Migración mesoamericana: discriminación y desprecio

¿Quién asume la responsabilidad de la crisis humanitaria que desangra a los pueblos de México y Centroamérica como resultado de la migración y el exilio económico? ¿No merecen esos cientos de miles de personas ser tratadas en correspondencia a su dignidad humana, con justicia y respeto al derecho internacional?

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

“Suframos caminando entre las piedras el polvo y los abrojos /

bajo la lluvia o el bochorno del aire saturado de sol…”

Roque Dalton

La crisis de los más de 7 mil de migrantes cubanos “varados” en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua desde noviembre anterior, como consecuencia de la decisión del gobierno de Managua de no permitir el tránsito a los isleños por considerar que su condición migratoria es irregular, parece llegar a su fin. O cuando menos, a una solución parcial. Un acuerdo alcanzado a finales de diciembre entre las autoridades de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México permitirá que un primer grupo cubanos -180 aproximadamente- sigan su ruta por vía aérea hacia San Salvador y de ahí, por tierra, cruzarán Guatemala hasta llegar a territorio mexicano donde, según lo permitan sus recursos económicos, definirán el medio adecuado para alcanzar alguno de los puestos fronterizos de su destino final: los Estados Unidos.

Mientras este plan se lleva adelante, respondiendo a una situación humanitaria que ya escapa a las posibilidades materiales y de gestión del gobierno costarricense, otros aspectos críticos del caso se han hecho ya inocultables ante la opinión pública centroamericana y emplazan a esas mismas autoridades e instancias oficiales que han realizado esfuerzos inusuales para atender la problemática esta población cubana, pero que no actúan con la misma diligencia y sentido de urgencia para resguardar la seguridad y los derechos de sus propios compatriotas migrantes.

En concreto, nos referimos a las implicaciones de la oprobiosa Ley de Ajuste Cubano, ese instrumento jurídico aprobado en 1966 por el Congreso de los Estados Unidos como parte de su política imperial de agresión contra la Revolución Cubana, y que les concede a los ciudadanos cubanos que llegan a territorio estadounidense un estatus privilegiado  y un trato diferenciado, del que no gozan el resto de los migrantes centroamericanos y mexicanos que, año tras año, intentan esa misma travesía hacia el llamado sueño americano. El canciller salvadoreño Hugo Martínez ha sido enfático en señalar que la Ley de Ajuste no solo incentiva la migración masiva de cubanos a los Estados Unidos, exponiéndolos a toda clase de peligros en el recorrido, sino que además introduce un factor de discriminación al crear una categoría de migrantes que reciben un trato especial, violentando así el principio de igualdad ante la ley definido en el derecho internacional.

Por desgracia, la búsqueda de ese sueño por lo general termina en pesadilla, ya no solo por las organizaciones criminales que asedian a los migrantes en sus distintas rutas, sino también por las acciones represivas de la policía de frontera estadounidense y las medidas implementadas en los últimos meses por el gobierno del presidente Barack Obama.

En efecto, al mismo tiempo que los focos mediáticos y políticos se concentraban en los campos de atención de migrantes cubanos en Costa Rica, y se repetían aquí y allá viejas consignas y lugares comunes del discurso anticomunista, la política imperial migratoria recrudecía contra centroamericanos y mexicanos sin que este hecho ocupara titulares en la prensa escrita o reportajes en horario estelar –prime time- de los noticiarios televisivos. Según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación mexicana,  solo en 2015 fueron deportados de los Estados más de 200 mil mexicanos (entre estos, más de 10 mil menores de edad), y una cifra similar, de aproximadamente 190 mil centroamericanos, corrieron igual suerte al ser deportados de México a sus países de origen. Por su parte, el diario The Washington Post hizo público un plan de redadas del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, para detener y deportar a familias migrantes centroamericanas durante este mes de enero. De acuerdo con el diario, unas 100 mil familias ingresaron a los Estados Unidos desde el año 2014; y en los últimos dos meses más de 10 mil inmigrantes centroamericanos menores de edad no acompañados fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza. Y como si lo anterior no bastara, la agencia de noticias BBC Mundo no tuvo reparos en calificar al presidente Obama como el deportador en jefe (Deporter in Chief), puesto que “desde que Obama llegó a la Casa Blanca en enero de 2009, alrededor de dos millones de indocumentados han sido expulsados del país, más que durante cualquier otra presidencia en la historia de la nación norteamericana”.

¿Quién asume la responsabilidad de la crisis humanitaria que desangra a los pueblos de México y Centroamérica como resultado de la migración y el exilio económico? ¿No merecen esos cientos de miles de personas ser tratadas en correspondencia a su dignidad humana, con justicia y respeto al derecho internacional?

Sólo una lógica perversa, que hace de los Derechos Humanos el arma ideológica de su lucha contra la Revolución Cubana y contra varios gobiernos y procesos políticos latinoamericanos, puede incurrir en la osadía de seudojustificar la aplicación de una política de expulsión de seres humanos forzados a partir de su tierra por el mismo sistema –el capitalismo- cuyos principios pregona e impone en todo el mundo.  Solo una lógica criminal puede dictar una legislación –la Ley de Ajuste Cubano- que fomenta la discriminación de unas nacionalidades por sobre otras, en función de unos determinados intereses geopolíticos.

Ese imperio perverso y criminal, Norte revuelto y brutal que nos desprecia –al decir de Martí-, sencillamente es indefendible.