Ecuador y las petroleras

Las reacciones de la Chevron-Texaco contra Ecuador, con el propósito de desprestigiar al país y eludir un pago millonario a las poblaciones amazónicas, decidido por un fallo judicial, solo pueden merecer la unidad nacional contra una empresa que ha sido responsabilizada por daños ambientales impresionantes.

Juan J. Paz y Miño Cepeda / El Telégrafo

Eloy Alfaro fue el primer presidente ecuatoriano en celebrar un contrato con el ciudadano inglés Carlton Granville Dune para la explotación de minas o yacimientos de petróleo, asfalto y gas natural (1909). Ese contrato alarmaría en el presente, porque otorgaba a Granville condiciones absolutamente privilegiadas y “libres”, que contrastaban con las que aprovecharía el Estado, a favor de la instrucción pública y la beneficencia.     

Años más tarde, la primera Junta nacida de la Revolución Juliana realizó una concesión hidrocarburífera a Pedro S. Barreiro V., y otro arrendamiento de 2.800 hectáreas en Santa Elena, a favor de Luther Hill Kirby (1925). Pero la segunda Junta autorizó el traspaso de ese contrato a favor de The South America Gulf Oil, y suscribió el contrato con la Leonard Exploration Co. (1926), que recibió 25 mil kilómetros cuadrados en la región amazónica. En 1927, el presidente Isidro Ayora autorizó a la Sociedad Comercial Anglo Ecuatoriana para que transfiriera a la Anglo Ecuadorian Oilfields Lmtd. las minas de petróleo que poseía en Santa Elena y concretó el contrato con Anglo, a la que se le concedieron  405 hectáreas.
   

Los contratos con Leonard y Anglo inauguraron la verdadera historia petrolera del Ecuador, pues habían ingresado al país los gigantes monopolios de la era imperialista, que se aprovecharon, con indudable ventaja, de un país que carecía de experiencia y que tampoco tenía un solo experto petrolero, como para entender la voracidad de las compañías. 

Las petroleras extranjeras gozaron, en adelante, de situaciones privilegiadas. En la década de los sesenta su voracidad estalló, en lo que un investigador ecuatoriano bien calificó como “el festín del petróleo”. Solo la política nacionalista de la dictadura militar presidida por Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) acabó con ese “festín”.

Desde los años ochenta, junto con la afirmación del modelo empresarial de desarrollo, fue desarticulado el papel regulador del Estado y las compañías petroleras recobraron el papel voraz, tan característico de su historia en toda Latinoamérica.

Bajo ese telón de fondo, las reacciones de la Chevron-Texaco contra Ecuador, con el propósito de desprestigiar al país y eludir un pago millonario a las poblaciones amazónicas, decidido por un fallo judicial, solo pueden merecer la unidad nacional contra una empresa que ha sido responsabilizada por daños ambientales impresionantes, durante el tiempo que operó en el país.

Sustituir utilidades por acciones y compensación jubilar por bonos, resultan fórmulas que afectan a los trabajadores. Y en forma grave a los jubilados públicos. Además, son mecanismos de flexibilidad laboral que atentan contra principios históricos del derecho del trabajo: pro-operario, intangibilidad, irrenunciabilidad de derechos, pagos en efectivo, etc., universalmente reconocidos.