El actual
proceso constitucional abierto por el Gobierno, podrá modificar y cambiar la
actual Constitución pero nunca modificar la estructura del poder del capital
nacional.
Juan Carlos Gómez
Leyton* / Especial para Con Nuestra América
Desde
Santiago de Chile
Si las y los
ciudadanos nacionales piensan que el Cambio Constitucional propuesto a partir
del proceso constituyente abierto por el gobierno de la Nueva Mayoría, va
quebrar o a poner fin al poder infraestructural que detentan los grupos
socioeconómicos como los Matte, los Luskic, los Agelini, los Falabella, los
Ibáñez, los Paulmann, los Yarur, los Claro, los Piñera, los Ponce y otros
menores, eso es desgraciadamente falso.
Ningún cambio
constitucional ni la instalación de una Nueva Constitución Política del Estado
ha logrado quebrar o poner fin a la estructura del poder del capital. En Chile
que hay abolir el poder de estos grupos y su poder; el cual por cierto, no se
encuentra, en el CEP, ni en los Partidos Políticos a que adhieren y financian,
ni en sus lacayos que están en el Parlamento o en los Municipios, su poder se
genera en el control, posesión y propiedad de los medios de producción
agrarios, mineros, marinos, industrial o en los medios de comunicación,
televisión, prensa escrita u otras. Su poder infraestructural se expresa en el
control de todos los centros de producción de la hegemonía: escuelas,
universidades, centros de formación técnica, colegios, etcétera. Se expresa en
control de organizaciones sociales, eclesiásticas, en fin, su poder influye en
el poder ejecutivo, en el judicial, en el parlamentario, regional y municipal;
su pode controla el capital financiero y comercial...y, por cierto, tienen
influencia en las fuerzas represivas del Estado, FF.AA y
Carabineros... controlan todas las fuentes del poder social de la sociedad
neoliberal capitalista.
El CAMBIO
POLÍTICO INSTITUCIONAL, como es el cambio constitucional, es una forma,
importante, por cierto, de modificar la estructura jurídica-política de la
forma del Estado de la sociedad capitalista, pero NUNCA tendrá como objetivo
modificar la estructura de las relaciones sociales de producción de la sociedad
capitalista. Por esa razón, el cambio constitucional siempre fue y ha sido
pensado por los propietarios para defenderse de los no propietarios. Ninguna de
las CONSTITUCIONES modernas de ayer y de hoy SE PROPONE MODIFICAR LA ESTRUCTURA
de la PROPIEDAD PRIVADA capitalista.
Las formulas
constitucionales que actualmente se plantean en Chile todas tienen una
perspectiva y una orientación liberal capitalista, aunque algunas se plantean
antineoliberales (el cambio constitucional propuesto por el gobierno de La
Nueva Mayoría, la solución constitucional de Claudio Fuentes y Alfredo
Joignant; los planteos del grupo de Sergio Grez y del Foro por la Asamblea
Constituyente de Chile, la de Gustavo Ruz Zañartu, entre otros, incluidos los
que escriben en el libro reciente Fumando Opio) tienen un horizonte limitado e
insuficiente para destituir y destruir el poder del capital y de los poderosos,
como los anteriormente mencionados. Dicho poder, podrá ser regulado, pero nunca
abolido.
Téngase
presente por cierto que ninguna constitución política surgida en los últimos
años en América Latina, incluso en los países más avanzados como Bolivia,
Venezuela o Ecuador, lograron modificar sustancialmente el poder
infraestructural del capital. Solo en Venezuela se ha logrado limitarlo y
debilitarlo en cierta manera; pero no abolirlo. Ni en Ecuador ni en Bolivia lo
han hecho, todo lo contrario en el primero se ha reforzado y en el segundo se
mantiene casi intacto de como estaba antes de la Constitución del 2009.
Por todo lo
anterior, el actual proceso constitucional abierto por el Gobierno, podrá
modificar y cambiar la actual Constitución pero nunca modificar la estructura
del poder del capital nacional. Pues, el proceso constituyente, será controlado
por los "sirvientes del poder infraestructura" ya mencionado. Solo la
acción, primero, del poder destituyente que desplace y destruya el poder constituido
-no solo del poder político actual sino del capital-, podrá dar lugar, en
segundo lugar, a la acción de un poder constituyente popular y revolucionario
en perspectiva de orientación anti-capitalista.
La lucha
social y política por abolir el poder infra-estructural del poder del capital,
especialmente, de los principales grupos económicos que controlan y dominan a
la sociedad neoliberal, debe quebrar e imponerse por sobre la hegemonía liberal
que actualmente domina la agenda tanto gubernamental como disidente del cambio
constitucional. El proceso constituyente propuesto por el Gobierno de la Nueva
Mayoría es limitado e insuficiente. La idea de impulsar una Asamblea
Constituyente tiene limitaciones como la experiencia y el análisis comparado de
las experiencias latinoamericanas, lo demuestra. Se debe avanzar, hacia la
conformación de un gran y masivo como contundente movimiento social ciudadano
que no solo impulse de manera articulada el poder destituyente como el
constituyente, en otras palabras, es necesario hacer converger ambos poderes
como un momento revolucionario que despliegue toda la potencia subversiva de
dicho poder.
De lo
contrario, en Chile habrá cambio constitucional, se modificará la estructura
política-jurídica del Estado, se podrá cambiar el patrón de acumulación
capitalista, por un extractivista-desarrollista con cierta responsabilidad
medio ambiental, se podrá regular los negocios de las grandes transnacionales,
etcétera, pero la sociedad seguirá siendo capitalista y el poder infraestructural
de los grandes grupos socio-económicos como el de los Matte y de los otros
nombrados se mantendrán en el tiempo.
Para poner
fin a los abusos y a la explotación que estos empresarios someten
permanentemente a las y los ciudadanos nacionales no solo debe cambiarse la
Constitución Política de 1980 sino y, sobre todo, expropiarles el poder infra
estructural que tienen sobre los propiedad de los medios producción. Es decir,
para que el poder constituyente sea realmente un poder revolucionario, subversivo
y emancipador debe abolir el poder a los dueños de Chile. Ellos han sido los
principales obstáculos para la constitución de un régimen democrático,
igualitario y justo.
Santiago Centro, 01 de noviembre 2015.
*Doctor en Ciencia Política. Académico universitario.
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