Panamá: Urge moratoria en la extracción de oro

En la gran minería del oro se generan toda clase de impactos territoriales y ambientales y las repetidas promesas de excelencia en tecnología y gestión se han derrumbado. Panamá debe declarar una moratoria de estas actividades extractivas.

Marco A. Gandásegui, hijo* / Para Con Nuestra América

Desde Ciudad Panamá

Por razones envueltas en un alto grado de misterio, los dueños canadienses-sudafricanos de Minera Panamá, en la serranía de Coclesito, reiniciaron la extracción de oro en su concesión de Petaquilla. Después de las elecciones de mayo pasado, en una demostración de fuerza, trataron de intimidar a los trabajadores, comunidades y gobernantes con un cierre de sus operaciones. Desde que la Minera Panamá –que fue adquirida por First Quantum Minerals (con sede en Vancouver, Canadá)– inició operaciones hace casi diez años, sólo ha causado problemas para los trabajadores del área, peligros en el campo de la salud y daños ecológicos. Según sus operadores locales, la mina ha extraído oro por un valor superior a los 1,000 millones de dólares en pocos años. En forma de tributo le ha reconocido al Estado panameño aproximadamente 10 millones de dólares.

Según los medios de comunicación, el oro es extraído de la mina y trasladado en helicópteros para embarcarlo en la costa del Caribe. No han construido carreteras y no existen instalaciones portuarias. Han talado miles de hectáreas y han construido tinas sin las debidas precauciones. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) ha multado en varias ocasiones a la empresa sin que la misma pague. Desde 2007, los trabajadores protestan cerrando carreteras y llevando sus pliegos al Ministerio de Trabajo sin que se les haga caso. A principios de 2014, los obreros de la empresa minera suspendieron sus labores. Según un comunicado, “durante 12 meses fueron objeto de descuentos para la Caja de Seguro Social sin recibir las fichas respectivas. Además, los pagos de las quincenas fueron efectuadas con atraso y fueron objeto de represalias por reclamar sus derechos. A esta denuncia se suma la grave situación que sufren los trabajadores liquidados que aún no han recibido su pago”. Los trabajadores agregaron que “el gobierno nacional, la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Trabajo son cómplice de estas violaciones laborales”.

Existen malos antecedentes. En 2009 la Minera empezó a extraer minerales, “silenciosamente y sin el conocimiento de las autoridades”, según un diario de la capital panameña. Mientras que en Panamá negaba estar produciendo, a “sus accionistas en Canadá les informaba que la planta había producido alrededor de 9 mil 525 onzas de oro y 3 mil 195 onzas de plata. Todo esto sin que el gobierno se pronunciara y alegando ignorar los hechos. En aquella ocasión los medios informaron que “para poder abrir la operación, la Anam le exigía a la compañía minera la presentación de dos estudios de impacto ambiental complementarios y el pago de una nueva fianza por más de 14 millones de dólares”. La Minera ya estaba produciendo y exportando.

Según Eduardo Gudynas, especialista en impacto ambiental, “la minería de oro se ha convertido en un flagelo que azota a muchos países de América Latina. Operan unas pocas transnacionales gigantes… que pretenden contar con tecnologías de punta, servir al crecimiento económico y brindar empleo”. En la gran minería del oro, sin embargo, se generan toda clase de impactos territoriales y ambientales y las repetidas promesas de excelencia en tecnología y gestión se han derrumbado. “Pascua Lama, una gigantesca operación ubicada en las cumbres andinas compartidas entre Argentina y Chile, prometió que sería el ejemplo de desempeño ambiental. La realidad ha sido otra, y ante su mala gestión, la empresa ha sido multada y suspendida por la justicia chilena”. Según Gudynas, “estos problemas ya no se pueden solucionar con nuevas tecnologías mineras, con responsabilidad social empresarial o algún nuevo tipo de política pública”.

Panamá debe declarar una moratoria de la minería de oro. 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) aprobó hace tres semanas una resolución histórica para establecer un grupo de trabajo intergubernamental con el objetivo de elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante que obligue a las grandes transnacionales y a otros inversores a cumplir las normas para proteger los derechos humanos. La buena noticia, tiene su lado negativo ya que EEUU y los países miembros de la Unión Europea rechazaron el acuerdo.

La ONU también fue marco para la realización del Tribunal Permanente de los Pueblos donde se presentaron 12 casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por grandes empresas, como Chevron-Texaco en Ecuador, Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, la suiza-inglesa Glencore Xstrata en 7 países, Lonmine en Sudáfrica, Coca-Cola en Colombia y el caso de una empresa española, Hidralia, en Guatemala.

Panamá, 17 de julio de 2014.

*Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA