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sábado, 11 de julio de 2015

Cuba-Estados Unidos: un antes y el porvenir

La superación de las hostilidades añejas dependerá también de cómo Cuba maneje este proceso, porque hasta el momento las propuestas estadounidenses sólo indican la intención de favorecer un mejor estado de opinión en ese país con relación al Gobierno y a facilitar la venta de productos de la agroindustria a la mayor de las Antillas.

Isabel Soto Mayedo / Propuestas Vía Cuba

Con el anuncio del 17 de diciembre de 2015 (17D), los presidentes Raúl Castro y Barack Obama removieron las teorías supuestamente científicas en torno al porvenir de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

De hecho especialistas, políticos y académicos de ambos países que ese miércoles debatían acerca del tema en un taller auspiciado por el Centro de Estudios Hemisféricos y Sobre Estados Unidos (CEHSEU), en La Habana, suspendieron los análisis de la jornada vespertina tras conocer la noticia.

Lo ocurrido ese día -que incluyó la liberación de los luchadores cubanos que permanecían en cárceles estadounidenses Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, y Ramón Labañino, así como del contratista privado vinculado a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) Alan Gross- sorprendió a muchas y muchos.

Un inusual secretismo desde la Casa Blanca escondió la negociación de más de un año que llevó a esas determinaciones, lo cual pudiera ser una señal de la comprensión de la importancia de ese proceso pero también de las amenazas en su contra.

Más el 17D la inmediatez distintiva de esta era digital acabó con el silencio. Con agilidad, medios de prensa de todo el mundo difundieron por el ciberespacio los mensajes pronunciados por ambos mandatarios, declaraciones de personas más o menos versadas en la materia, y una que otra opinión sesgada en cuanto al acontecimiento.

Paralelo a esto el ingenio popular hizo de las suyas en las redes sociales, donde proliferaron mensajes respecto al giro en ciernes de uno de los diferendos políticos más agotadores y polarizadores de la historia contemporánea.

De tal modo el anuncio del 17D corroboró lo sabido, la disparidad de opiniones en lo tocante a la dinámica contradictoria de las relaciones Cuba-Estados Unidos, que acumula más de un siglo. Al mismo tiempo que ratificó la posibilidad de llevar a una megapotencia a la mesa de negociaciones sin claudicar en principios esenciales desde el punto de vista ideológico y del Derecho Internacional.

LA EDIFICACIÓN DEL MURO
  
En 1823, en plena fase final del proceso independentista de las colonias españolas en el continente, quedó prácticamente definida la política de Estados Unidos hacia América Latina. En su mensaje anual al Congreso, en diciembre de ese año, el presidente James Monroe (1817-1825) dio por sentado que en correspondencia con presuntas leyes de gravitación política Estados Unidos estaba llamado a ejercer su hegemonía en los países situados al sur y en particular sobre la ínsula ubicada a 145 kilómetros de la Florida.
  
Esos pronunciamientos estuvieron sustentados en la estrategia de política exterior diseñada por un equipo liderado por su secretario de Estado y sucesor en la presidencia, John Quincy Adams (1825-1829), uno de los pioneros en alentar el sometimiento de la “perla de las Antillas”.
  
“No hay territorio extranjero que pueda compararse para los Estados Unidos como la isla de Cuba. Esas islas de Cuba y Puerto Rico, por su posición local, son apéndices del continente americano, y una de ellas, Cuba, casi a la vista de nuestras costas, ha venido a ser de trascendental importancia para los intereses políticos y comerciales de nuestra Unión”, apuntó Adams el 28 de abril de 1823.
  
En tanto el tercer gobernante estadounidense, Thomas Jefferson (1801-1809), confesó en carta a Monroe que siempre había mirado a Cuba “como la adición más interesante que pudiera hacerse nunca a nuestro sistema de estados. El control que, con Punta Florida, esta isla nos daría sobre el Golfo de México, y los países y el istmo limítrofes, además de aquéllos cuyas aguas fluyen a él, colmarían la medida de nuestro bienestar político. ”
  
A modo de resumen dejemos hablar a Monroe, para quien adquirir Cuba “sería de la mayor importancia para nuestra tranquilidad interna, tanto como para nuestra prosperidad y engrandecimiento”.
  
El 23 de julio de 1847 el periódico neoyorquino The Sun señalaba en un editorial que “¡Cuba tiene que ser nuestra…Dadnos a Cuba y nuestras posesiones estarán completas!”, mientras senadores insistían en comprar, invadir o guerrear para concretar la aspiración de convertir a la isla en una estrella más en la bandera de la Unión.
  
“Cuba está casi a la vista de la costa de la Florida, se encuentra colocada entre ese Estado y la península de Yucatán; y posee el puerto de La Habana que es amplio y profundo, y está inexpugnablemente fortificado. Si cayese bajo el dominio de la Gran Bretaña la dominación de esta sobre el Golfo de México sería suprema”, hizo notar el secretario de Estado en la época, James Buchanan, luego mandatario (1857-1861).
  
Fuentes históricas prueban los ingentes esfuerzos que dedicó el naciente imperio a crear las condiciones para llegar a esa meta, conquistada al fin de la Guerra Hispano-Cubana (1898). El tratado que dio término a esa beligerancia, por el cual España cedió sus colonias últimas en el hemisferio, propició la primera ocupación militar de Estados Unidos en Cuba.
  
En 1902 el gobierno interventor conminó a incluir en la Constitución de la República un apéndice mediante el cual Washington se arrogó el derecho de inmiscuirse en los asuntos internos de la nación caribeña cuando lo estimaran conveniente. La Enmienda Platt –como trascendió ese acápite- garantizó también el arriendo de territorios para bases navales y carboneras, al estilo del enclave militar que mantienen en Guantánamo.
  
Ese pasaje fue el preludio de la implementación de otros mecanismos legales que permitieron al vecino poderoso manejar los hilos de la política y la economía cubanas hasta la llegada del Ejército Rebelde a La Habana, el 1 de enero de 1959.
  
Desde sus primeros pasos, el Gobierno Revolucionario mostró la intención de revertir el estatus quo de manera radical y de romper las cuerdas que sujetaban la soberanía nacional. Más junto a las primeras medidas aplicadas en aras de beneficiar a las mayorías comenzó un ciclo de maniobras desestabilizadoras, por lo general organizadas y financiadas por Estados Unidos.
  
Estas oscilaron desde presiones sicológicas y económicas hasta el aislamiento diplomático, la coerción militar; las violaciones del espacio aéreo, y el terrorismo de Estado. La suspensión de la cuota azucarera, la Operación Peter Pan, la ruptura diplomática; el bloqueo financiero, económico y comercial; la creación de un ejército irregular de 299 bandas y tres mil 995 criminales que causaron 549 muertes y miles de heridos en las montañas cubanas; las leyes de ajuste y un largo etcétera, mostraron la determinación de aniquilar a la revolución.
  
En documentos desclasificados por el Departamento de Estados consta que sólo del 28 de septiembre de 1960 a abril de 1961 la Agencia Central de Inteligencia (CIA) introdujo en Cuba mediante operaciones aéreas clandestinas 75 toneladas de explosivos y de armamentos, y por vía marítima 46,5 toneladas.
  
Uno de los jerarcas del centro de operaciones de la Fuerza de Tarea de la CIA, coronel Jack Hawkins, aseguró que en este período perpetraron 110 atentados dinamiteros, colocaron 200 bombas, descarrilaron 6 trenes, provocaron más de 150 incendios en grandes objetivos estatales y privados, incluyendo 21 viviendas, y unos 800 en plantaciones de caña. Nunca mencionó a los muertos o lesionados por esto.
  
Expertos coinciden en que Cuba es víctima de la política de sanciones más completa y abarcadora que Estados Unidos aplicó contra un país en la historia. Este sistema “redundante y muy sólido”, al decir del investigador del CEHSEU Ernesto Domínguez, devino ley y por eso para derogarlo de forma completa es preciso el aval del Congreso.
  
El costo de esa política, rechazada por 188 de los 193 estados representados en la Organización de Naciones Unidas (ONU), es casi incalculable si se considera la heterogeneidad de operaciones desplegadas. Con respecto a la salud, por ejemplo, el daño causado está asociado a las impedimentas contra las exportaciones de medicamentos, accesorios y dispositivos médicos, recogidas en la Ley de Democracia Cubana (coloquialmente Ley Torricelli, 1992) y la Ley para la Reforma de las Sanciones Comerciales y el Incremento de las Exportaciones (2000).
  
Este tipo de transacciones, igual que las de productos agrícolas, sólo pueden realizarse con carácter excepcional, por un tiempo determinado, con el aval del Departamento de Comercio. Pero para recibir esa autorización hay que atravesar un engorroso proceso de control y clasificación congruente con las Regulaciones para la Administración de las Exportaciones del Departamento de Comercio.
  
Datos manejados por las autoridades cubanas dan cuenta de al menos tres mil 400 muertos por acciones terroristas, de ellos un centenar de niños contagiados por el dengue hemorrágico introducido en 1981. En tanto las pérdidas económicas superan un billón 112 mil 534 millones de dólares, calculados al valor del oro, manipulado por los artífices del sistema monetario imperante que golpea sobre todo a los países más pobres.
  
“Los daños humanos del bloqueo crecen. Son 77 por ciento de los cubanos los que nacieron bajo estas circunstancias. El sufrimiento de nuestras familias no puede contabilizarse. Son muchas las convenciones internacionales que lo prohíben, incluida la de Ginebra de 1948 contra el genocidio. Se afecta el ejercicio de los derechos humanos de un pueblo entero. Se obstaculiza seriamente el desarrollo económico del país”, denunció Cuba en la ONU.

PRIMEROS MARTILLAZOS CONTRA EL MURO
  
Pese a todo lo anterior el Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC, 1975) reflejó la disposición del Gobierno a abrirse “al arreglo de un problema que en algún momento puso en peligro la paz del mundo”. “Estamos dispuestos a negociar, lo repetimos, pero reiteramos aquí, en nuestro Congreso, de cara a todo el pueblo cubano, que las negociaciones oficiales no podrán realizarse sin que en lo esencial la política de bloqueo haya sido rectificada por Estados Unidos.   De lo que se trata es de negociar en condiciones de igualdad y ya hemos dicho que el bloqueo es para nosotros un cuchillo en el cuello, que determina una situación negociadora que jamás aceptaremos”, fijó el texto leído en esa cita por el líder histórico de la revolución.
  
La respuesta de la contraparte tardó poco en llegar. Los primeros martillazos contra el muro alzado por Estados Unidos contra Cuba fueron dados por el demócrata James Carter (1977-1981). Diplomáticos participantes en esas negociaciones concuerdan en que ese proceso de acercamiento sólo redundó en la instalación de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana (SINA) y de su homóloga en Washington.
  
La Guerra Fría y el rechazo al comunismo fueron siempre el telón de fondo de las relaciones entre estos países y dejaron su impronta en esas conversaciones. La parte estadounidense nunca aceptó negociar en igualdad de condiciones y trató de imponer su agenda en reuniones que terminaron la mar de las veces en forcejeos.
  
De forma continua aparecieron en los diálogos obstáculos que entorpecieron la compresión mutua, mayormente derivados de exigencias para Cuba. Tal es el caso de la retirada de sus tropas de África, del vínculo con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y del activismo revolucionario cubano en el mundo.
  
Sin dudas Carter tuvo algunos gestos hacia Cuba, al suspender los vuelos espías y autorizar los viajes de los ciudadanos norteamericanos, pero prevalecieron las ideas retrógradas de algunos de sus asesores y ello impidió progresar. El derecho cubano a autorizar las salidas de sus ciudadanos por cualquier parte del territorio, la aplicación de medidas drásticas contra actos de piratería, y otras cuestiones quedaron pendientes en esos acercamientos inaugurales.
  
“Si hay ramo de olivo, no lo rechazaremos. Si continúa la hostilidad y hay agresiones, responderemos enérgicamente…Cuba entiende que es una necesidad histórica mundial que entre todos los países del mundo existan relaciones normales, basadas en el respeto mutuo, en el reconocimiento al derecho soberano de cada uno y en la no intervención. Cuba considera que la normalización de sus relaciones con Estados Unidos favorecería el clima político de América Latina y El Caribe, y contribuiría a la distensión mundial. Cuba no se opone por ello a resolver su diferendo histórico con Estados Unidos, pero nadie debe pretender que Cuba cambie su posición, ni transija en sus principios…Los principios no son negociables”, subrayó el Informe al II Congreso del PCC (1980).
  
Sin desdecir esos postulados Cuba aceptó una segunda fase de negociaciones con la administración de Ronald Wilson Reagan (1981-1989), en la cual fueron suscritos los primeros acuerdos bilaterales en el orden migratorio. “Los montes parieron un ratón”, declaró al respecto el primer jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Estados Unidos, Ramón Sánchez Parodi.
  
Mas la rama de olivo cayó en tierra en la coyuntura creada con el derrumbe del Muro de Berlín (1989), de la desintegración de la URSS (1991) y del desastre del socialismo hipotético en Europa oriental. La última década de la vigésima centuria, donde hubo quien proclamó el eventual “fin de la historia”, dio al traste con el unipolarismo en las relaciones internacionales y alentó a recrudecer las presiones contra Cuba.  
  
La aprobación de la Ley Torricelli y de la Ley por la Solidaridad con la Libertad y la Democracia en Cuba (Ley Helms-Burton, 1996) resultaron definitorios. Con la primera devino ley el sistema de sanciones contra la nación caribeña hasta que su gobierno mostrara más respeto hacia los derechos humanos (Cuban Democracy Act).
  
Mientras, la Helms-Burton impide a las filiales estadounidenses en terceros países comerciar con Cuba y advierte a las compañías extranjeras que por invertir en la isla pueden ser sujeto de litigio o verse impelidas de entrar en territorio norteamericano. Acorde con esta los buques que atraquen en puertos cubanos igual no pueden entrar en seis meses a aguas de Estados Unidos y están prohibidas las ayudas públicas o privadas al Gobierno hasta definir sobre las expropiaciones adoptadas desde 1959.
  
Como si no bastase, William Jefferson Clinton (Bill, 1993-2001) prohibió en 1999 a las filiales extranjeras de compañías estadounidenses comerciar con Cuba por más de 700 millones de dólares anuales. Otra contribución suya al bloqueo fue la Ley para la Reforma de las Sanciones Comerciales y el Incremento de las Exportaciones (2000).
  
También el republicano George W. Bush (2001-2009) sumó otro paquete de sanciones con la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre (2004), que limitó los viajes, los envíos de remesas, y alargó tres años la espera de los ciudadanos estadounidenses para visitar Cuba. En 2006 restringió más los viajes, con pena de cárcel o multas de hasta de un millón de dólares, y creó instituciones para cazar a quienes participaran en el comercio del ron, del tabaco; del níquel cubano, y de su utilización en industrias de terceros países, o en las transacciones financieras que Cuba realizara en dólares.
  
Las Regulaciones para el Control de los Recursos Cubanos, ejecutadas por la Oficina de Control de Recursos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, criminalizaron la importación de productos cubanos y la exportación de los estadounidenses a la isla; así como las transacciones con el Gobierno o ciudadanos del país. Además, congelaron las inversiones y las cuentas financieras cubanas en Estados Unidos y la compra en cualquier parte de bienes de consumo fabricados en Cuba.

POSIBLES MOTIVACIONES DEL 17D
  
Ese abanico de medidas poco o nada cambió con la llegada de Barack Obama (2009), quien en su mensaje del 17D destacó que “existe una historia complicada entre los Estados Unidos y Cuba” más reconoció “el aporte de la emigración cubana a su país en la política, los negocios, la cultura y los deportes.”
  
Este admitió el fracaso de un “enfoque anticuado” que no logró promover los intereses estadounidenses y despertó el rechazo de la comunidad internacional, así como la necesidad de hacer uno de los cambios más significativos en la política de ese país en más de medio siglo. “No creo que podamos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante cinco décadas y esperar un resultado diferente.”
  
Congruente con esa opinión, que reafirma la intención perenne de la clase política estadounidense de acomodar a las circunstancias la estrategia con tal de arrasar con el legado de la revolución cubana, el demócrata prometió reducir las limitaciones a los viajes, al comercio y al flujo de información hacia y desde Cuba, al envío de remesas, al uso de tarjetas de débito y crédito en la isla. También al intercambio científico, en el combate al narcotráfico, el enfrentamiento común a situaciones de desastre y otros problemas que puede resolver como presidente de forma unilateral.
  
Por otra parte Raúl Castro exhortó al Gobierno de Estados Unidos a remover los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre los dos pueblos, las familias y los ciudadanos de ambos países. “Los progresos alcanzados en los intercambios sostenidos demuestran que es posible encontrar solución a muchos problemas”, exteriorizó, con base en la experiencia de los 18 meses anteriores al anuncio del proceso que comenzaría luego para restablecer las relaciones diplomáticas rotas en 1961.
  
Ambos jefes de Estado agradecieron a Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, por su mediación en las negociaciones que contaron con el apoyo de Canadá y de los senadores Tom Udall y Jeff Flake, demócrata y republicano, de manera respectiva.
  
La actuación de Obama puede haber respondido a la necesidad de dar un golpe de efecto en función de la dinámica interna de la política en Estados Unidos, dado el desastre para el Partido Demócrata de las elecciones de medio término de noviembre y en perspectiva hacia los comicios presidenciales del 8 de noviembre de 2016.
  
Este acto se inscribió, además, en un contexto marcado por la cercanía de la VII Cumbre de las Américas (Panamá, abril), ciertos intereses a favor del cambio de política hacia la isla y las medidas de Raúl Castro tendentes a ampliar el sector privado, la inversión extranjera y la descentralización en Cuba.
  
De cualquier modo, acorde con las palabras del presidente cubano desde 2006, “debemos aprender el arte de convivir, de forma civilizada, con nuestras diferencias”.

PRIMEROS PASOS HACIA LA SUPERACIÓN DE LA HOSTILIDAD
  
Transcurrido un mes del 17D entraron en vigencia nuevas regulaciones del Departamento del Tesoro y de Comercio de Estados Unidos en cuanto a viajes, remesas, finanzas, telecomunicaciones, comercio y transporte. Estas afectaron, de modo limitado, sanciones del bloqueo y permitieron actividades prohibidas por más de medio siglo.
  
Si bien Obama no puede modificar esa ley sin el respaldo del Congreso, al menos amplió las licencias para viajar a la isla referente a visitas familiares, misiones oficiales, actividades de fundaciones privadas o instituciones educativas. Resolvió que los estadounidenses puedan usar sus tarjetas de crédito y débito en Cuba e importar bienes valorados en 400 dólares, de ellos sólo 100 en productos de tabaco y alcohol.
  
Además, abrió la puerta para los proveedores del reglón de las telecomunicaciones, quienes podrán proporcionar a Cuba servicios comerciales y de Internet. De idéntico modo autorizó la venta a cubanos de software, hardware y dispositivos para las comunicaciones, simultáneamente con la concertación del diálogo oficial entre delegaciones de estos países para coordinar el restablecimiento de las embajadas.

OTRA NOVEDAD: MUJERES AL MANDO
  
La primera ronda de conversaciones tuvo lugar el 21 y 22 de enero de 2015, en La Habana. Dos diplomáticas experimentadas, la secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, y la directora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, estuvieron al frente de ambos equipos.
  
Ambas lideraron las distintas sesiones para la fijación de la ruta con vistas al restablecimiento de las relaciones bilaterales, algunas de las cuales también tuvieron como sede a Washington. De estas quizás la cuarta, celebrada el 21 y 22 de mayo en el Departamento de Estado, es la que más trascendió luego de la inaugural.
  
La expectativa ante el eventual anuncio de la concreción del acuerdo para la instalación de las embajadas, postergado para un próximo encuentro debido a diferencias de criterios en cuestiones técnicas, alentó un gran movimiento mediático.
  
Vidal manifestó en ese contexto su complacencia con la evolución de las conversaciones y consideró que los progresos responden a que se están tratando como iguales. Los resultados van llegando de forma paulatina y la agenda amplia creada al efecto comienza a disminuir, afirmó.
  
En ese sentido destaca el restablecimiento de los servicios bancarios a la Sección de Intereses de la Cuba en Washington (21 de mayo) y la decisión ejecutiva de sacar el 29 de mayo al país de la lista unilateral elaborada por Estados Unidos de “países patrocinadores del terrorismo”, donde fue incluida en 1982.
  
“Continuaremos inspirados en la convicción de que el compromiso y no el aislamiento es la clave para avanzar. Hemos alcanzado progresos significativos en los últimos cinco meses, y estamos mucho más cerca de reanudar las relaciones y reabrir las embajadas”, pronunció Jacobson.
  
Ambas coincidieron en que los objetivos primarios están cerca de cumplirse, pese a tener seguir discutiendo sobre el trabajo de las embajadas y las prerrogativas de los designados a esas legaciones.
  
Pero aunque el discurso conciliatorio prevalece, declaraciones desde la Casa Blanca sugieren que para el equipo de Obama la meta continúa siendo lograr “el cambio que nos gustaría ver en Cuba” sobre todo en cuestión de derechos humanos.
  
Vale no perder de vista que las bases legales que sustentan el bloqueo continúan intactas, así como las transmisiones ilegales y la ocupación de parte del territorio oriental cubano. Otra cuenta por saldar es la derogación de la Ley de Ajuste Cubano (LAC, 1966), remanente de la Guerra Fría que incita a la migración ilegal, y las compensaciones por los daños causados por la política estadounidense en estos años.
  
Ese cuerpo jurídico permite a los cubanos entrar bajo palabra o parole a Estados Unidos, obtener de manera expedita permisos de trabajo y solicitar la residencia permanente al año y un día de permanecer en ese territorio.
  
El Gobierno de Cuba considera que este trato preferencial y excepcional, que no reciben emigrantes de otras nacionalidades, estimula la emigración ilegal, el tráfico de personas y las entradas irregulares a Estados Unidos. Simultáneamente deplora la política de pies secos-pies mojados que data de 1995.
  
Frente a esto cobra rango de certeza la afirmación de que el proceso hacia la regularización de las relaciones Cuba-Estados Unidos será muy largo y no exento de eventuales retrocesos. El potencial reposicionamiento de la megapotencia en el contexto internacional, el reajuste del proyecto país -que está cobrando fuerza a raíz del desborde de los conflictos raciales- y el afianzamiento de sus posiciones en este hemisferio, pudieran atentar contra esto.
  
De lo que se trata es de construir consenso dentro del Congreso para ir apartando piezas del ajedrez del bloqueo y crear intereses suficientes entre los grupos de poder por la continuidad de la búsqueda de la regularización de las relaciones.
  
Por ahora 64 por ciento de los votantes estadounidenses apoya el fin esa ley, según una encuesta de Beyond the Beltway Insights. En Florida alrededor de 91 por ciento apoyan la eliminación de las restricciones de viajes y un porcentaje ligeramente superior aboga por finiquitar el bloqueo (College of Hospitality & Tourism Leadership).

La superación de las hostilidades añejas dependerá también de cómo Cuba maneje este proceso, porque hasta el momento las propuestas estadounidenses sólo indican la intención de favorecer un mejor estado de opinión en ese país con relación al Gobierno y a facilitar la venta de productos de la agroindustria a la mayor de las Antillas.

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