Panamá: pasado, futuro, territorio

Si de cambios se trata, lo sensato sería promover y facilitar aquellos que contribuyeran a relacionar armónicamente entre sí la organización natural del territorio, con la organización territorial de la economía, mediante una nueva organización territorial del Estado.

Guillermo Castro H. / Especial para Con Nuestra América

Desde Ciudad Panamá

En Panamá, la decisión de crear una nueva provincia en la ribera Oeste de la vertiente Pacífica del Canal, aprobada como Ley por la Asamblea Nacional recientemente, ha suscitado diversas críticas. Inicialmente, lo fundamental de esas críticas se ha enmarcado en las mentalidades correspondientes al viejo orden establecido en Panamá entre 1903 y 1979. Tales cuestionamientos, en efecto, hacen referencia a problemas legales –cambios en documentos de identidad, símbolos patrios, etc.-; administrativos –creación de nuevas burocracias, mayor gasto improductivo, etc.-, y conflictos de pequeña política municipal, como la disputa por la nueva cabecera provincial entre los distritos de Arraiján y La Chorrera.

Otros planteamientos –como los del antropólogo Orlando Acosta sobre los riesgos que el nuevo ordenamiento conlleva para la gestión de la cuenca del Canal, sin embargo-, se corresponden con las mentalidades que empiezan a tomar forma a partir de la entrada en vigencia del Tratado Torrijos–Carter. El Tratado, en efecto, abrió paso a la incorporación del Canal a la economía interna de Panamá, potenció así la transformación del Corredor interoceánico en un complejo de transporte multimodal, y sentó las bases para establecer y desarrollar en ese Corredor toda una plataforma de servicios al comercio global.

Ese proceso sigue en marcha mediante una diversidad de procesos que van desde la conurbación en curso entre las ciudades de Panamá y Colón por un lado, y de Chorrera a Pacora a lo largo del litoral Pacífico, hasta la ampliación del Canal, la construcción del nuevo puente sobre el Canal en el Atlántico, y –a partir de allí– la de dos carreteras estratégicas. Una, que irá de Colón a Centro América por el litoral Atlántico –conectando entre si las salidas al Pacífico ya existentes en Petaquilla, Calovébora y Rambala, y otra que irá desde Río Indio hasta La Chorrera, por la ribera Occidental del lago Gatún, atravesando la cuenca del Trinidad en su desembocadura.

No hay duda alguna sobre la necesidad de ir a un nuevo ordenamiento territorial que ponga orden en estas transformaciones –hasta ahora espontáneas en una importante medida, y mal articuladas entre sí-, limitando sus efectos más destructivos y potenciando los más productivos. Sin embargo, la creación de la décima provincia, tal como ha sido concebida por los personeros del poder legislativo, fragmenta aún más el territorio en lo político–administrativo, contribuye a la segregación de elementos cuya integración debería ser favorecida –como el complejo logístico Panamá–Pacífico y los principales puertos asociados al Canal-, y terminará por elevar innecesariamente los costos de operación del Corredor Interoceánico, disminuyendo la competitividad de Panamá en el mercado global de servicios logísticos.

Si de cambios se trata, lo sensato sería promover y facilitar aquellos que contribuyeran a relacionar armónicamente entre sí la organización natural del territorio, con la organización territorial de la economía, mediante una nueva organización territorial del Estado. En la práctica, el Corredor Interoceánico ya abarca un conjunto de actividades que tienden a integrarse en un espacio común: el propio Canal, con su área de operaciones y toda su cuenca; los componentes del sistema de transporte multimodal y de la plataforma de servicios globales, y las ciudades que acogen a quienes trabajan en las diversas actividades que se llevan a cabo en el Corredor –que, según cálculos del economista Rubén Lachman, generan el 50% de la riqueza nacional.

Ese conjunto tendrá que se organizado eventualmente en una provincia del Canal, estructurada con el valle del Chagres como eje, y que abarque, en el litoral Pacífico, el sistema conurbado que va de Capira–Chorrera al Oeste, a Pacora en el Este; en el Atlántico, lo que va de Río Indio al Oeste a Portobelo al Oeste de la ciudad de Colón; el Corredor propiamente dicho, con la ciudades de Panamá al Sur y Colón al Norte, y la Cuenca del Canal, finalmente integrada en un marco político–administrativo adecuado a su gestión integral.

Esto, naturalmente, terminará por generar transformaciones en el conjunto del territorio nacional, en la medida en que facilite la generalización de las correspondencias entre la organización natural del territorio y la organización territorial de la economía y del Estado. La discusión de esas transformaciones –que estarán asociadas por necesidad a la multiplicación de vías de comunicación interoceánica que ya está en curso– requeriría un planteamiento separado.

De momento, dos tareas esperan por la labor de nuestros intelectuales, incluyendo a aquellos dedicados a tareas de dirección en las organizaciones sociales y económicas que hacen parte de nuestra sociedad civil. Una consiste en encarar críticamente las consecuencias de enfrentar los problemas del siglo XXI con la mentalidades del XIX. La otra, en iniciar las tareas de imaginación bien fundamentada que demanda poner en relación entre sí el enorme potencial de nuestra población y nuestros recursos con los desafíos y oportunidades que nos ofrece el mundo que emerge del proceso de globalización.

En esto, como en tantos otros temas, quizás tengamos que esperar a que pase lo que entre nosotros pasa por ser un campaña electoral, para poner sobre la mesa, finalmente, los problemas que realmente van a definir nuestro futuro. Con ello, habremos dado un paso de la mayor importancia por abrir paso a la verdadera renovación política que nuestro país demanda ya con tanta urgencia.