El país tiene que incorporar,
en forma integral, el Canal de Panamá a sus planes de desarrollo. Países como
EEUU y China han aprovechado los grandes proyectos para impulsar diferentes
iniciativas. El gobierno panameño sólo ve el proyecto de ampliación como una
iniciativa empresarial.
Marco A. Gandásegui, h. / Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
La crisis en torno al Canal de
Panamá que actualmente sacude los cimientos de la economía panameña, me
recuerda mi visita al proyecto de ‘Las Tres Gargantas’ en China hace una
década. El proyecto gigantesco, que se realizó con un presupuesto de US$39 mil
millones tenía tres objetivos, según los chinos. Primero, evitar las
inundaciones periódicas provocadas por el poderoso río Yangtse. Segundo, crear
condiciones para impulsar proyectos de irrigación. Tercero, brindarle seguridad
al transporte fluvial. Por último, surtir de energía eléctrica a la enorme
cuenca y, especialmente, a la ciudad de Shanghai.
La propuesta de ampliación del
Canal de Panamá sólo se refiere a un objetivo, del cual se deriva un segundo.
La ampliación del Canal contribuiría a la creciente expansión del comercio
marítimo mundial altamente monopolizado. Además, al margen, le permitiría a un
grupo de especuladores locales y extranjeros incrementar sus ‘rentas’
provenientes de los servicios prestados al comercio marítimo.
En los debates realizados en
2006 en torno al proyecto presentando por el gobierno del presidente Martín
Torrijos, para la ampliación del Canal, nos opusimos al mismo por considerarlo
muy corto de vista, olvidándose del país y del potencial de desarrollo que
debería tener el proyecto para el futuro de Panamá. La propaganda oficial ahogó
toda propuesta alternativa y el referéndum arrojó una mayoría favorable al
proyecto presentado.
Seguimos siendo de la opinión
que el país tiene que incorporar, en forma integral, el Canal de Panamá a sus
planes de desarrollo. Países como EEUU y China han aprovechado los grandes
proyectos para impulsar diferentes iniciativas. El gobierno panameño sólo ve el
proyecto de ampliación como una iniciativa empresarial. De hecho, algunos años
antes – 1997 – el Canal de Panamá fue supuestamente ‘blindado’ contra cualquier
interés nacional e incorporado a la Constitución Política con un criterio
mercantil.
Estos antecedentes nos
permiten entender un poco mejor lo que está detrás del diferendo entre el Grupo
Unidos por el Canal (GUPC), contratista responsable de la construcción del
tercer juego de esclusas, y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Según información que ha
circulado profusamente en la prensa panameña, española y mundial, los
integrantes del grupo que se ganó la licitación tenía desde un principio el
plan de recurrir a los ‘sobre costes’ para realizar ganancias extraordinarias.
Según fuentes españolas, “ocho de cada diez obras licitadas por las
administraciones públicas acarrean sobrecostes, a pesar de que la ley vigente
establece que debe ser un recurso excepcional”. Es el ‘modus operandi’. En una
entrevista, Jorge Quijano actual administrador de la ACP, dijo que los
españoles le pidieron que cambiara la ley panameña. “Les dije que no puedo
cambiar la ley porque ellos quieren que yo negocie fuera del contrato”.
El gobierno panameño y la ACP
tuvieron el tiempo suficiente para detectar la maniobra de los miembros del
consorcio hispano-italiano. Sin embargo, no hicieron lo que era necesario antes
de la licitación, durante el período de estudio de las propuestas y una vez
iniciadas las obras, para evitar el problema que ahora es de todos los
panameños.
A los panameños no nos queda
otra que cerrar filas y apoyar a la ACP para que pueda terminar la construcción
del tercer juego de esclusas. Según el administrador Quijano, hay “un buen plan
de ejecución que (garantiza que) esta obra la podemos completar sin mayor gasto
adicional”. Agregó “que si tengo que tirar pico y pala para terminar esta obra,
voy a acompañar a todos los panameños para terminarla”.
La ruta que se escoja, sin
embargo, no debe sobrepasar el presupuesto original. Obviamente, el error
cometido por Panamá en 2009 no puede repetirse. Para ello es necesario que los
panameños procedamos a reorganizar a la ACP. La institución tiene fallas y los
panameños somos los primeros que debemos reconocerlo.
Al cerrar filas en torno a la
ACP para que dé la batalla, tenemos que redescubrir y reforzar tres nociones:
transparencia, rendición de cuentas y compromiso nacional.
Para demostrar su
transparencia, la ACP tiene que comenzar por colocar en su página virtual el
contrato que celebró con el GUPC.
La ACP rinde anualmente
cuentas ante la Asamblea de Diputados. Ante un hemiciclo medio vacío, sin
interés en cuestionar la gestión realizada, los técnicos dan a conocer sus
cifras. La rendición de cuentas tiene que hacerse también en las universidades,
ante los gremios y organizaciones del país.
Urge, por último, que la ACP
se incorpore al desarrollo integral del país. Que el Canal sea el motor de la
economía nacional, por lo menos durante los próximos 20 años. Ejemplo: la
construcción del quinto puerto que necesitan los barcos usuarios del Canal en
una ciudad del interior, comunicada con la vía acuática por un tren rápido.
Otro ejemplo: El establecimiento de un instituto de investigaciones sobre las
cuencas y su contribución al desarrollo integral de las poblaciones que viven
dentro de sus perímetros. Ese instituto trabajaría con la entidad gubernamental
encargada de ejecutar una política de desarrollo integral en la cuenca del
Canal de Panamá.
La contribución de la represa
de Las Tres Gargantas al desarrollo de su país es un proyecto que merece
emularse.
16 de enero de 2014.
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