Los hechos muestran que el gobierno
mexicano es incapaz de llevar una investigación imparcial que nos lleve a la
verdad y a la justicia.
Comunicado
de la Secretaría de Defensa de Derechos Humanos
Movimiento
Regeneración Nacional (MORENA), México
Desde Copenhague y en el contexto de
su enésima gira internacional, Enrique Peña Nieto ha confirmado lo que desde
tiempo atrás se sabía: que el gobierno de México no quiere en México al Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que éste saldrá del país
a finales de este mes de abril. Las razones del encono son muchas, la principal
que el GIEI propinó un severo golpe a la mentira oficial que se quería
hacer pasar como “verdad histórica”:
que la desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa era algo circunscrito a las autoridades del municipio de Iguala y
que los estudiantes desaparecidos habrían
sido cremados en un incendio en el basurero de Cocula. Cabe agregar la enorme
antipatía oficial que generó la insistencia del GIEI en interrogar con respecto
a dichos acontecimientos a miembros del Ejército mexicano. En suma, ha sido la
conducta independiente del GIEI que ha hecho tambalear a la mentira oficial, lo
que hoy hace que el gobierno mexicano tenga la férrea decisión de hacer salir a
dicho grupo el 30 de abril.
Cabe agregar que detrás de
declaraciones oficiales de reconocimiento al GIEI hay montada una propaganda
negra contra su actuación y una guerra sucia contra sus integrantes en especial
a las ex fiscales de Guatemala y Colombia Dra. Claudia Paz y Paz y Dra. Ángela
Buitrago. Ambas juristas, las únicas mujeres integrantes del GIEI, son
ampliamente odiadas por la ultraderecha de sus países. La Dra. Paz y Paz además
de ser una eficaz perseguidora de líderes del narcotráfico guatemalteco aliado
con el mexicano, llevó a un juicio a
Efraín Ríos Montt que concluyó con una condena por genocidio al mencionado ex
dictador guatemalteco. La condena posteriormente fue anulada por la Corte de
Constitucionalidad de Guatemala. La Dra. Buitrago desenterró la matanza
ocurrida en 1986 en el Palacio de Justicia de Colombia cuando el grupo
guerrillero M-19 tomó sus instalaciones. El resultado de dicho juicio fue la
condena de un alto militar colombiano por el delito de desaparición forzada, el
cual hoy ha sido liberado. Los
partidarios de la impunidad en México y en otros países hacen causa común
contra el GIEI.
La mentira oficial disfrazada de
verdad histórica, paulatinamente se está derrumbando. Ha sido puesta en
duda no sólo por las conclusiones del
GIEI sino por los dictámenes del Equipo Argentino de Antropología Forense
quienes también han puesto en duda el supuesto incendio del basurero de Cocula.
Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha planteado como una línea
de investigación en base a las declaraciones de un testigo, la participación de
integrantes de la Policía Federal y la policía del municipio de Huitzuco en la
detención en otro autobús de entre 15 y 20 de los 43 normalistas desaparecidos.
El gobierno sin avisarles a los familiares de los desparecidos arguye hoy otra investigación que busca corroborar
el incendio de Cocula. En suma, los hechos muestran que el gobierno mexicano es
incapaz de llevar una investigación imparcial que nos lleve a la verdad y a la
justicia. El GIEI debe continuar en México y coadyuvar a una investigación
objetiva de los hechos.
¡No a la impunidad en México!
¡No a la salida del país del GIEI!
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