Costa Rica: “Beneficio de la duda” en la cuerda floja

El margen de las posibles alianzas del gobierno de a poco se va reduciendo a las expresiones organizadas del campo popular-progresista. Tanto en la dimensión relativa a los sectores y comunidades organizadas (movimientos sociales), como en la dimensión relativa a los sectores productivos.

Héctor Solano Chavarría / Especial para Con Nuestra América

Si algo debe reconocérsele al presidente Luis Guillermo Solís (LGS), así como a su equipo de operadores políticos, ha sido su capacidad de “equilibrar” el impulso desestabilizador de las élites vinculadas al modelo neoliberal, y las expectativas de cambio de los sectores y movimientos vinculados al campo popular-progresista.

Algo estaba claro al momento de la toma de posesión del actual mandatario, el pasado 8 de mayo: al tiempo que no se trataba de otro gobierno más de “los mismos de siempre”, de ninguna manera, se trataba tampoco de una ruptura con el modelo neoliberal imperante en las últimas tres décadas.

¿Cómo se “come” analítica y políticamente hablando lo de este gobierno?

Algunos, los más escépticos, sostienen que la Administración LGS es “más de lo mismo” en materia de aplicación de las políticas neoliberales en lo económico y en lo social, pero que al menos supone alguna ruptura en materia de combate a la corrupción y transparencia en la gestión de lo público. Pero hasta ahí.

Otros, más optimistas, opinan que el gobierno de LGS es un puente hacia un eventual gobierno progresista en un futuro no muy lejano, en tanto momento propicio para la contención del avance de dichas políticas neoliberales (no de ruptura), la defensa y/o reforzamiento de lo que queda del Estado social y la acumulación de fuerzas. Un “gobierno de transición”.

Algo de razón hay en ambas visiones, ya además de tratarse de dos maneras distintas de enfocar un mismo problema, el balance de la gestión de LGS al frente del gobierno permite extraer conclusiones tanto en uno como en el otro sentido.

LGS y sus operadores políticos planean mantenerse los próximos cuatro años como el equilibrista transitando sobre la cuerda, procurando quedar bien tanto con todos los sectores. La pregunta es: ¿le es favorable al presidente el contexto para lograr ello?

Cuerda no da para tanto

Más allá del innegable “golpe de autoridad” que propinó el gobierno a la oposición a raíz de la aprobación del presupuesto para el 2015, lo cierto, es que el costo político parece ser muy alto: al tiempo que la “luna de miel” entre el Ejecutivo y los medios de comunicación pareciera haber llegado a su fin, por el lado del frente parlamentario, todo apunta al alineamiento de los partidos Liberación Nacional (PLN), Movimiento Libertario (ML) y un sector de la Unidad Socialcristiana (PUSC) en torno a la consigna de “no más impuestos”.

Si ya de por sí las posibilidades de entendimiento entre los poderes fácticos vinculados al modelo neoliberal y el gobierno eran complicadas tras el anuncio de Zapote de no impulsar proyectos que apunten al incremento de la participación del sector privado en la generación eléctrica (contingencia eléctrica), las cosas ahora se ponen “cuesta arriba”.

La derecha está al acecho del gobierno, como quedó claro tras la organización del Foro político-empresarial: ¿Hacia dónde vamos?, efectuado semanas atrás en el Hotel Radisson.

Así las cosas, obra de sus propias decisiones, el margen de las posibles alianzas del gobierno de a poco se va reduciendo a las expresiones organizadas del campo popular-progresista. Tanto en la dimensión relativa a los sectores y comunidades organizadas (movimientos sociales), como en la dimensión relativa a los sectores productivos.

LGS no tiene muchas otras más opciones en materia de alianzas, de tal suerte que si efectivamente quiere aspirar a potenciar ese músculo político, está obligado a tomar dos grandes decisiones: i) levantar el veto que pesa sobre la reforma procesal laboral aprobada en 2012, ii) no sugerir ninguna clase de incremento al impuesto de ventas que pagan los consumidores, como parte de la propuesta de reforma tributaria que pretende presentar a la Asamblea Legislativa próximamente. 

La moneda está en el aire, y la fecha límite para levantar el veto es el 13 de diciembre. De lo que pase tras esa fecha, dependerá en mucho el que ese a veces tan cuestionado “beneficio de la duda” que se le da a LGS siga existiendo.

* Politólogo. Asesor legislativo e integrante del grupo de monitoreo y análisis de coyuntura del Frente Amplio.