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sábado, 22 de noviembre de 2014

EE.UU: nefasta política migratoria

Observamos en los mass media la entrega de los primeros visados por 10 años que han sido entregado a ciudadanos chinos y norteamericanos, y escuchamos al secretario de Estado norteamericano John Kerry decir: “Ustedes están ayudando, literalmente, a escribir el siguiente gran capítulo de la historia entre Estados Unidos y China… Esto generará enormes dividendos para los ciudadanos estadounidenses y chinos y fortalecerá nuestras dos economías".

José Toledo[1] / Especial para Con Nuestra América

El artículo 13, en sus incisos a y b, de la Declaratoria Humana de los Derechos humanos (1947) señala el derecho a la libre circulación y residencia de cualquier ser humano y esto es válido para unos y para otros no, como bien es sabido. La realidad nos lo demuestra. Si bien es cierto usted puede movilizarse al país que desee o igualmente residir, existe limitaciones que hacen del uso de estos derechos artículos de privilegios “impunes” para unos y prohibiciones “permitidas” para otros. El desastre de la política migratoria en los EE.UU en relación a la Reforma Migratoria es un tema recurrente, más aun, en las últimas semanas en donde el presidente Barack Obama perdió total representatividad en la cámara de senadores. Fue en el año 1986 cuando el ex presidente Ronald Reagan decretó amnistía a cerca de 3 millones de indocumentados en los EE.UU. De allí a la fecha cualquier tipo de reforma -en favor de 12 millones de indocumentados– ha sido pura fanfarria. Viéndolo desde el reverso de la medalla, y saltando asimetrías ideológicas, EEUU y China intercambian visados de negocios o turismo por diez años, así como visa de cinco años para estudiantes y esto no es censurable para la conciencia norteamericana aun tratándose de un país de régimen comunista.

La pérdida estrepitosa del presidente Barack Obama en últimas elecciones de medio tiempo coloca al actual mandatario y al partido Demócrata bajo la guillotina de los republicanos. Los dos últimos años que le quedan al actual mandatario se podrían convertir en un verdadero infierno en donde el aumento de presupuesto que Obama pudiera solicitar no le sería autorizado –por la mayoría republicana– y las solicitudes de la mayoría republicana no serían firmadas por el mandatario. En ese turbio y desesperante contexto, el cual pone en jaque mate las pretensiones electorales democráticas, Obama viaja a Pekín asistiendo a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y reuniéndose con el mandatario chino, Xi Jinping. De igual forma completa el tours, concertando reuniones con los países integrantes del Acuerdo de Libre Comercio Transpacífico (TPP, siglas en inglés) entre Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. 

Observamos en los mass media la entrega de los primeros visados por 10 años que han sido entregado a ciudadanos chinos y norteamericanos, y escuchamos al secretario de Estado norteamericano John Kerry decir: “Ustedes están ayudando, literalmente, a escribir el siguiente gran capítulo de la historia entre Estados Unidos y China… Esto generará enormes dividendos para los ciudadanos estadounidenses y chinos y fortalecerá nuestras dos economías".

Es sabido que las relaciones entre EE.UU y China no han sido consideradas históricamente “enemistosas” sino “competitivas” y acciones como estas - donde el equilibrio de poderes es medido al milímetro- no nos llama la atención. Lo que si nos inquieta es nuevamente el doble rasero y la grosera inmoralidad de la mercantilización del derecho en materia migratoria. Mientras que el mandatario norteamericano calcula las ganancias de las negociaciones con el milenario imperio asiático y los países miembros del TPP, con la misma sagacidad sigue calculando las pedidas que ocasionaría a las corporaciones norteamericanas la documentación de 12 millones de personas consideradas de estatus “ilegal” pero usadas como recurso económico pilar fundamental en la estructura económica del país del Tío Sam.

¿Nos hemos puesto a pensar cuantos miles de millones de dólares han sido aprobados por el Congreso estadounidense en la grotesca construcción de la muralla entre México y EE.UU? ¿Nos hemos puestos puesto a pensar cuánto lucro les han hecho obtener a todas esas corporaciones norteamericanas que se quedaron sin trabajo una vez terminada la guerra contra Irak y encontraron jugosos contrataciones  en la edificacion de tan inicua construcción? ¿Nos hemos puesto a pensar cuantos miles de dólares recaudan las dos megas corporaciones carcelarias como Corrections Corporation of America (CCA) y el Grupo GEO quienes en asociación con la Agencia de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tienen contratos multimillonarios los cuales administran el encarcelamiento del detenido, incluyendo el transporte, la alimentación y cuidados médicos convirtiendo el encarcelamiento de la persona indocumentada en un verdadero negocio?

Sabíamos que el Congreso norteamericano dictaminó una cuota que exige que el Departamento de Estado retenga 34.000 (treinta y cuatro mil personas) diariamente en centros privados de encarcelamiento por “crímenes migratorios”. Lo señalamos en un artículo anterior, estas dos empresas carcelarias CCA y GEO financian las campañas electorales de los principales senadores contrarios a cualquier tipo de reforma migratoria conocidos como el Grupo de los 8 como por ejemplo: Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, Marco Rubio, republicano de Florida, Charles Shumer, demócrata de Nueva York, Jeff Flake, republicano de Arizona, Dick Durbin, Demócrata de Illinois y Michael Bennet, demócrata de Colorado, quienes recibieron la cantidad de US$5.000 tanto ellos como sus familiares y como vemos el juego especulativo no es cuestión de republicanos, ambos partidos, a pesar de sus diferencias, juegan dentro de la misma estructura ideológica como bien lo describe David W. Harvey (1935): Accumulation by dispossession (Acumulación por desposesión), vale decir trasformando lo publico en privado. 

Es así que el colectivo de inmigrantes “indocumentados”, sin visa, ni privilegios, son sistemática y diariamente desposeídos de lo mínimo que podrían obtener como son los derechos a la defensa pública. Como por ejemplo, el día de hoy, 13 de noviembre, conversando con una de las madres provenientes de Guatemala - quienes acompañan a sus hijos e hijas cada jueves a la Corte de San Francisco para ser juzgados por ingreso “ilegal” – nos comentó a un grupo ecuménico de acompañamiento: “el abogado que esta con mis hijos ahora nos cobra $150.00 solamente por veinte minutos…el juez ha dicho que mi esposo ni mis hijos pueden defenderse solos” Pero el cobro de la defensa privada no queda allí ella nos siguió comentando: “el abogado nos ha pedido $10.250 (diez mil doscientos cincuenta dólares) por todo el proceso sin garantizarnos nada y que le diéramos un adelanto ahora de $2.500 (dos mil quinientos dólares)…nosotros no sabemos qué hacer, no tenemos trabajo”.

Desde este evidente resquebrajamiento del sistema de derecho  nos preguntamos: ¿Cuál es la diferencia existente entre los “coyotes”, los abogados, los lobbies como CCA y GEO y los parlamentarios?

Aquello que se conoce como dignidad y ética simplemente no existe en los códigos de transacciones mercantiles que ellos realizan, en donde la vida humana es un producto trasferible en la medida que brinde las ganancias, una vez que no satisface las necesidades de lucro es automáticamente descalificado por el inicuo sistema de producción acumulativa. De esta manera, se entregan permisos a ciudadanos que representan lucro y abaratamiento de mano de obra especializada en relación a los profesionales norteamericanos. Prueba de ello el “imperio” Google, en Silicon Valley, California, realiza “importaciones” de ingenieros hindúes a quienes puede emplear por sumas irrisorias comparadas con aquellas sumas que podrían cobrar ingenieros egresados de las universidades de los como Stanford o Berkeley, por mencionar las más cercanas a su territorio. Esto es tráfico internacional de recursos humanos estructuralmente legitimado, el tráfico humano proveniente del segmento social empobrecido de América Central ingresa al país como mano de obra no calificada, en condiciones de indocumentación y enriqueciendo la cadena de negocios especulativos creados en torno a este intencional y nefasta política migratoria.

Emitir leyes que faculten contratar empresas para que abran agujeros y otras para que las cierren en el muro de la vergüenza entre México y EE.UU es un hecho moralmente no censurable; albergar más de 2 millones de personas en las prisiones alrededor de los EE.UU haciendo lucrar a megas corporaciones, loobies y representantes del senado es un hecho moralmente no censurable; enjuiciar a menores de edad sin brindarles protección jurídica y deportándolos después de haberlos desangrados moral y económicamente es un hecho  moralmente no censurable; mantener un bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba por ser de orientación comunista y arrodillarse comercial y financieramente a la mayor potencia comunista del planeta, como lo es China, es un hecho moralmente no censurable. ¿Entonces que es moralmente censurable para la política del sistema existente? Finalmente, como señaló Noam Chomsky: “Parte del motivo por el que el capitalismo parece tener éxito es que siempre ha contado con mucha mano de obra esclava, la mitad de la población” algo así como hablar de una nefasta política migratoria caudal de enriquecimiento de unos canjeado por el sufrimiento y exterminio sistemático de muchos.

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