Panamá: “Hay que tirar pico y pala” si es necesario

El país tiene que incorporar, en forma integral, el Canal de Panamá a sus planes de desarrollo. Países como EEUU y China han aprovechado los grandes proyectos para impulsar diferentes iniciativas. El gobierno panameño sólo ve el proyecto de ampliación como una iniciativa empresarial.

Marco A. Gandásegui, h. / Especial para Con Nuestra América

Desde Ciudad Panamá

La crisis en torno al Canal de Panamá que actualmente sacude los cimientos de la economía panameña, me recuerda mi visita al proyecto de ‘Las Tres Gargantas’ en China hace una década. El proyecto gigantesco, que se realizó con un presupuesto de US$39 mil millones tenía tres objetivos, según los chinos. Primero, evitar las inundaciones periódicas provocadas por el poderoso río Yangtse. Segundo, crear condiciones para impulsar proyectos de irrigación. Tercero, brindarle seguridad al transporte fluvial. Por último, surtir de energía eléctrica a la enorme cuenca y, especialmente, a la ciudad de Shanghai.

La propuesta de ampliación del Canal de Panamá sólo se refiere a un objetivo, del cual se deriva un segundo. La ampliación del Canal contribuiría a la creciente expansión del comercio marítimo mundial altamente monopolizado. Además, al margen, le permitiría a un grupo de especuladores locales y extranjeros incrementar sus ‘rentas’ provenientes de los servicios prestados al comercio marítimo.

En los debates realizados en 2006 en torno al proyecto presentando por el gobierno del presidente Martín Torrijos, para la ampliación del Canal, nos opusimos al mismo por considerarlo muy corto de vista, olvidándose del país y del potencial de desarrollo que debería tener el proyecto para el futuro de Panamá. La propaganda oficial ahogó toda propuesta alternativa y el referéndum arrojó una mayoría favorable al proyecto presentado.

Seguimos siendo de la opinión que el país tiene que incorporar, en forma integral, el Canal de Panamá a sus planes de desarrollo. Países como EEUU y China han aprovechado los grandes proyectos para impulsar diferentes iniciativas. El gobierno panameño sólo ve el proyecto de ampliación como una iniciativa empresarial. De hecho, algunos años antes – 1997 – el Canal de Panamá fue supuestamente ‘blindado’ contra cualquier interés nacional e incorporado a la Constitución Política con un criterio mercantil.

Estos antecedentes nos permiten entender un poco mejor lo que está detrás del diferendo entre el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), contratista responsable de la construcción del tercer juego de esclusas, y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Según información que ha circulado profusamente en la prensa panameña, española y mundial, los integrantes del grupo que se ganó la licitación tenía desde un principio el plan de recurrir a los ‘sobre costes’ para realizar ganancias extraordinarias. Según fuentes españolas, “ocho de cada diez obras licitadas por las administraciones públicas acarrean sobrecostes, a pesar de que la ley vigente establece que debe ser un recurso excepcional”. Es el ‘modus operandi’. En una entrevista, Jorge Quijano actual administrador de la ACP, dijo que los españoles le pidieron que cambiara la ley panameña. “Les dije que no puedo cambiar la ley porque ellos quieren que yo negocie fuera del contrato”.

El gobierno panameño y la ACP tuvieron el tiempo suficiente para detectar la maniobra de los miembros del consorcio hispano-italiano. Sin embargo, no hicieron lo que era necesario antes de la licitación, durante el período de estudio de las propuestas y una vez iniciadas las obras, para evitar el problema que ahora es de todos los panameños.

A los panameños no nos queda otra que cerrar filas y apoyar a la ACP para que pueda terminar la construcción del tercer juego de esclusas. Según el administrador Quijano, hay “un buen plan de ejecución que (garantiza que) esta obra la podemos completar sin mayor gasto adicional”. Agregó “que si tengo que tirar pico y pala para terminar esta obra, voy a acompañar a todos los panameños para terminarla”.

La ruta que se escoja, sin embargo, no debe sobrepasar el presupuesto original. Obviamente, el error cometido por Panamá en 2009 no puede repetirse. Para ello es necesario que los panameños procedamos a reorganizar a la ACP. La institución tiene fallas y los panameños somos los primeros que debemos reconocerlo.

Al cerrar filas en torno a la ACP para que dé la batalla, tenemos que redescubrir y reforzar tres nociones: transparencia, rendición de cuentas y compromiso nacional.

Para demostrar su transparencia, la ACP tiene que comenzar por colocar en su página virtual el contrato que celebró con el GUPC.

La ACP rinde anualmente cuentas ante la Asamblea de Diputados. Ante un hemiciclo medio vacío, sin interés en cuestionar la gestión realizada, los técnicos dan a conocer sus cifras. La rendición de cuentas tiene que hacerse también en las universidades, ante los gremios y organizaciones del país.

Urge, por último, que la ACP se incorpore al desarrollo integral del país. Que el Canal sea el motor de la economía nacional, por lo menos durante los próximos 20 años. Ejemplo: la construcción del quinto puerto que necesitan los barcos usuarios del Canal en una ciudad del interior, comunicada con la vía acuática por un tren rápido. Otro ejemplo: El establecimiento de un instituto de investigaciones sobre las cuencas y su contribución al desarrollo integral de las poblaciones que viven dentro de sus perímetros. Ese instituto trabajaría con la entidad gubernamental encargada de ejecutar una política de desarrollo integral en la cuenca del Canal de Panamá.

La contribución de la represa de Las Tres Gargantas al desarrollo de su país es un proyecto que merece emularse.

16 de enero de 2014.