Violencia y neoliberalismo en Centroamérica

Si la actual coyuntura de crisis no desemboca en la apertura de los espacios para la democratización pendiente y necesaria de Centroamérica, y para la derrota del neoliberalismo y su cultura de la violencia, la bomba del conflicto social podría estallar nuevamente en estas tierras, trayendo aún más dolor y tragedia para los pueblos del istmo.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-COSTA RICA

Centroamérica experimenta desde hace al menos una década una variedad de conflictos políticos, sociales y ambientales, que apuntan a un elemento común: el agotamiento del modelo de acumulación del capitalismo neoliberal (acumulación por desposesión) y de la capacidad de gestión y usufructo de los beneficios y privilegios de dicho modelo, por parte de las viejas y nuevas élites políticas y económicas. En efecto, al cabo de poco más de dos décadas desde la firma de los acuerdos de paz, de finales de los años ochenta y mediados de los noventa del pasado siglo, las democracias malas centroamericanas –al decir del sociólogo Edelberto Torres Rivas-, forjadas a partir de una estabilidad ficticia, de la participación política de baja intensidad, y de la victoria ideológica del pensamiento único y la tesis del fin de la historia,  ofrecen un panorama inequívoco de crisis.

Al ya inocultable escándalo ético de las profundas desigualdades no resueltas, que mantienen a casi el 50% de la población viviendo en condiciones de pobreza; y a las falsas promesas de bienestar económico para las grandes mayorías, que enunciaron sin escrúpulos los profetas del neoliberalismo criollo; se suma en los últimos años el problema de la violencia, que afecta a toda la región y cuyas repercusiones en el orden de lo social, lo económico y lo cultural constituyen una seria amenaza para las posibilidades de construir la paz y la convivencia democrática.

Solo en los países del llamado triángulo norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, las cifras de homicidios alcanzan registros alarmantes: 51,8 por cada cien mil habitantes, lo que ha servido de argumento para que los respectivos gobiernos redoblen la apuesta por las soluciones de mano dura. En lo que va de este año, la militarización de la seguridad ciudadana ha convertido lo que debería ser una política pública integral, en una política militar propia de los escenarios de guerra: en Guatemala,  35 mil policías y 4500 militares han sido dispuestos en las calles; en El Salvador, 23 mil policías y 7000 soldados; y en Honduras, 3500 policías militares y 2000 efectivos del ejército (elobservador.com.uy, 24/05/2015).

Para la Organización de Naciones Unidas, esta es la región más violenta del mundo. No obstante, tal calificativo no puede dejarse en el vacío, desprovisto de contextos y causas que lo expliquen. Como señala el periodista vasco Unai Aranzadi, “analizando la realidad desde el terreno, y con perspectiva histórica, quizá sería más justo calificar a esta sociedad de violentada. Desde el genocidio del mal llamado ‘descubrimiento’, hasta la instauración del neoliberalismo, Centroamérica, y muy particularmente el triángulo que abarca Guatemala, Honduras y El Salvador, ha sufrido lo indecible y no es casualidad que fenómenos ultraviolentos aparentemente únicos y desideologizados, como por ejemplo las ‘maras’ (…) hayan surgido justamente en este espacio y tiempo”.

Recientemente, el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR) divulgó los hallazgos del último informe (correspondiente al año 2014) sobre el fenómeno de los desplazamientos forzados en Centroamérica, en el que establece que la violencia provocada por el crimen organizado y los cárteles de la droga que operan en el istmo “está empujando a la gente a abandonar sus hogares por cientos de miles”. En total, en los países del triángulo norte 550 mil personas se han convertido en desplazados internos como consecuencia del avance de estas problemáticas: 289 mil en El Salvador, 248 mil en Guatemala y 30 mil en Honduras.  Para el secretario general del CNR, Jan Egeland, “la tendencia en Centroamérica es ver a nuevos actores que causan desplazamientos masivos de población motivados por los beneficios económicos de su actividad criminal” (laopinion.com, 7/05/2012).

Con mayor precisión, Aranzadi señala que una compleja articulación de intereses de las compañías multinacionales, las oligarquías regionales, los militares y las maras, conforma el entramado de disputas por el poder real en Centroamérica, situación que subyace a la crisis de  violencia y desplazamientos forzados: “Las multinacionales ocupan y explotan los territorios de campesinos e indígenas. En el espacio urbano, la fuerza pública compite con las ‘maras’ por apoderarse del monopolio de la violencia, y la oligarquía privatizadora de los espacios públicos se disputa con el narco las fincas o playas que sirven de ruta para la coca”. La voracidad del capitalismo criminal y el apetito de rapiña del neoliberalismo periférico constituyen el telón de fondo del problema de la violencia y del drama de los desplazados en Centroamérica; y paradójicamente, también están cercenando los pilares del modelo de acumulación y de dominación.

Mientras eso pasa, nuestras sociedades asisten diariamente al espectáculo macabro de su propio desgarramiento, los medios de comunicación hegemónicos vociferan a favor de las soluciones de fuerza y los gobiernos hacen de la seguridad ciudadana un estandarte de campaña para ocultar su desinterés o su incompetencia para acometer las transformaciones estructurales que hagan posible la justicia social, la igualdad, el bien común y, en definitiva, la paz.

Si la actual coyuntura de crisis no desemboca en la apertura de los espacios para la democratización pendiente y necesaria de Centroamérica, y para la derrota del neoliberalismo y su cultura de la violencia, la bomba del conflicto social podría estallar nuevamente en estas tierras, trayendo aún más dolor y tragedia para los pueblos del istmo.