¿En dónde está la gran barrera contra
la paz? La gran barrera contra la paz está en la solución de los problemas,
origen de la guerra, lo cual trae la pérdida de privilegios de clase de la
oligarquía/jerarquía católica/latifundista, por una parte. Y por la otra, la
implementación de la democracia, negada al pueblo colombiano durante 200 años.
León Moraria / Para Con Nuestra América
Agradecemos el envío de este texto a nuestro colaborador Marcelo
Colussi
“Hablas de paz cuando el acero esgrimes”.
(Shakespeare. Teobaldo en Romeo y Julieta)
¿Cuál debe ser la columna
vertebral de las conversaciones que se adelantan en La Habana entre las FARC-EP
y el gobierno de Colombia?
La pregunta surge por la insistencia
del presidente de la República, la jerarquía católica, el Procurador general,
la cúpula militar, dirigentes de partidos políticos y organismos
internacionales (Parlamento europeo, Amnistía Internacional), de pretender desviar
hacia temas secundarios, el tema central – causas - que dieron origen a la
guerra entre el pueblo colombiano y el gobierno de la oligarquía/jerarquía
católica. La paz no es dejación de las armas y acciones de guerra ni reparación
de las víctimas ni mucho menos plantear el tema de la impunidad. La paz es
solucionar los gravísimos problemas sociales, económicos, políticos de las
mayorías nacionales víctimas de la opresión clasista de la oligarquía/jerarquía
católica/latifundista, que dan origen a la guerra. Ello constituye la columna
vertebral de las conversaciones de paz. La otra vía es repetir la Leyenda
de Sísifo: alcanzar la cumbre de la paz, para rodar de nuevo por la
pendiente de la guerra, como ha venido ocurriendo en Colombia durante 200 años
de vida republicana. Si no se solucionan las causas de la guerra, es imposible
alcanzar la paz estable y duradera. Es repetir el fracaso de acuerdos anteriores
de paz, tanto en Colombia como en Centroamérica.
En las últimas semanas se ha colocado
en la mesa de conversación el tema de “víctimas y victimarios”,
unido al tema de “impunidad y reparación de las víctimas”. Ambos
dirigidos a la guerrilla y no al Estado, origen de toda violencia. La violencia
nunca se origina en las mayorías nacionales (obreros, campesinos), la violencia
tiene su origen en el Estado dominado por la clase oligarca/jerarquía
católica/latifundista. El Estado ejerce la dictadura de la oligarquía (1%)
sobre las mayorías nacionales (99%). Lenin decía, “el Estado es la clase”. Toda
violencia se genera en el Estado y encuentra rechazo en la sociedad (mayorías
nacionales), víctima directa de la violencia del Estado.
El derecho a la rebelión de las
mayorías nacionales (Artículo de la Constitución Nacional, Resolución de la
ONU, Convenio de La Haya de 1907), contra la violencia que ejerce el Estado, es
lo que le da beligerancia al enfrentamiento armado, cuyo origen es:
Primero, el reclamo pacífico de
reivindicaciones sociales (cumbre agraria 2014): tierra para el campesino,
salario para el obrero, seguridad social, democracia, salud, educación,
vivienda, trabajo estable.
Segundo, cuando esas reivindicaciones
sociales en lugar de ser atendidas y solucionadas por el Estado, las reprime
por la violencia que lo caracteriza, estalla la guerra que, desde hace 67 años,
padece el pueblo colombiano. Si toda violencia se origina en el Estado ¿Quién
es el victimario? Victimario no puede ser quien ejerce el elemental derecho a
la defensa, el derecho a la vida. Víctimas de la violencia del Estado son los guerrilleros
que han tenido que empuñar las armas, como mecanismo de defensa, para proteger
la vida. Caso de la Unión Patriótica que creyó en la participación cívica, no
empuñó las armas y sus máximos dirigentes y activistas fueron asesinados.
Aquellos de la Unión Patriótica que empuñaron las armas - Simón Trinidad – o
aquellos que tomaron el camino del exilio – Joaquín Pérez Becerra - salvaron la
vida.
Si la Constitución Nacional establece
el derecho a la rebelión contra el Estado opresor ¿Dónde está la ilegalidad de
las FARC y el ELN (pueblo en armas, Ejército del Pueblo), que lucha contra la
opresión del Estado? Ilegal es la actuación del Estado que debe velar por la
paz interna en cumplimiento del mandato constitucional. Pero hace lo contrario,
en lugar de promover la paz, genera múltiples formas de violencia: masacres,
asesinatos, desapariciones, fosas comunes, despojo de tierras, “falsos
positivos”, paramilitarismo, bombardeo de zonas campesinas, fumigaciones con
glifosato, millones de desplazados hacia las ciudades, otras regiones o países
vecinos. Colombia tiene la mayor cifra de desplazados por causa de la violencia
del Estado. Según informe de la ONU, el 80% de la violencia (ejército, policía
y paramilitares), la genera el Estado y 20% la guerrilla. ¿Quién es el
victimario?
Otra forma de agudizar la violencia
es permitir la injerencia de militares de Estados Unidos en la guerra, con 7
bases militares instaladas en territorio colombiano, dotadas de la mejor
tecnología militar. La Corte Constitucional dictaminó la ilegalidad de dichas
bases militares y tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República,
permanecen indolentes ante la sentencia de la Corte. Esta injerencia
estadounidense transforma la guerra interna en guerra de liberación nacional por
la soberanía nacional y contra el invasor extranjero.
Lo ocurrido hace doscientos años
entre los pueblos americanos y el imperialismo europeo, cuyas monarquías
ejercían la violencia, produjo el estallido social, la guerra de las mayorías
americanas contra el Estado monárquico. Esa guerra tuvo sus prolegómenos en
rebeliones que se sucedieron en diferentes regiones de América: comuneros de
Paraguay; 112 rebeliones campesinas en Perú, la más notable la de Túpac Amaru;
La Rebelión Comunera de El Socorro en Colombia. Todas comenzaron por simples
solicitudes de reivindicación social, desoídas y reprimidas por el Estado
(Virrey), lo cual provocó la guerra y, ante el avance incontenible del ejército
comunero, el Virrey propuso conversaciones de paz, se firmaron acuerdos, se
violaron los acuerdos y el Estado (la monarquía/jerarquía católica), impuso la
violencia. Esa historia se ha repetido en Colombia, una y otra vez, durante 200
años y hace de la guerra actual, la continuación de guerras anteriores por
cuanto sus causas nunca han sido eliminadas.
Al finalizar la guerra de
independencia de las nacientes republicas americanas, los protagonistas
(Morillo, La Serna, Canterac y demás jefes realistas), no fueron llevados ante
un Tribunal para sentenciar su castigo o “impunidad” ni para “resarcir a las
víctimas.” De igual manera ha ocurrido en cada país con las guerras habidas
contra la opresión de la clase en el poder: guerra de la Federación en
Venezuela; la llamada Revolución Mexicana (1911); las guerras en Centroamérica:
Sandino, Farabundo Martí; la guerra de los barbudos de la Sierra Maestra; la
guerra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); las guerrillas
liberales en Colombia (1949-1953). En casi todas, los acuerdos de paz se
incumplieron y los jefes guerrilleros fueron asesinados a mansalva por orden
del Estado: Zapata y Pancho Villa; Sandino y Farabundo Martí; Guadalupe Salcedo
y jefes guerrilleros. Siempre privó la impunidad del victimario: el Estado.
Sentar a los comandantes guerrilleros
de las FARC y el ELN en el banquillo de los acusados es tan igual a sentar a
Bolívar y los próceres que se rebelaron contra la violencia de la
monarquía/jerarquía católica (La Inquisición). Es sentar en el banquillo de los
acusados a Zapata, Villa, Sandino, Farabundo, Fidel, Raúl, El Che, Daniel
Ortega, Dilma Rosseff, Pepe Mujica y todos los que han empuñado las armas
contra la violencia del Estado. Los comandantes de las FARC han sido muy claros
en su posición: “no hemos venido a esta mesa de conversación a negociar
una celda en una cárcel, sino, a pactar la solución de las causas de la guerra
para ponerles fin y alcanzar la paz estable y duradera.”
Según Amnistía Internacional: “la
columna vertebral de este proceso debe ser el tema de las víctimas,
especialmente el derecho de las víctimas a la verdadera
justicia y la reparación. Colombia tiene una clara responsabilidad
de respetar el derecho internacional y los derechos humanos.” Dixi
Amnistía Internacional.
Vale preguntarle ¿Y cuál es el
derecho de las víctimas? El derecho de las víctimas comienza por solucionar las
causas que provocaron la guerra, es decir, las causas que provocan las
víctimas.
La actitud de Amnistía Internacional
es la misma asumida por el presidente Santos, la jerarquía católica, el Procurador,
la cúpula militar, jefes de partidos políticos, el Departamento de Estado, la
Comunidad europea, de pretender desviar las conversaciones hacia objetivos
secundarios. La Ley de la contradicción dice que, en un conjunto de
contradicciones, priva la contradicción principal. Y en toda guerra social, la
contradicción principal está en la causa y no en los efectos. El tema de
las “victimas” es efecto de la guerra, es un tema a posteriori, que
no puede atenderse hasta tanto no se solucionen las causas de la guerra:
fábrica de víctimas. De manera que, la columna vertebral de las conversaciones
no son, la “impunidad ni víctimas y victimarios”, como sugiere Amnistía
Internacional, sino, las causas de la guerra.
El cumplimiento de los acuerdos de
paz comienza por la eliminación de las causas de la guerra: tierra para los
campesinos (Reforma Agraria), reivindicaciones laborales, salario, educación,
salud, vivienda, trabajo estable y democracia. Si estas causas no se
solucionan, de que sirve hablar de “impunidad, víctimas y victimarios”.
En lugar de hablar de financiamiento para “resarcir a las víctimas” ¿Por
qué no hablar del financiamiento para darle solución a los problemas sociales,
causa de la guerra, solución en la cual están incluidas las víctimas?
“Colombia tiene la democracia más
antigua de Latinoamérica”, dicen los altos jerarcas del gobierno. ¿Puede el
gobierno colombiano hablar de democracia? ¿Qué clase de democracia existe en un
país en el cual, desde hace 67 años perdura una guerra interna? La guerra y sus
causas constituyen la negación de la democracia. Los gobernantes colombianos
proclaman una y otra vez, “en Colombia, existe la democracia más antigua de
Latinoamerica”. ¿Se refieren a la democracia que comenzó con el asesinato
del Mariscal Antonio José de Sucre, el destierro de Bolívar, que prosiguió con
el asesinato del general Rafael Uribe Uribe, el asesinato de Jorge Eliecer
Gaitán, el asesinato de los candidatos presidenciales de la Unión Patriótica:
Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, senadores, diputados, munícipes
y 5.000 de sus militantes? ¿Se refiere a los cientos de líderes veredales,
municipales, campesinos, obreros, sindicalistas, periodistas y activistas de
organizaciones que surgen para la defensa de los derechos humanos? ¡Asesinados!
¿Se refiere a las masacres realizadas por el ejército y sus paramilitares, las
fosas comunes, como, La Macarena, con más de 2000 cadáveres hallados junto a
una base militar? ¿Se refiere a los “falsos positivos” ideados por Álvaro Uribe
y Juan Manuel Santos? ¿Es esta la “democracia” de la cual se ufanan los
gobernantes y que durante 200 años ha existido en Colombia?
¿Se puede hablar de democracia en un
país invadido por una potencia extranjera y con 7 bases militares instaladas en
territorio colombiano, desde las cuales se realizan acciones de guerra
(bombardeos) contra zonas campesinas? ¿Se puede hablar de democracia en un país
que carece de soberanía por cuanto la presencia de un ejército extranjero,
invasor, en su territorio, lo convierte en colonia estadounidense?
La dejación de las armas no es
cuestión que le compete sólo a las FARC y ELN, debe comenzar por la expulsión
de las 7 bases militares, la eliminación de los paramilitares (ahora
denominados con el eufemismo, Bacrim) y la solución de las causas de la guerra.
Única forma de alcanzar la paz.
Si se acata el Estatuto de Roma
(derecho internacional), los gobiernos colombianos deben ser llevados ante un
Tribunal para ser juzgados por sus horrendos, monstruosos crímenes contra el
pueblo colombiano y países vecinos (bombardeo a Sucumbíos, Ecuador). Por haber
alentado la guerra durante 67 años, sin intentar buscar la paz como se lo
impone la Constitución Nacional.
Los intentos de paz siempre han
tenido su origen en los movimientos guerrilleros. La guerrilla ha luchado para
alcanzar la paz. Ha sido su objetivo fundamental, conquistar la paz y eliminar
las causas de la guerra. Los guerrilleros no son una fuerza armada masoquista
que le encanta vivir en las dificilísimas condiciones de vida de la selva;
duras condiciones que hacen del guerrillero un ser extraordinario por sus
convicciones y mística revolucionaria. Pregúntenle al general Rubén Darío
Alzate Mora.
¿En dónde está la gran barrera contra
la paz? La gran barrera contra la paz está en la solución de los problemas,
origen de la guerra, lo cual trae la pérdida de privilegios de clase de la
oligarquía/jerarquía católica/latifundista, por una parte. Y por la otra, la
implementación de la democracia, negada al pueblo colombiano durante 200 años.
Las consideraciones de Amnistía
Internacional referidas a la paz en Colombia, producen hilaridad. Están fuera
del contexto.
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