El margen de las
posibles alianzas del gobierno de a poco se va reduciendo a las expresiones
organizadas del campo popular-progresista. Tanto en la dimensión relativa a los
sectores y comunidades organizadas (movimientos sociales), como en la dimensión
relativa a los sectores productivos.
Héctor Solano Chavarría / Especial para Con Nuestra
América
Si algo debe
reconocérsele al presidente Luis Guillermo Solís (LGS), así como a su equipo de
operadores políticos, ha sido su capacidad de “equilibrar” el impulso
desestabilizador de las élites vinculadas al modelo neoliberal, y las
expectativas de cambio de los sectores y movimientos vinculados al campo
popular-progresista.
Algo estaba claro al
momento de la toma de posesión del actual mandatario, el pasado 8 de mayo: al
tiempo que no se trataba de otro gobierno más de “los mismos de siempre”, de
ninguna manera, se trataba tampoco de una ruptura con el modelo neoliberal
imperante en las últimas tres décadas.
¿Cómo se “come”
analítica y políticamente hablando lo de este gobierno?
Algunos, los más
escépticos, sostienen que la Administración LGS es “más de lo mismo” en materia
de aplicación de las políticas neoliberales en lo económico y en lo social,
pero que al menos supone alguna ruptura en
materia de combate a la corrupción y transparencia en la gestión de lo público.
Pero hasta ahí.
Otros, más optimistas,
opinan que el gobierno de LGS es un puente hacia un eventual gobierno
progresista en un futuro no muy lejano, en tanto momento propicio para la contención del avance de dichas
políticas neoliberales (no de ruptura), la defensa y/o reforzamiento de lo que
queda del Estado social y la acumulación de fuerzas. Un “gobierno de
transición”.
Algo de razón hay en
ambas visiones, ya además de tratarse de dos maneras distintas de enfocar un mismo problema, el balance de la gestión
de LGS al frente del gobierno permite extraer conclusiones tanto en uno como en
el otro sentido.
LGS y sus operadores
políticos planean mantenerse los próximos cuatro años como el equilibrista
transitando sobre la cuerda, procurando quedar bien tanto con todos los
sectores. La pregunta es: ¿le es favorable al presidente el contexto para
lograr ello?
Cuerda no da para tanto
Más allá del innegable
“golpe de autoridad” que propinó el gobierno a la oposición a raíz de la
aprobación del presupuesto para el 2015, lo cierto, es que el costo político
parece ser muy alto: al tiempo que la “luna de miel” entre el Ejecutivo y los
medios de comunicación pareciera haber llegado a su fin, por el lado del frente
parlamentario, todo apunta al alineamiento de los partidos Liberación Nacional
(PLN), Movimiento Libertario (ML) y un sector de la Unidad Socialcristiana
(PUSC) en torno a la consigna de “no más impuestos”.
Si ya de por sí las
posibilidades de entendimiento entre los poderes fácticos vinculados al modelo
neoliberal y el gobierno eran complicadas tras el anuncio de Zapote de no
impulsar proyectos que apunten al incremento de la participación del sector
privado en la generación eléctrica (contingencia eléctrica), las cosas ahora se
ponen “cuesta arriba”.
La derecha está al
acecho del gobierno, como quedó claro tras la organización del Foro político-empresarial: ¿Hacia dónde
vamos?, efectuado semanas atrás en el Hotel Radisson.
Así las cosas, obra de
sus propias decisiones, el margen de las posibles alianzas del gobierno de a
poco se va reduciendo a las expresiones organizadas del campo
popular-progresista. Tanto en la dimensión relativa a los sectores y
comunidades organizadas (movimientos sociales), como en la dimensión relativa a
los sectores productivos.
LGS no tiene muchas
otras más opciones en materia de alianzas, de tal suerte que si efectivamente
quiere aspirar a potenciar ese músculo político, está obligado a tomar dos
grandes decisiones: i) levantar el veto que pesa sobre la reforma procesal
laboral aprobada en 2012, ii) no sugerir ninguna clase de incremento al
impuesto de ventas que pagan los consumidores, como parte de la propuesta de
reforma tributaria que pretende presentar a la Asamblea Legislativa
próximamente.
La moneda está en el
aire, y la fecha límite para levantar el veto es el 13 de diciembre. De lo que
pase tras esa fecha, dependerá en mucho el que ese a veces tan cuestionado
“beneficio de la duda” que se le da a LGS siga existiendo.
* Politólogo. Asesor
legislativo e integrante del grupo de monitoreo y análisis de coyuntura del
Frente Amplio.
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