que Ricardo Lagos firmó la constitución del 80, allá por septiembre del año 2005. Por eso no ha de extrañarnos que sus miembros más ilustres, como Camilo Escalona opinen que hablar de una Asamblea Constituyente es como: “que nos pongamos a fumar opio en un escenario ficticio, inexistente, de una crisis institucional que no existe[4]. La vía de las reformas a través del Senado le es cómoda a la “Nueva Mayoría” pues le permitió dominar el espectro político durante veinte años, sirviéndose del marco jurídico y de las fuerzas de orden público convertidas en sus sicarios, para amedrentar las legítimas demandas de los sectores populares. Hartados de modificar a su antojo la constitución de 1980, han terminado por personificarla, por hacerla propia y defenderla a raja tabla separándose radicalmente de cualquier aspiración a la justicia social.

Más allá de estos dos sectores cuyo cuerpo y alma están representados en el orden jurídico que despojó a chilenos y chilenas de los derechos fundamentales que les son propios, se levantan candidaturas paralelas que cada vez cobran mayor fuerza y cuyo principal estandarte ha sido la puesta en marcha de las condiciones para la realización de una Asamblea Constituyente que represente a cabalidad la voluntad soberana del pueblo de Chile. Cualquier discusión respecto a la forma de dicha asamblea es inherente a la asamblea misma, por lo que la discusión sobre las formas no debe ser una traba para trabajar en las condiciones que permitan su puesta en marcha. De tal forma llamamos a llevar a cabo un apoyo irrestricto a las candidatura de Roxana Miranda o Marcel Claude, quienes no conciben horizonte político alguno sin lapidar la constitución del 80 y las momias que desde la derecha y la “Nueva Mayoría” intentan sustentarla.

*Profesor de Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile (USALCH)

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