Poder infraestructural del capital, propiedad privada y cambio constitucional en la sociedad neoliberal chilena

El actual proceso constitucional abierto por el Gobierno, podrá modificar y cambiar la actual Constitución pero nunca modificar la estructura del poder del capital nacional.

Juan Carlos Gómez Leyton* / Especial para Con Nuestra América

Desde Santiago de Chile

Si las y los ciudadanos nacionales piensan que el Cambio Constitucional propuesto a partir del proceso constituyente abierto por el gobierno de la Nueva Mayoría, va quebrar o a poner fin al poder infraestructural que detentan los grupos socioeconómicos como los Matte, los Luskic, los Agelini, los Falabella, los Ibáñez, los Paulmann, los Yarur, los Claro, los Piñera, los Ponce y otros menores, eso es desgraciadamente falso.

Ningún cambio constitucional ni la instalación de una Nueva Constitución Política del Estado ha logrado quebrar o poner fin a la estructura del poder del capital. En Chile que hay abolir el poder de estos grupos y su poder; el cual por cierto, no se encuentra, en el CEP, ni en los Partidos Políticos a que adhieren y financian, ni en sus lacayos que están en el Parlamento o en los Municipios, su poder se genera en el control, posesión y propiedad de los medios de producción agrarios, mineros, marinos, industrial o en los medios de comunicación, televisión, prensa escrita u otras. Su poder infraestructural se expresa en el control de todos los centros de producción de la hegemonía: escuelas, universidades, centros de formación técnica, colegios, etcétera. Se expresa en control de organizaciones sociales, eclesiásticas, en fin, su poder influye en el poder ejecutivo, en el judicial, en el parlamentario, regional y municipal; su pode controla el capital financiero y comercial...y, por cierto, tienen influencia en las fuerzas represivas del Estado, FF.AA y Carabineros... controlan todas las fuentes del poder social de la sociedad neoliberal capitalista.

El CAMBIO POLÍTICO INSTITUCIONAL, como es el cambio constitucional, es una forma, importante, por cierto, de modificar la estructura jurídica-política de la forma del Estado de la sociedad capitalista, pero NUNCA tendrá como objetivo modificar la estructura de las relaciones sociales de producción de la sociedad capitalista. Por esa razón, el cambio constitucional siempre fue y ha sido pensado por los propietarios para defenderse de los no propietarios. Ninguna de las CONSTITUCIONES modernas de ayer y de hoy SE PROPONE MODIFICAR LA ESTRUCTURA de la PROPIEDAD PRIVADA capitalista.

Las formulas constitucionales que actualmente se plantean en Chile todas tienen una perspectiva y una orientación liberal capitalista, aunque algunas se plantean antineoliberales (el cambio constitucional propuesto por el gobierno de La Nueva Mayoría, la solución constitucional de Claudio Fuentes y Alfredo Joignant; los planteos del grupo de Sergio Grez y del Foro por la Asamblea Constituyente de Chile, la de Gustavo Ruz Zañartu, entre otros, incluidos los que escriben en el libro reciente Fumando Opio) tienen un horizonte limitado e insuficiente para destituir y destruir el poder del capital y de los poderosos, como los anteriormente mencionados. Dicho poder, podrá ser regulado, pero nunca abolido.

Téngase presente por cierto que ninguna constitución política surgida en los últimos años en América Latina, incluso en los países más avanzados como Bolivia, Venezuela o Ecuador, lograron modificar sustancialmente el poder infraestructural del capital. Solo en Venezuela se ha logrado limitarlo y debilitarlo en cierta manera; pero no abolirlo. Ni en Ecuador ni en Bolivia lo han hecho, todo lo contrario en el primero se ha reforzado y en el segundo se mantiene casi intacto de como estaba antes de la Constitución del 2009.

Por todo lo anterior, el actual proceso constitucional abierto por el Gobierno, podrá modificar y cambiar la actual Constitución pero nunca modificar la estructura del poder del capital nacional. Pues, el proceso constituyente, será controlado por los "sirvientes del poder infraestructura" ya mencionado. Solo la acción, primero, del poder destituyente que desplace y destruya el poder constituido -no solo del poder político actual sino del capital-, podrá dar lugar, en segundo lugar, a la acción de un poder constituyente popular y revolucionario en perspectiva de orientación anti-capitalista.

La lucha social y política por abolir el poder infra-estructural del poder del capital, especialmente, de los principales grupos económicos que controlan y dominan a la sociedad neoliberal, debe quebrar e imponerse por sobre la hegemonía liberal que actualmente domina la agenda tanto gubernamental como disidente del cambio constitucional. El proceso constituyente propuesto por el Gobierno de la Nueva Mayoría es limitado e insuficiente. La idea de impulsar una Asamblea Constituyente tiene limitaciones como la experiencia y el análisis comparado de las experiencias latinoamericanas, lo demuestra. Se debe avanzar, hacia la conformación de un gran y masivo como contundente movimiento social ciudadano que no solo impulse de manera articulada el poder destituyente como el constituyente, en otras palabras, es necesario hacer converger ambos poderes como un momento revolucionario que despliegue toda la potencia subversiva de dicho poder.

De lo contrario, en Chile habrá cambio constitucional, se modificará la estructura política-jurídica del Estado, se podrá cambiar el patrón de acumulación capitalista, por un extractivista-desarrollista con cierta responsabilidad medio ambiental, se podrá regular los negocios de las grandes transnacionales, etcétera, pero la sociedad seguirá siendo capitalista y el poder infraestructural de los grandes grupos socio-económicos como el de los Matte y de los otros nombrados se mantendrán en el tiempo.

Para poner fin a los abusos y a la explotación que estos empresarios someten permanentemente a las y los ciudadanos nacionales no solo debe cambiarse la Constitución Política de 1980 sino y, sobre todo, expropiarles el poder infra estructural que tienen sobre los propiedad de los medios producción. Es decir, para que el poder constituyente sea realmente un poder revolucionario, subversivo y emancipador debe abolir el poder a los dueños de Chile. Ellos han sido los principales obstáculos para la constitución de un régimen democrático, igualitario y justo.

Santiago Centro, 01 de noviembre 2015.

*Doctor en Ciencia Política. Académico universitario.