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sábado, 29 de marzo de 2014

Colombia: Agenda ambiental y paz

El gobierno de Juan Manuel Santos inició los diálogos de La Habana con un rotundo no a la discusión del modelo económico, cuando es precisamente el cuestionamiento del modelo dominante, no solo en lo económico sino también en lo social y en lo político, condición necesaria para alcanzar una paz duradera que nos reconcilie como seres humanos y con la naturaleza.

Rafael Colmenares / Unión Libre Ambiental

Hace dieciséis años el gran ambientalista colombiano, Augusto Ángel Maya, respondía a la propuesta del entonces Ministro de Medio Ambiente de “sacar la naturaleza del conflicto”, señalando lo ingenuo e ilusorio de dicha idea pues “la naturaleza está en el centro del conflicto”[1].

Casi simultáneamente con la rotunda frase de Augusto un grupo de ambientalistas presentaron  en 1998, a la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil y a la Cumbre Social contra la Pobreza y por la Equidad, un documento que, leído hoy, resultó visionario,  “Nuestro Compromiso Político con el Cosmos”, un conjunto de propuestas de tipo programático, la inmensa mayoría aún vigentes, cuya redacción final fue encomendada a Gustavo Wilches Chaux. Dicho documento fue entregado poco después por ECOFONDO y otras organizaciones a la mesa de conversaciones establecida entre el Gobierno del Presidente Pastrana y las FARC, en el Caguán, como un aporte en la búsqueda de salidas al conflicto armado.

La dimensión ambiental y política de los conflictos

Década y media después la dimensión ambiental de los problemas colombianos es cada vez más visible y su carácter político cada vez más claro.

Colombia el segundo país megadiverso del mundo después del Brasil, esta perdiendo gran parte de su biodiversidad, como resultado de la deforestación y del uso inadecuado del territorio. Las cifras son aterradoras: en Agosto del año pasado el IDEAM anunciaba que entre 2011 y 2012, el país había perdido 295.892 hectáreas de bosque natural, el equivalente a 1,6 veces el área del Departamento del Quindio. Esta noticia se matizaba diciendo que el promedio anual había descendido a 147.946 hectáreas con respecto al período 2005 – 2010 donde había sido de 238.273 hectáreas anuales, lo cual no puede ocultar el desastre ambiental que supone la pérdida de 6.206.000 hectáreas entre 1990 y 2010, lo cual convierte a Colombia en uno de los países que más contribuye a la disminución de cobertura vegetal natural en el mundo.

La población colombiana habita hoy mayoritariamente en centros urbanos, el mayor de los cuales es Bogotá. La capital y los municipios circundantes albergan en conjunto a la cuarta parte de la población colombiana. Este enorme conglomerado es altamente vulnerable al cambio climático y a la escasez de agua, al tiempo que la calidad de vida en la ciudad disminuye. Expresión de ello son las grandes dificultades de transporte que han conducido a protestas casi cotidianas en las estaciones de Transmilenio más congestionadas.

La magnitud del deterioro de las condiciones ambientales del territorio se reveló en las inundaciones de hace solo tres años causadas por una temporada de lluvias más fuerte de lo habitual que no encontraron vegetación que las contuviera, acelerándose la escorrentía y produciéndose la inundación  ante la sedimentación de la cuenca Magdalena–Cauca, la más poblada y a la vez más devastada de las grandes cuencas suramericanas.

En el período transcurrido entre las conversaciones de paz del Caguán y las que actualmente se adelantan en La Habana con el mismo actor armado, se produjo el desmonte progresivo del Sistema Nacional Ambiental diseñado en medio del entusiasmo que provocó el reconocimiento de la diversidad natural y cultural del país en la Constitución de 1991 y sus colorarios ambientales, entusiasmo reforzado por la Cumbre de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en 1993.

De dicho sistema queda ya muy poco: las Corporaciones Autónomas Regionales languidecen en medio del clientelismo y la corrupción. Mecanismos como las licencias ambientales han sido sucesivamente modificados para facilitar la actividad depredadora de las transnacionales y los monopolios criollos. El Ministerio encargado de gestionar el ambiente cambia de nombre en la medida en que pierde importancia y funciones y los seis últimos ministros y ministras poco o nada sabían del tema cuando se juramentaron en el cargo. Actualmente se prepara una modificación de la Ley 99 de 1993, creadora del Ministerio y del Sistema Nacional del Ambiente, que vendría a ser la estocada final al sueño ambientalista de principios de los noventa.

La paradoja del movimiento ambiental

Entre tanto el movimiento ambiental ha librado importantes luchas, al lado de otros sectores sociales y étnicos, como la oposición a la exploración de petróleo en el territorio de los U´wa, la defensa del Parque Tayrona, el referendo por el Derecho Humano al Agua y más recientemente la oposición a la minería en gran escala. Ha contribuido a la construcción de alternativas concretas impulsando la agroecología y el reciclaje, ha popularizado tecnologías apropiadas y ha educado ambientalmente a numerosos sectores sociales.

Sin embargo, es ostensible que dicho movimiento se ha debilitado por lo menos organizativamente. Brillan las voces autorizadas de exfuncionarios como el exministro Manuel Rodríguez, los exgerentes del Inderena, Julio Carrizosa y Margarita Marino y la exparlamentaria Alegría Fonseca, entre muchos otros, pero de las grandes ONG´s que impulsaron importantes iniciativas en los últimos veinticinco años quedan muy pocas en pié, afectadas por la práctica desaparición de la cooperación internacional que las alimentaba.

Se presenta entonces la paradoja entre la necesidad de levantar con más fuerza que nunca una agenda ambiental de carácter programático y el debilitamiento del movimiento que tiene la experiencia histórica acumulada para contribuir a hacerlo. Todo ello en medio de un escenario, como el de las conversaciones de  paz, que requiere con urgencia del aporte de los ambientalistas.

Agenda ambiental para el cambio y confluencia de movimientos

El gobierno de Juan Manuel Santos inició los diálogos de La Habana con un rotundo no a la discusión del modelo económico, cuando es precisamente el cuestionamiento del modelo dominante, no solo en lo económico sino también en lo social y en lo político, condición necesaria para alcanzar una paz duradera que nos reconcilie como seres humanos y con la naturaleza.

El cambio de dicho modelo es aún más urgente pues en el interregno entre los dos intentos de alcanzar la paz hemos asistido a la implementación de las políticas más agresivas contra los ecosistemas que vertebran el territorio colombiano como son la denominada locomotora minera, el agronegocio, los megaproyectos viales e hidroeléctricos y la urbanización expansiva y acelerada, entre otros. Al tiempo se ha reprimarizado la economía, al compás de la integración de Colombia a la globalización neoliberal, en virtud de la cual se han suscrito los mas lesivos tratados de “libre” comercio de nuestra historia, se ha desmontado el precario Estado de Bienestar que se había construido, se ha privatizado y mercantilizado el agua, la salud y los servicios públicos y se planea completar la tares con la privatización de la educación, los terrenos baldíos, las semillas y otros bienes comunes.

La resistencia de la población, las comunidades, los sectores sociales y las múltiples formas de expresión ciudadana a las políticas neoliberales, sin embargo, ha hecho suyos muchos de los principios y propuestas ambientalistas. Este fenómeno no es para nada gratuito. Defender los páramos, de la minería, garantizando el suministro del agua y por lo tanto el derecho humano a acceder a ella, como ocurrió en Bucaramanga ante la amenaza al Páramo de Santurbán por las transnacionales, por ejemplo, pone al movimiento social y ciudadano en la ruta de las preocupaciones ambientales. Otro tanto podría decirse de la oposición a la Anglo Gold Ashanti en el Tolima o de las múltiples resistencias a la gran minería a lo largo y ancho del país.

Esta es la gran oportunidad para la confluencia de los ambientalistas con el movimiento social: la construcción cotidiana, permanente, consciente y participativa de una agenda social y política con dimensión ambiental capaz de erigirse en la alternativa que se requiere para aclimatar una paz estable no solo entre los actores armados sino entre todos los nacidos y nacidas en esta tierra.     

Lograr lo anterior no será fácil dada la fragmentación que aqueja a los componentes del movimiento ambiental e incluso del movimiento social, sino porque la tarea debe enfrentar la enorme oposición de quienes se lucran del actual estado de cosas, las ilusiones que aprisionan la mente y la voluntad de amplios sectores de la sociedad, la desinformación y manipulación que emana de los grandes medios de comunicación comercial. Un propósito de esta magnitud implica cambiar la “piel cultural” del ser humano como dijera Augusto Angel, y ello supone grandes transformaciones tecnológicas, sociales y políticas.

Viene como anillo al dedo la siguiente reflexión del historiador ambiental panameño Guillermo Castro, a propósito de los retos del ambientalismo latinoamericano: “América Latina, en particular, ha logrado importantes avances en la tarea de contribuir a la creación de una verdadera visión de conjunto de este proceso, generalizando y escalando la complejidad de nuestras experiencias colectivas, en dirección a entender que, siendo el ambiente el producto de la interacción entre las sociedades y su entorno natural, la necesidad de generar un ambiente distinto nos obliga a asumir la de establecer sociedades diferentes. Identificar esa diferencia, encontrar los medios para hacer posible lo que ya es deseable, es ya el principal desafío político que encara el ambientalismo latinoamericano”.[2]




NOTA: 

[1] El episodio tuvo lugar en el Congreso Ambiental, “Ambiente para la Paz”, realizado en Guaduas, Cundinamarca, entre el 24 y el 26 de Julio de 1998. El ministro de medio ambiente y quien hizo la propuesta de sacar la naturaleza del conflicto era Eduardo Verano de la Rosa, ante la voladura de oleoductos que practicaban los grupos guerrilleros. 
[2] Véase, Guillermo Castro Herrera, “Desafíos del ambientalismo latinoamericano”, en culturadelanaturalezawordpress.com

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