Las reacciones de la Chevron-Texaco contra Ecuador, con el propósito
de desprestigiar al país y eludir un pago millonario a las poblaciones
amazónicas, decidido por un fallo judicial, solo pueden merecer la unidad
nacional contra una empresa que ha sido responsabilizada por daños ambientales
impresionantes.
Juan J. Paz y Miño
Cepeda / El Telégrafo
Eloy Alfaro fue el primer
presidente ecuatoriano en celebrar un contrato con el ciudadano inglés Carlton
Granville Dune para la explotación de minas o yacimientos de petróleo, asfalto
y gas natural (1909). Ese contrato alarmaría en el presente, porque otorgaba a
Granville condiciones absolutamente privilegiadas y “libres”, que contrastaban
con las que aprovecharía el Estado, a favor de la instrucción pública y la beneficencia.
Años más tarde, la
primera Junta nacida de la Revolución Juliana realizó una concesión
hidrocarburífera a Pedro S. Barreiro V., y otro arrendamiento de 2.800
hectáreas en Santa Elena, a favor de Luther Hill Kirby (1925). Pero la segunda
Junta autorizó el traspaso de ese contrato a favor de The South America Gulf
Oil, y suscribió el contrato con la Leonard Exploration Co. (1926), que recibió
25 mil kilómetros cuadrados en la región amazónica. En 1927, el presidente
Isidro Ayora autorizó a la Sociedad Comercial Anglo Ecuatoriana para que
transfiriera a la Anglo Ecuadorian Oilfields Lmtd. las minas de petróleo que
poseía en Santa Elena y concretó el contrato con Anglo, a la que se le
concedieron 405 hectáreas.
Los contratos con Leonard y Anglo inauguraron la verdadera historia
petrolera del Ecuador, pues habían ingresado al país los gigantes monopolios de
la era imperialista, que se aprovecharon, con indudable ventaja, de un país que
carecía de experiencia y que tampoco tenía un solo experto petrolero, como para
entender la voracidad de las compañías.
Las petroleras extranjeras gozaron, en adelante, de situaciones
privilegiadas. En la década de los sesenta su voracidad estalló, en lo que un
investigador ecuatoriano bien calificó como “el festín del petróleo”. Solo la
política nacionalista de la dictadura militar presidida por Guillermo Rodríguez
Lara (1972-1976) acabó con ese “festín”.
Desde los años ochenta, junto con la afirmación del modelo empresarial
de desarrollo, fue desarticulado el papel regulador del Estado y las compañías
petroleras recobraron el papel voraz, tan característico de su historia en toda
Latinoamérica.
Bajo ese telón de fondo, las reacciones de la Chevron-Texaco contra
Ecuador, con el propósito de desprestigiar al país y eludir un pago millonario
a las poblaciones amazónicas, decidido por un fallo judicial, solo pueden
merecer la unidad nacional contra una empresa que ha sido responsabilizada por
daños ambientales impresionantes, durante el tiempo que operó en el país.
Sustituir utilidades por acciones y compensación jubilar por bonos,
resultan fórmulas que afectan a los trabajadores. Y en forma grave a los
jubilados públicos. Además, son mecanismos de flexibilidad laboral que atentan
contra principios históricos del derecho del trabajo: pro-operario,
intangibilidad, irrenunciabilidad de derechos, pagos en efectivo, etc.,
universalmente reconocidos.
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