Corrupción en Panamá: Pasado y futuro

Las investigaciones sobre corrupción, colusión y fraudes tienen el país en un estado de expectativa. Hay muchas evidencias que apuntan hacia los negocios ilícitos del gobierno anterior.

Marco A. Gandásegui, hijo* / Para Con Nuestra América

El daño al fisco, según las informaciones que emanan del Ministerio Público, sumarían miles de millones de dólares. Se ha mencionado, por el momento, el Programa de Ayuda Nacional (PAN), la Caja de Seguro Social (CSS), el aparato de Seguridad Nacional, la Corte Suprema de Justicia, los Ministerios de Educación, de Salud, de Vivienda, de Trabajo y otros.

Diversos altos funcionarios son objeto de indagatorias y varios han recibido órdenes cautelares. Lo más preocupante es que hay indicios que las estructuras que permitieron las prácticas de la administración que presidiera Ricardo Martinelli (2009-2014) siguen vigentes. En el caso del PAN, a fines de 2014 se repartieron entre los diputados de la República bonos por un total de 1.5 millones de dólares (25 mil dólares cada uno). La CSS aún no pone orden en sus finanzas y se perciben fugas mediante contratos de medicina y en construcciones. El Ministerio de Educación anunció inversiones multimillonarias en proyectos de construcción que no responden a plan alguno. El Ministerio de Vivienda tiene mil millones de dólares en cartera para invertir en la ciudad de Colón.

Mientras el presidente Juan C. Varela estaba en Davos, Suiza, en Panamá, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio de la Guardia, fue invitado al Foro 2015, donde presentó un resumen del Plan Estratégico Quinquenal ante un selecto público representativo de la familia empresarial panameña. La reunión fue aprovechada para presentar las oportunidades de inversión en Panamá para empresarios nacionales y extranjeros. Lo que debería ser un plan de inversiones para estimular el desarrollo económico y social del país se convirtió en una ‘fiesta’ (una especie de piñata) para el sector empresarial del país.

Para hacer la situación aún peor, salió a relucir que el Plan no había sido confeccionado por el MEF o algún grupo de asesores panameños. La propuesta que el gobierno nacional ha adoptado como propio es el producto de una empresa consultora española. El futuro del país está quedando en manos de criterios extraños a la realidad y necesidades del país. ¿No existirá en Panamá el personal preparado para confeccionar un plan de inversiones?

El MEF adjudicó a Epypsa, consultora con sede en Madrid, España, “el desarrollo, ejecución y presentación del informe integral de análisis y evaluación económico y social de Panamá 2014-2019”. La descripción del trabajo la hace la misma empresa consultora. El gobierno panameño no ha informado sobre este contrato. Sólo ha dicho que aún no puede presentar la versión final, esperada según la Ley de Transparencia, a fines de diciembre de 2014.

Se supone que la empresa Epypsa presentará “la estrategia económica y social, así como los programas de inversión para el próximo quinquenio”. Panamá contempla invertir un poco más de 19 mil millones de dólares en proyectos que, aparentemente, sólo beneficiará a los empresarios del país y del extranjero.

Según la consultora, “Epypsa elaborará la estrategia económica-social y la programación financiera quinquenal. También presentará el Plan de Inversiones, la matriz anual de programación, el seguimiento y una evaluación del Plan de Inversiones Públicas 2014-2019 y la guía metodológica de preparación, discusión y validación de un Plan Estratégico de gobierno (PEG). El  Plan, según Epypsa, “evaluará Panamá a partir de un ‘Diagnóstico País’.

En otras palabras, el plan de inversiones quedó en manos de una consultora española. Epypsa en su auto-presentación asegura que siempre busca “la excelencia y, sobre todo, la generación de recursos eficaces y de gran valor añadido para nuestros clientes”. La empresa se olvida que el gobierno panameño no tiene, según la Constitución, como objetivo, la búsqueda de ‘valor añadido’. Al contrario, la carta magna señala textualmente que el deber del gobierno es velar por el bienestar de la población del país.

Hay que pedirle al gobierno que sea más responsable y que prepare un plan quinquenal de inversiones que refleje las necesidades del país. El presidente de Epypsa, Emiliano Sanz Cañada, no informó cuanto le está pagando el gobierno panameño para preparar el plan que contempla la distribución de 19 mil millones de dólares en un período de cinco años. Sabemos que el ‘plan’ no beneficiará al pueblo panameño. Incluso, muy poco le tocará a los sectores productivos del agro y de la industria.

29 de enero de 2015.

*Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA