La posición de Venezuela,
en la situación que atraviesa actualmente el Mercosur, no puede ser otra que la
defensa de la legalidad y la institucionalidad del bloque. Venezuela actúa
basada en principios y no en intereses comerciales, ni cede a la amenaza del
aislamiento que viene siendo comandada desde el Norte.
Juan Félix Rivas Alvarado / ALAI
Todo es ilegal. Las reuniones
realizadas por miembros del Mercosur, sin la presencia de Venezuela; la
imposición de la categoría “Estados Fundadores” ahora matizada con el eufemismo
“Estados Parte signatarios del Tratado de Asunción”; el mecanismo colegiado
para el funcionamiento del Mercosur; la calificación de “vacancia” de la
Presidencia Pro Témpore (PPT); las decisiones que incluyen un ultimátum a
Venezuela, al imponerle un plazo (1º de diciembre) para que adecúe la
normativa, basada en la amenaza de despojarla de su condición de Estado Parte;
la repartición de las negociaciones del Relacionamiento Externo (Unión Europea,
Alianza del Pacífico, entre otros).
Todo es ilegal, porque en
el marco jurídico e institucional que rige el bloque no encontramos ni un solo
argumento que sustente esta emboscada.
Esta situación, que viene
ocurriendo en el Mercosur desde el mes de junio, es uno de los actos más graves
en la historia de la integración regional, si se toma en cuenta que se ha
recurrido a una estrategia de exclusión claramente ideológica-política,
expresada en acciones ilegales e ilegítimas, desconociendo los principios y
paradigmas que fundamentan el modelo integracionista, para implantar el
autoritarismo, la intolerancia y la discriminación.
Ilegalidad e intolerancia
son dos términos que tristemente pueden etiquetar la componenda, y que
sustentan un cuadro de acciones cuya ilicitud ha sido reiteradamente señalada
por la Canciller Delcy Rodríguez. Las fuerzas progresistas de la región vienen
pronunciándose al respecto. No es tiempo de dudas, porque esto forma parte de
una agenda que apunta mortalmente al corazón de la democracia y la integración
en toda Nuestra América.
La posición de Venezuela,
en la situación que atraviesa actualmente el Mercosur, no puede ser otra que la
defensa de la legalidad y la institucionalidad del bloque. Venezuela actúa
basada en principios y no en intereses comerciales, ni cede a la amenaza del
aislamiento que viene siendo comandada desde el Norte. La dignidad no se
negocia. Especialmente, porque no sólo se están violando los derechos de
Venezuela como Estado Parte, sino que este modus operandi arremete
contra la integración regional violando los derechos de cada uno de los pueblos
del Mercosur.
Veamos algunas de las
acciones de este antijurídico proceder y, aún más, sus consecuencias.
El consenso como
principio fue profanado
El martes 13 de
septiembre, casi al filo de la medianoche, se difundió una Declaración Conjunta
(1) en la cual los llamados “Estados Fundadores o Signatarios”, reafirmaron
la negación del legítimo derecho de Venezuela a ejercer la PPT, al mismo tiempo
que se notificaba una sentencia, en ausencia del acusado, donde se le imponía
un plazo que, de no cumplirlo, llevaría a despojarle a Venezuela de su
condición de Estado Parte, y por ende su derecho a veto.
Primero: Esta Declaración ilícita,
principalmente carece de validez porque es resultado de un hecho grave, que es
la violación de la norma del consenso. En el Mercosur, la toma de
decisiones se realiza mediante la participación y el consenso de “todos” sus
Estados Partes, tal como lo establecen los artículos 16 del Tratado de Asunción
y el 37 del Protocolo de OuroPreto. Esta norma es vital porque permite que se
avance en los acuerdos respetando la diversidad de opiniones.
Se incumplió la norma del
consenso, además de desconocer la PPT venezolana, al suscribir una Declaración
donde se consumó el acto transgresor sin la presencia ni el consentimiento de
Venezuela. El Consenso sólo se cumple con la anuencia de los cinco Estados
Parte, no podemos hablar de consenso respecto a una decisión adoptada por
cuatro Estados, y menos aún con tres votos afirmativos. La entronización de
esta ilicitud llegó a niveles caricaturescos, cuando uno de los
cuatro participantes en la encerrona celebrada por los fundadores, Uruguay, ¡se
abstuvo!
El Consenso, es una
vacuna contra las asimetrías, porque evita que el más fuerte del barrio se
imponga sobre los pequeños, no por la razón sino por la fuerza.
El consenso es el cemento
de este bloque de integración
Al romperse el consenso
se quiebra al Mercosur y, por ende, a la integración regional. A esa hora de la
noche del martes 13, y hasta este momento, Venezuela es Estado Parte del
Mercosur, y por tanto tiene plenos derechos como los demás Estados Parte, tanto
a adoptar las decisiones en conjunto, como a ejercer la PPT del bloque.
Segundo: Al mismo tiempo, al crear
un antijurídico “mecanismo colegiado” para la conducción del Mercosur, se
trasgreden las normas que rigen la coordinación de los trabajos y reuniones a
través de la PPT de Venezuela. Al respecto, son contundentes los artículos 12
del Tratado de Asunción y 5 del Protocolo de OuroPreto, al establecer que la
PPT se ejercerá semestralmente por orden alfabético, la cual corresponde actualmente
a Venezuela, y que por ende todas las reuniones del Mercosur, y demás
iniciativas de orden normativo e institucional, deben ser convocadas y
coordinadas por ésta.
Tercero: La pretendida condición
de “Estados Parte signatarios del Tratado de Asunción” no existe, por tanto mal
podría legitimar decisiones adoptadas en violación a la norma del consenso. El
marco legal del Mercosur, no distingue categorías de derechos entre aquellos
Estados que firmaron el Tratado de Asunción y los que se adhirieron posteriormente
a éste, todos somos Estados Partes. En el Mercosur, no existe de jure,
la discriminación entre Estado Parte de Primera y/o de Segunda, tal como trata
de legitimarse ideológicamente en el texto de la Declaración.
Cuarto: La Declaración, de
hecho, notifica que hubo una repartición del mundo. Es decir, el
Relacionamiento Externo del Mercosur fue trozado como un pastel, y se procedió
a convocar reuniones con la Unión Europea, con la Alianza del Pacífico y con
otros bloques de integración y Estados, ignorando a la PPT venezolana, a quien
le corresponde su coordinación. Esta conducta al margen, pareciera que le da la
razón a la tesis que afirma que, detrás de esta flexibilización de facto,
subyace convertir al Mercosur en una plataforma de aterrizaje de los Tratados
de Libre Comercio.
El ALCA fue derrotada en
2005, momento cuando el Mercosur y Venezuela ejercieron un protagonismo
decisivo en esa épica. Hoy, la corriente restauradora de la ideología del libre
comercio avanza en nuestra región con la rapidez que exige la estrategia de
reacomodo de los grandes bloques que agrupan los centros del sistema
capitalista mundial.
En este contexto, la
Declaración Conjunta dictada recientemente, como corolario de una cadena de
ilicitudes, pasará a la historia de la integración regional como unos de los
atentados más letales contra los principios de la integración y de la
democracia.
Nota
1.- Declaración titulada
“Declaración Conjunta relativa al funcionamiento del Mercosur y al Protocolo de
adhesión de la República Bolivariana de Venezuela”.
José Félix Rivas Alvarado
Representante
Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante Mercosur y Aladi
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