La democratización de
los medios es la deuda pendiente de los procesos de paz en Centroamérica y de
las históricas luchas sociales que nos han llevado hasta nuestro presente. Es
una utopía, sí. Pero, como dice Eduardo Galeano, la utopía sirve para caminar:
dos pasos adelante, aunque el horizonte se mueva diez pasos más allá.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa
Rica
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| La concentración de la propiedad de los medios es un problema para la construcción de democracias en Centroamérica. |
Desde hace más de 20
años, con la firma de los Acuerdos de Paz, Centroamérica inició un largo y
complejo camino para intentar avanzar, con mil y una dificultades, en la
construcción de sociedades que sean capaces de proveer las condiciones de vida
más elementales para el desarrollo de sus habitantes, y que disfruten de
sistemas democráticos sólidos y confiables. No ha sido una tarea sencilla, y la
realidad nos lo recuerda todos los días. Pero aquel objetivo de alcanzar la paz
con justicia social e igualdad es todavía más empinado porque nuestro sistema
de medios de comunicación regional, un pilar clave de las sociedades modernas,
permanece anclado a las estructuras de propiedad y a las relaciones de poder
propias de los tiempos de las oligarquías, los latifundios y el autoritarismo
del siglo XX.
En la Centroamérica del
siglo XXI, el esquema de propiedad de los medios no solo es altamente
concentrado (pocos actores acaparan la mayor parte de los canales de
comunicación y el mercado publicitario), sino que, además, permanece asociado,
casi como un legado colonial, a familias con gran influencia política y, más
recientemente, a grupos de poder económico regionales y transregionales, que
terminan por ejercer una influencia determinante –y no pocas veces espuria- en
la vida política de nuestros países.
Una rápida radiografía
de ese sistema nos muestra la colusión de intereses entre poder político,
grupos económicos y medios de comunicación. La figura de las familias, que fue muy útil para la
sociología y las ciencias políticas en el análisis de la realidad
centroamericana del siglo XX, recobra aquí su valor interpretativo para
describir la hegemonía de los grupos familiares y corporativos: en Guatemala,
el magnate mexicano de la televisión y la radio, Ángel González, comparte el
dominio del sistema de medios con las familias Zarco, Sandoval, Girón de Blank,
Springhmul y Marroquín, así como los Botrán, Gutiérrez y Páiz, en la prensa
escrita, y con las familias Archila Marroquín y Liu en la radio. En Honduras,
son los Canahuati, Facussé y Roshental en los periódicos; y los Willeda Toledo,
los Ferrari, los Andonie y los Sikaffy en la radio y la televisión. En El
Salvador, la prensa escrita está bajo control de las familias Dutriz y
Altamirano; el expresidente Elías Antonio Saca y la familia Flores Barrera
imperan en la radio, y la familia Eserski en la televisión. En Nicaragua, los grupos
familiares y empresariales Chamorro y Gurdián Ortiz, en la prensa; y Ángel
González y las familias Sacasa, Pellas y Ortega Murillo, en televisión y radio,
llevan la disputa de sus intereses al campo de batalla de los medios. Y en
Costa Rica, la hegemonía del Grupo Nación en las publicaciones periódicas, de
la familia Picado Cozza y de Ángel González en la televisión y la radio,
respectivamente, mantienen bien ajustados los cerrojos del candado del sentido común neoliberal.
Un puñado de grupos
empresariales y familiares: ¿puede llamarse a esto democracia?
La concentración de la
propiedad no solo condiciona las posibilidades de que otros actores sociales
participen de la producción y difusión de contenidos y sentidos culturales –una
dimensión fundamental en las sociedades contemporáneas- fomentando así la
pluralidad ideológica; sino que también, en términos económicos, representa una
severa limitación al ingreso de pequeñas y medianas empresas en los mercados
nacionales. Factores tales como los elevados costos de inversión para el
desarrollo de emprendimientos de comunicación (especialmente en prensa escrita
y televisión), sean estos tradicionales o alternativos, así como la dependencia
de los flujos de capital provistos por inversionistas locales o extranjeros, han
sido señalados como parte de los obstáculos que enfrentan los sectores sociales
y económicos emergentes que intentan obtener cuotas de participación en el
sistema de medios centroamericanos.
Todo esto ocurre en el
contexto histórico de la modernización
neoliberal que sufre Centroamérica en las últimas décadas, con procesos de
liberalización económica, privatizaciones, tratados de libre comercio y nuevas
formas de acumulación y desigualdades, que se expresan en el sistema mediático
bajo la forma de lo que los investigadores argentinos Guillermo Mastrini y
Martín Becerra definen como pujas entre “los intereses contradictorios de las elites económicas locales y
las grandes corporaciones mundiales que operan en la región” [1].
Paradójicamente, el
carácter oligopólico de la actividad de estos grupos y familias de la
comunicación constituye por sí mismo una barrera
económica que deslegitima algunos de los principales dogmas de la modernización neoliberal a la que nos
referimos antes, como por ejemplo los supuestos beneficios de la libre
competencia y las bondades autorreguladoras del mercado. Por ello, refiriéndose
al predominio de estos grupos empresariales, Mastrini y Becerra emplean la
metáfora de los monopolios de la verdad,
para caracterizar las dinámicas políticas y económicas de un sistema, como el centroamericano, en el que
“los principales medios de comunicación han sido y son proclives a reflejar los
intereses de las clases hegemónicas, los sectores empresariales y
terratenientes”, y en el que, a pesar de la aparente diversidad que pueda
observarse en la cobertura mediática de los temas y debates de la agenda
pública, ésta “sigue estrechamente vinculada a los grupos de poder”[2].
No debe confundir el
lector nuestra crítica con un cuestionamiento a la importancia de la libertad
de expresión ni al derecho a la información: lo que sostenemos es que no es
posible levantar banderas y entonar discursos reclamando estos derechos, si no
se discute en profundidad y sin dobles raseros el tema de la concentración
mediática y la democratización de la propiedad de los medios. Es que la
libertad de expresión no es una prerrogativa de los dueños del capital, quienes
deciden a conveniencia qué se publica y qué no, quiénes pueden comunicar su
palabra y quiénes no: la libertad de expresión es un derecho humano que solo se
realiza en la vivencia de la pluralidad y la diversidad en la producción de
contenidos culturales, en la circulación de opiniones y en el debate equitativo
y abierto a todos los puntos de vista.
La democratización de
los medios es la deuda pendiente de los procesos de paz en Centroamérica y de
las históricas luchas sociales que nos han llevado hasta nuestro presente. Es
una utopía, sí. Pero, como dice Eduardo Galeano, la utopía sirve para caminar:
dos pasos adelante, aunque el horizonte se mueva diez pasos más allá.
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