¿Confiscaciones y campos de concentración para las y los venezolanos residentes en Estados Unidos?

Nuestra intención es colaborar en la visibilización de los múltiples riesgos que encierra para las y los venezolanos, la calificación de Venezuela como “amenaza inusitada y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos y para su política exterior”, hecha por el presidente Barack Obama, mediante una “orden ejecutiva” del mismo tenor de muchas otras órdenes emitidas y ejecutadas por sus antecesores, las cuales generaron distintas y crueles formas de represión sobre ciudadanos y poblaciones inocentes.

Gregorio J. Pérez Almeida

Especial para Con Nuestra América

Desde Caracas, Venezuela

I Orden ejecutiva no es ley habilitante

Cuando se revisa con atención la situación creada por la decisión del presidente Barack Hussein Obama de calificar a Venezuela como una amenaza para su país, tenemos que preocuparnos de verdad. No es juego, ni algo que pueda banalizarse. La gravedad del asunto nos obliga a asumirla seriamente y, por ello, es necesario hurgar en algunos detalles de esa decisión.

En primer lugar, miremos el instrumento legal que utilizó Obama para declararnos como una amenaza nacional. Se trata de una “orden ejecutiva”, es decir de un decreto ley presidencial que se impone, unilateralmente y sin consulta, sobre el poder legislativo. Algo muy diferente a las leyes habilitantes contempladas en nuestra Constitución de 1999, porque aun siendo una “atribución del Presidente o Presidenta de la República dictar decretos con fuerza de ley” (Art. 236), dichos decretos tienen que tener el permiso de la Asamblea Nacional, es decir estar “aprobados por las tres quintas partes de las y los integrantes de la Asamblea Nacional” (Art. 203). Pero, para aclarar más las diferencias entre ambos decretos leyes presidenciales, veamos con más detalles lo que significa el instrumento legislativo estadounidense:

“Al igual que otros presidentes estadounidenses desde George Washington, Barack Obama tuvo que aprobar durante su mandato numerosas órdenes ejecutivas. Según el American Presidency Project, que recopila información sobre todos los decretos presidenciales, hasta ahora fueron 193. Obama se sitúa así por abajo del ranking frente a sus directos antecesores como George W. Bush (291), Bill Clinton (364) o Ronald Reagan (381).

Esta herramienta legislativa siempre fue apreciada por el Poder Ejecutivo en Estados Unidos para aprobar leyes cuando no se tenía la aprobación del Congreso. La costumbre se remite a la Constitución estadounidense, que concede al presidente amplias competencias ejecutivas con grandes poderes. Si bien la aprobación de leyes por decreto no está explícitamente contemplada en la Carta Magna, tampoco está explícitamente prohibida y es práctica común desde el primer presidente George Washington […] La orden ejecutiva aprobada por el presidente tiene rango de ley. No precisa de la aprobación del Poder Legislativo (de las cámaras) y, como toda ley, podrá ser revisada por los tribunales y no debería atentar contra otras leyes en vigor o la propia Constitución. El Congreso no tiene la potestad de suspender estas leyes o declararlas inválidas, pero sí puede aprobar otras que limiten su ámbito de actuación” (en: http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-eeuu-que-orden-ejecutiva-y-como-funciona-35161) (subrayado nuestro)

De manera que aquellos que se rasgan las vestiduras en Venezuela con la excusa de que la última ley habilitante el Presidente Maduro “mutila la independencia del poder legislativo y quebranta aún más la democracia venezolana”, sólo tienen que conocer un poquito del funcionamiento del Estado yanki que tanto admiran y al que sirven sumisamente, para corroborar que nuestra democracia, aun reduciéndola a simples procedimientos, está más blindada que la democracia estadounidense. Esto se debe a que  los poderes fácticos gringos asumen con poca moderación el axioma del Estado de derecho liberal que reza: “todo lo que no está prohibido está permitido”.

II Órdenes ejecutivas antidemocráticas

En Estados Unidos se da la paradoja de que un gobierno democrático promulgue y ejecute leyes antidemocráticas para defender la democracia. No estamos pensado sólo en la orden ejecutiva que el presidente George W. Bush emitió a mediados del 2007, permitiendo a la CIA usar técnicas de interrogación (torturas) que estaban prohibidas por el ejército, como el ahogamiento simulado, o en las “entregas extraordinarias” de prisioneros a otros países para que sean confinados y torturados fuera de jurisdicción estadounidense. No. Hay mucho más. En un artículo firmado por Matthew Rothschild y Michel Chossudovsky, titulado, Confiscación de los bienes de los manifestantes contra la guerra, publicado en la Web red Voltaire, el 8 de abril de 2010, leemos lo siguiente:

“Leyes abusivas que atropellan los elementales derechos ciudadanos y libertades civiles fueron aplicadas en los Estados Unidos en la época de la administración de George W. Bush, leyes hechas a medida y sobre todo para impedir las protestas ciudadanas contra la ilegal y abusiva invasión de Irak. Curiosamente, hoy en día, la administración del presidente Obama las mantiene vigentes así como las tropas US de ocupación en Irak.

[…] La primera de estas órdenes ejecutivas, titulada «Bloqueo de las propiedades de ciertas personas que amenazan los esfuerzos de estabilización en Irak», firmada por Bush el 17 de julio de 2007, autoriza al Secretario de Hacienda, en consulta con el Secretario de Estado y el Secretario de Defensa, a confiscar los activos [bienes] de los ciudadanos [estadounidenses] y organizaciones estadounidenses que «directa o indirectamente» representen un riesgo a las operaciones [militares] de EEUU en Irak”.(en: http://www.voltairenet.org/article164850.html) ( subrayado nuestro)

Lo que subrayamos en la cita, nos da una pista de la continuidad de fondo que existe entre los gobiernos republicanos neoconservadores y los gobiernos demócratas liberales. Y, comparando, someramente, aquella orden ejecutiva de Bush contra Irak, con la reciente orden de Obama contra Venezuela, encontramos lo siguiente:

En la sección 5, de la orden de Bush, en julio de 2007, se indica: “... debido a la capacidad para transferir fondos u otros activos instantáneamente, el aviso previo a tales personas sobre las medidas a tomar con ellas con arreglo a esta orden haría inútiles estas medidas. Por lo tanto determino que no se necesita aviso previo sobre la programación o la determinación [referida al bloqueo de bienes]”, (En: http://www.voltairenet.org/article164850.html).

En la sección 7, de la orden de Obama, en marzo de 2015, se indica: "…debido a la capacidad de transferir fondos u otros activos de forma instantánea, previo aviso a dichas personas de las medidas que se tome en virtud de este decreto haría que esas medidas fueran ineficaces. Por lo tanto, determino que para que estas medidas sean eficaces y así hacer frente a la emergencia nacional declarada por este decreto, no hay necesidad de notificación previa de una lista o de la determinación formulada en virtud de la sección 1 de este decreto” [referida al bloqueo de bienes]. (En: Ciudad Caracas, 11/03/2015, pp.8-9)

Tan solo reseñamos estas dos similitudes entre ambas leyes para no recargar el texto, pero estas citas son suficientes para verificar, no sin espanto, que ambas “órdenes” están estructuradas de igual forma y con los mismos objetivos colonialistas imperiales: contemplan las mismas sanciones económicas y utilizan el mismo procedimiento de facto para su aplicación. Quizá sólo haya diferencias en el lenguaje, pero no son más que los matices que existen entre el “bárbaro blanco neoconservador” Bush y el “civilizado negro neodemócrata” Obama.

III ¿Campos de concentración en Estados Unidos?

En este punto haremos una síntesis de dos artículos que se encuentran en la web y a los que agregaremos nuestros comentarios. Ellos son: “Campos de concentración en Estados Unidos”, en  Wikipedia y “EEUU y sus campos de concentración durante la 2º Guerra Mundial”, en la página Queaprendemoshoy.com, cuyo autor es Manuel Mariscal Zabala. Es decir, que la información básica está al alcance de cualquiera y luego se puede ampliar o profundizar en fuentes más completas.

Alguien podrá pensar que exageramos con este tema de los campos de concentración, pero pregunto ¿Quién creía o se podía imaginar que Obama calificaría a Venezuela, mediante un decreto ejecutivo, como una “amenaza” para su país? Sólo una pesadilla… hecha realidad. Por eso es importante traer este episodio de la historia de los Estados Unidos, poco contado, para imaginarnos en el lío en que estamos metidos todas y todos los venezolanos que viven en nuestro territorio y en el de los EU, inclusive teniendo la nacionalidad estadounidense. Leamos en nuestras fuentes citadas:  

“Cuando hablamos de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial nos vienen a la mente las terribles imágenes de Auschwitz-Birkenau, Bełżec o Buchenwald, todos ellos sitios paradigmáticos del horror nazi, o los duros relatos de los testigos que visitaron los gulag soviéticos. Pero en esta gran contienda se construyeron otros campos de concentración menos conocidos al otro lado del Océano Atlántico: en EEUU.

Los campos de concentración en los Estados Unidos alojaron a unas 120 000 personas, en su mayor parte de etnia japonesa, más de la mitad de las cuales eran ciudadanos estadounidenses y japoneses provenientes de Latinoamérica que fueron deportados bajo presión del gobierno estadounidense, en establecimientos diseñados a ese efecto en el interior del país, durante 1942 y 1948.

El objetivo fue trasladarlos desde su residencia habitual, mayoritariamente en la costa oeste, a instalaciones construidas bajo medidas extremas de seguridad. Los campos estaban cerrados con alambradas de espino, vigilados por guardias armados, y ubicados en parajes alejados de cualquier centro poblacional. Los intentos de abandono del campo en ocasiones resultaron en el abatimiento de los reclusos”.

Todo comenzó tras el ataque japonés a la base naval norteamericana de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. EEUU entra en la guerra incorporándose en las Fuerzas Aliadas contra el Eje Roma-Berlín-Tokio, y el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt declara el 19 de febrero de 1942 —mediante la Orden Ejecutiva 9066— el traslado e internamiento de los japoneses residentes en suelo estadounidense (tuviesen o no ciudadanía norteamericana) en campos de reubicación, como se conocieron oficialmente. El resultado fue que más de 100.000 personas fueron obligadas a dejar su hogar para ser internadas en campos repartidos por los diferentes estados.

Esto se debió en buena medida a la sospecha de la “sociedad norteamericana” [es decir del Pentágono y la CIA] de que el ejército nipón había recibido ayuda de japoneses residentes en Hawái en el ataque a Pearl Harbor y, tal y como relata Javier Sanz en su libro “Nunca me aprendí la lista de los reyes Godos”: “el miedo de que los ciudadanos de origen japonés actuasen como “quinta columna” justificó la creación de estos campos. Por ejemplo, días después del ataque a Pearl Harbor, se propagó el rumor de que 20.000 ciudadanos japoneses estaban preparando un levantamiento armado en la ciudad de San Francisco. No fue hasta 1944 —después de la reelección de Roosevelt—, cuando se cerraron estos campos, a pesar de que el Departamento de Guerra recomendó su disolución  meses antes”.

Estas citas nos traen parte de la historia pasada de los campos de concentración para japoneses durante la llamada Segunda Guerra Mundial. Algunos afirman que algo similar ocurrió luego con los coreanos durante la guerra contra Corea del Norte, entre 1950 y 1953, pero no encontramos información que lo corroborara. Seguramente, parecerá una exageración pensar que en el territorio del gobierno de un Premio Nobel de la Paz, se mantengan campos de concentración para encerrar a las personas consideradas una amenaza para su seguridad nacional, pero hay aquí dos observaciones que nos ponen de cara a la cruda realidad yanki: 1ª) No hace falta tener dichos campos en el territorio estadounidense, porque existen  las “entregas extraordinarias” de “presos extrajudiciales” a otros gobiernos “amigos” o a agencias secretas con sedes extraterritoriales, como por ejemplo, las cárceles clandestinas de la CIA, conocidas como “sitios negros”, ubicadas en países no sólo del Sur Global, sino inclusive de la “supra democrática” Europa, o los detenidos en Iraq o Afganistán trasladados al campo de concentración en Guantánamo, y, 2ª) En la Internet hay una información muy alarmante que se refiere a unos supuestos 800 nuevos campos de concentración administrados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA), que fueron construidos para albergar a víctimas de desastres naturales y de actos bélicos o terroristas, pero que permanecen inactivos porque estarían a la espera de sus verdaderos huéspedes: los enemigos del nuevo orden mundial que lideran los poderes fácticos neoconservadores americanos.

A decir verdad, esta última “observación”, que a simple vista parece una ficción novelesca u otra de las “teorías conspirativas” antiestadounidenses, les debe llamar la atención a nuestros opositores, porque cuando el río suena, piedras trae y sería un detalle muy deprimente, para ellos, que por “razones preventivas” y en “resguardo de la seguridad nacional” de Estados Unidos, los empresarios y “exiliadas políticas” venezolanas, residenciados en Miami y que apuestan por una acción militar de EU sobre Venezuela, terminen encerrados en uno de esos campos de concentración mientras “pasa la amenaza”. Y ¿saben por qué tienen que preocuparse? Porque si somos una amenaza por luchar para que otro mundo mejor sea posible, entonces su “concentración” será muy pero muy larga, porque aquí no se rinde nadie.