Faltando 6 meses para las elecciones generales
de mayo de 2014, el presidente Martinelli ha creado un ambiente de zozobra en
el país, tanto en lo concerniente a lo social como también en lo político. En
la primera semana de octubre provocó una crisis en el sector salud. Al mismo
tiempo, arrastra problemas en el sector educativo, estudiantil, indígena y en
el transporte.
Marco
A. Gandásegui, h. / Para Con Nuestra América
Desde
Ciudad Panamá
Los médicos y trabajadores de la salud han
decretado un paro de labores en oposición a una ley aprobada a tambor batiente
que pretende privatizar los servicios de salud tanto del gobierno nacional como
los de la Caja de Seguro Social. A su vez, el presidente pretende abrirle la
puerta a la contratación de médicos extranjeros en una operación ligada a la
construcción de una ‘Ciudad Hospitalaria’.
Esta ciudad es un complejo de edificaciones que tiene un costo de US$500
millones de dólares que pareciera estar desvinculada de las demandas de salud
del país.
Al igual que en el sector educativo, el
gobierno actual maneja el sector salud como un negocio. Las estadísticas que
arrojan resultados de morbilidad y mortalidad, así como en acueductos rurales o
nutrición han sido descartadas. En materia de agua potable, enfermedades contagiosas
y alimentación el país retrocede.
Sin embargo, el gobierno celebra sus avances
en el campo de las finanzas. Con satisfacción señala que las transacciones en
salud benefician cada vez más a los inversionistas. Incluso, invitan a los
especuladores a Panamá donde encontrarán terreno fértil para hacer ganancias a
costilla de las pérdidas del pueblo panameño.
Según los gremios médicos, la semana pasada
una empresa española llegó a los centros de salud del interior con órdenes
superiores de que debían asumir la dirección de los establecimientos.
“En las provincias de Chiriquí y Coclé los
representantes de 2 compañías españolas (Health
Lean Logistics) se presentaron ante las autoridades alegando que eran
poseedores de la Concesión
Administrativa de toda la Red Primaria de Atención”. En 2012, la
Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) denunció el pago de 3.1
millones de dólares a una Consultora privada de España.
Los médicos sospechan que hubo corrupción ya
que un grupo de médicos panameños se ofrecieron para hacer la asesoría ad honorem. La oferta no fue aceptada
por las autoridades de salud.
La empresa española que recibió el beneplácito
del gobierno para montar la “Red
Primaria” es la misma que en ese país peninsular organizó la atención privatizada
en Madrid y otras regiones. Según los gremios médicos la experiencia española
ha “sido un estrepitoso fracaso” para la población.
La Health Lean Logistic (HLL) es una empresa de Cataluña que
se constituyó el 25 de mayo de 2004 en Barcelona. La empresa se
ganó la licitación por parte de la CSS del sistema de aprovisionamiento y
manejo de medicamentos así como de productos utilizados por los centros
hospitalarios y sanitarios públicos del país.
El importe de la adjudicación asciende a más de 3
millones de euros (equivalente a 4 millones de dólares) y tiene una
duración de tres años.
La resolución de Gabinete No 74 de 17 de mayo de
2011, que emite concepto favorable a la externalización de los servicios, está
en abierta violación de la ley 51 de 2005 que “prohíbe externalizar servicios:
Queda expresamente prohibida la externalizarían de aquellos servicios que la
CSS se provee a sí misma y a los asegurados de manera formal, salvo en
los casos en que la institución se encuentre temporalmente imposibilitada. En
esta última circunstancia, las autoridades de la Caja de Seguro Social estarán
obligadas a acelerar los procesos que permitan eliminar lo más rápidamente
posible la adquisición externa de dichos servicios”.
El objetivo del presidente Martinelli, según
COMENENAL, es privatizar todo el sistema de salud del país. La empresa española
Health Lean Logistics pretende
dividir el país en tres regiones y crear concesiones administrativas privadas.
Actualmente, los servicios de salud del sector público representan varios miles
de millones de dólares.
Según los gremios, el propósito de importar
personal de salud especializado de otros países
extranjeros sería para abaratar la mano de obra, destruir las
organizaciones y someter a los trabajadores de la salud a condiciones
económicas desfavorables. “La nueva legislación es la herramienta para crear
mano de obra barata extranjera que maximice las ganancias de las compañías
privadas”. El siguiente paso es rebajar los salarios de los médicos y otros
trabajadores de la salud panameños.
Los médicos también denunciaron la contratación
directa - por un total de 15 años - de la administración de la futura Ciudad
Hospitalaria de la CSS a una empresa privada. La Ciudad Hospitalaria
pretende convertir ese centro de salud en el ‘hub’ de la región latinoamericana
en esta materia. Sería una sucursal de los centros hospitalarios que existen
actualmente en Houston, EEUU. El gobierno pretende que los concesionarios
tengan clínicas con capacidad para
atender ‘clientes’ extranjeros de toda la región. En medio del complejo se está
construyendo un hotel para recibir a los ‘clientes’ (que ya no se llaman
pacientes).
Los panameños que serían atendidos en los
diversos hospitales y podrían alojarse en el hotel tendrían que pagar precios
competitivos a nivel internacional. Es decir, el 90 por ciento de los panameños
no tendrían acceso a los servicios de las clínicas y hotel de la Ciudad
Hospitalaria.
Los médicos y otros gremios de la salud han
planteado que se mantendrán firmes en su oposición contra los planes de
privatización del gobierno. En su pliego exigen cuatro condiciones para poner
fin al paro:
En primer lugar, un compromiso por escrito y
público del gobierno y las autoridades de salud a no seguir privatizando la
salud. Además, que no se dé concesión administrativa alguna a la llamada ciudad
hospitalaria. Exigen que tampoco se manipulen contratos ‘publico-privados’. A
su vez, plantean que todo acuerdo pase por la Mesa del Diálogo que actualmente
discute el nuevo Código Sanitario.
En segundo lugar, piden la derogación de la
ley aprobada sin consulta con los sectores interesados.
También piden la “restitución de todos los
colegas médicos, enfermeras, técnicos y funcionarios administrativos
despedidos”. Plantean el “pago de todos los turnos extras adeudados desde hace
4 meses a todos los médicos, enfermeras, técnicos, funcionarios
administrativos”.
10 de octubre de 2013.
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