Puerto Rico: ¿Estado Libre Asociado?

Ante la crisis la única respuesta ha sido la manifestación de la impotencia. Esto es el ELA: impotencia. Lo grave es que, mientras tanto, la sociedad puertorriqueña se desmorona.

Francisco Catalá Oliveras* / Semanario Claridad

Es un contrasentido plantear la resucitación o la autopsia de algo inexistente. La existencia del Estado Libre Asociado (ELA) ---que no es estado, ni libre ni asociado--- siempre ha estado en entredicho. Vicente Geigel Polanco lo catalogó de “farsa”. Por su parte, José Trías Monge, al analizar las “penas de la colonia más antigua del mundo”, se refiere al proceso que culminó con la proclamación del Estado Libre Asociado, el 25 de julio de 1952, como “horrorosa ordalía y de un récord vergonzoso”. Nadie pone en duda que ambos sabían de lo que estaban hablando.

Sin embargo, el hecho es que el Estado Libre Asociado, real o mítico, existe como fenómeno político. Después de todo, la falsificación de la realidad, la demagogia y la mentira forman parte de los procesos políticos. Pero, más allá de todo esto, es evidente que en todo marco colonial se dan cambios institucionales, sociales y económicos.

Puerto Rico, aunque siempre encajado en su encuadramiento colonial, ha experimentado varios cambios institucionales significativos. Valga destacar la Real Cédula de Gracias de 1815, catalogada por algunos como el primer programa de fomento económico en la historia del País, y la Carta Autonómica de 1897, interrumpida casi al nacer por la invasión militar de 1898. A las alteraciones institucionales bajo el imperio español le han sucedido varios arreglos bajo el imperio estadounidense, como la Ley Foraker de 1900, la Ley Jones de 1917 y la que ahora se denomina Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico.

No todos los cambios institucionales se recogen en leyes orgánicas. La dinámica institucional las desborda. Las agencias creadas bajo la presidencia de Roosevelt ---la “Puerto Rican Emergency Relief Administration” (PRERA) y la “Puerto Rican Reconstruction Administration” (PRRA)---  reflejan tal dinámica. Le sirvieron de prólogo al reformismo de la década de 1940. A la intensificación de la gestión pública le acompañó la legislación federal que proveyó para el gobernador electivo y la Ley de Incentivos Industriales (1947) orientada al fomento de la inversión directa externa a base de exenciones tributarias, eje de la política industrial que, con las modificaciones de rigor, persiste hasta el día de hoy. Tal andamiaje institucional, junto a la engañosa denominación de “común” a la previa extensión unilateral de la defensa, el mercado, la moneda y la ciudadanía, sirvió de materia prima en la configuración del llamado Estado Libre Asociado (ELA).

El ELA no alteró el estatus colonial de Puerto Rico. La soberanía del Congreso sobre el territorio permaneció incólume. Más aún, se ha menoscabado la supuesta “autonomía” ya que continuamente aumenta la intervención del gobierno federal de Estados Unidos en numerosos espacios del ámbito político puertorriqueño. La jurisdicción de la Corte Federal, por ejemplo, parece no tener límites. Por otro lado, los límites del “gobierno local” lucen cada vez más asfixiantes. Desde el primer día el reclamo de “crecimiento” o “culminación” del ELA se hizo sal y agua.

En el campo económico se ha dado un proceso análogo al de la dimensión política: pérdida progresiva de control. Se ha configurado un enclave de inversión directa externa que se caracteriza por las ventajas tributarias, la repatriación de ganancias y la desproporción en la distribución funcional del ingreso entre propietarios y trabajadores.

En un excelente trabajo empírico, realizado por el economista Edwin Irizarry Mora, en el que se estima el Estado de Situación de Puerto Rico para el período 1950-1984, se revela que del total de la riqueza o de activos en Puerto Rico la fracción que pertenecía a los residentes del País (gobierno, empresas y personas) se redujo de 81 por ciento en 1950 a 59 por ciento en 1960, 38 por ciento en 1970 y 19 por ciento en 1984. Ahora debe ser aún más bajo. En otras palabras, el patrimonio nacional neto (excluyendo el valor de las tierras y del capital humano) es relativamente cada vez más modesto, lo que significa que la propiedad y el control del grueso de los activos productivos radicados en Puerto Rico están fuera del País.

No fue por casualidad que en el último mensaje que el gobernador Muñoz Marín presentó ante la Asamblea Legislativa, El Propósito de Puerto Rico (1964), se plantea como uno de los objetivos medulares lograr que una creciente proporción de la economía puertorriqueña y de las decisiones esté “en manos de hijos del País como ha ocurrido en todos los que actualmente son los países desarrollados del mundo”. No obstante, tanto bajo su gestión como bajo la de sus sucesores la ruta ha sido precisamente la inversa: si algo no controlan los “hijos del País” es la economía.

En estos momentos la discusión pública se centra en la crisis, sobre todo en la deuda del gobierno y sus corporaciones, entre las que sobresalen la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. El endeudamiento se discute en un contexto definido por la contracción de la actividad productiva, la insuficiencia fiscal y la emigración. Puesto que el ELA, realidad o mito, cumple 63 años resulta oportuno darle cierta perspectiva histórica a tal discusión.

Según la versión oficial la “recesión” comenzó en marzo de 2006 ---hace nueve años---, mucho antes que la crisis financiera que precipitara la recesión en la economía estadounidense y en otras economías. No debe olvidarse que fue precedida por un largo periodo de relativo estancamiento, a partir de la década de 1970, que ni la Sección 936 ni las crecientes transferencias federales ni el progresivo endeudamiento público pudieron evitar. A este periodo le precedió un tramo (décadas de 1950 y 1960) de alto crecimiento del enclave industrial en función de privilegios tributarios que, aparte de erosionar la base fiscal, no pudo conjurar los altos niveles de desempleo. Se acompañó de un enorme flujo emigratorio, de una creciente remisión de ganancias hacia el exterior y de un progresivo endeudamiento.

Para el año 1970 la deuda pública representaba el 35.4 por ciento del Producto Nacional Bruto. Si se contrasta con el 100 por ciento de ahora, luce modesta. Pero no debe olvidarse que partió de una base relativamente insignificante. Mientras que el Producto Nacional Bruto aumentó por un múltiplo de seis de 1950 a 1970, la deuda pública se incrementó por un múltiplo de catorce durante el mismo periodo. Todo era cuestión de tiempo.

En el siglo 21 la emigración masiva ha reaparecido con mayor intensidad. La población total acusa reducción y la pirámide demográfica se ha invertido. Para colmo de contradicciones, aunque resulte inconcebible, los rendimientos de capital (ganancias, dividendos e intereses) remitidos al exterior sumaron $36,052.2 millones en el año fiscal 2014. De tal suma se atribuyen a ganancias de inversiones directas $30,535.7 millones. Esto refleja una mezcla perversa de exenciones tributarias y precios de transferencia que podrá resultar funcional para el enclave ---por naturaleza inestable, hoy está aquí y mañana allá--- pero no para el desarrollo sostenido y sustentable del País. Y ahora, la agudización de todos los problemas coincide con un gobierno cuyos grados de libertad de operación se han reducido al mínimo: sus finanzas agonizan y su margen de endeudamiento ha llegado prácticamente al límite. En realidad, a partir de tal expediente histórico no podía ser otro el desenlace. La economía de Puerto Rico siempre, aun en los llamados buenos momentos, ha sido disfuncional.

Quizás los parámetros de la discusión pública deberían ser otros. Tal vez deberían analizarse las posibilidades de una gran industria de procesamiento de alimentos, montada en la importación de materia prima y en la rehabilitación del sector agrícola local, orientada tanto a la exportación como a la tan necesaria seguridad alimentaria. Ante la contracción de la industria farmacéutica podría ser tema de discusión la transición hacia una industria farmacéutica especializada en genéricos, compuesta de capital local ajustado a márgenes de ganancia menos ambiciosos que los que caracterizan a las grandes multinacionales. O, quizás, podrían explorarse nuevos rumbos para el turismo, vinculándolo más estrechamente al desarrollo de actividades artísticas y de entretenimiento y enlazándolo con el turismo más amplio del Caribe.

Hay mucho que discutir y que hacer. Los países progresan en función de complejos tratados comerciales que les sirven para atraer y gestar nuevas actividades económicas en función de la diversidad de sus mercados y de sus fuentes de inversión; articulan sólidas infraestructuras sociales (como la educación pública y el servicio de salud) y físicas (transportación, comunicación y energía) montadas en una amplia y creciente base impositiva; aprovechan al máximo recursos que les permitan distinguirse y hacer valer ventajas comparativas, como, entre otras, posición geográfica, rutas comerciales, experiencia histórica y acervo cultural; y se caracterizan por su agilidad institucional o disposición al cambio. Desafortunadamente, éstos no son los temas que dominan la discusión pública.

Todavía se conmemora el ELA, aunque el entusiasmo haya mermado significativamente. Y la discusión sigue girando en torno a la dependencia, la emigración, el agotamiento, la deuda y claro, la gran propuesta del Secretario de Desarrollo Económico de hacer de Puerto Rico un santuario para multimillonarios… Ante la crisis la única respuesta ha sido la manifestación de la impotencia. Esto es el ELA: impotencia. Lo grave es que, mientras tanto, la sociedad puertorriqueña se desmorona.

* El autor es economista y miembro de la Junta Directiva de CLARIDAD.