Panamá
ha sido objeto de un ataque político por parte de Washington que trae a la
memoria la invasión militar de 1989 y el hackeo reciente muy publicitado de una
firma de abogados panameña especializada en abrir empresas (shell corporations) en paraísos
fiscales de EEUU.
Marco A. Gandásegui, h. / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
La Estrella de
Panamá ha sido condenada a muerte. El tercer diario más
antiguo de América hispana, fundada en 1849, cayó bajo las garras de un acto
administrativo del gobierno norteamericano y fue sentenciado a desaparecer. Es
un caso sólo digno de las arbitrariedades que comete EEUU contra países
pequeños, con gobiernos débiles y sin dirigentes capaces de reaccionar contra
los atropellos de los más poderosos.
El dueño de La Estrella de Panamá y de El Siglo, Abdul Waked, es un comerciante
de la Zona Libre de Colón, que adquirió ambos diarios hace cinco años. Según el
gobierno de EEUU, es sospechoso de estar envuelto en negocios ilícitos y es
considerado una amenaza para EEUU. Washington no tiene pruebas por lo tanto no
puede imputarle delitos o presentar pruebas ante un tribunal.
Para pasar por
encima de la ley y los acuerdos internacionales, la Secretaría del Tesoro
(Ministerio de Hacienda) de ese país creó una instancia que ha denominado la
“Lista Clinton”. Si una persona o empresa (persona jurídica) es incluida en
esta ‘Lista’ es marginado de toda relación financiera con empresas y gobierno
de EEUU. También es excluido de todo trato con terceras personas que tienen
vínculos con entidades norteamericanas. En otras palabras, es condenado a
muerte comercial.
En el caso de La Estrella de Panamá y El Siglo, la libertad del país y de su
pueblo a ser informado es coartada por una decisión administrativa de un
gobierno extranjero. Washington pretende demostrarle a Panamá quien es el
verdadero soberano en territorio nacional. Incluso, el embajador de EEUU en
Panamá le instruyó al dueño de los periódicos que para solucionar el problema
podía vender los medios de comunicación. Ese es el nivel de respeto que EEUU
tiene para la libertad de ser informado, es el nivel de respeto que tiene para
las leyes panameñas y es el nivel de respeto que tiene de la soberanía
panameña.
Durante el siglo
XX, Panamá luchó para recuperar su soberanía sobre su posición geográfica. Fue
un enfrentamiento desigual, pero finalmente los panameños vencieron gracias a
su perseverancia e inteligencia negociadora. No tuvo que disparar una sola
bala, a pesar de que EEUU durante décadas lanzó ataque tras ataque contra una
población desarmada.
Panamá ha sido
objeto de un ataque político por parte de Washington que trae a la memoria la
invasión militar de 1989 y el hackeo reciente muy publicitado de una firma de
abogados panameña especializada en abrir empresas (shell corporations)
en paraísos fiscales de EEUU.
Washington ignora, a
propósito, el orden jurídico internacional sobre el cual descansa la ley y el
orden. Se considera una potencia por encima de la ley. Al mismo tiempo, no cree
en el orden y promueve el caos en función de sus intereses, sin importar a
quien cause daño sus acciones. En el caso de WASI, accionista principal de La
Estrella de Panamá y El Siglo, si existieran elementos que la hace sospechosa
de incurrir en ilícitos, EEUU debe acudir a los tribunales de justicia. Son los
tribunales los encargados de dirimir conflictos de intereses.
De acuerdo a las
leyes panameñas, si el dueño de la empresa que controla mayoritariamente las
acciones de La Estrella de Panamá y El Siglo, es acusado y condenado de un
ilícito, los diarios siguen publicándose, ya que el supuesto delito no los
involucra. La medida “administrativa” (la Lista Clinton) condena a muerte
comercial al empresario, a los trabajadores y a la democracia (muerte política)
del país.
Sobre este último
aspecto, hay razones para sospechar que en última instancia, el objetivo de
EEUU es desestabilizar el país. Con este nefasto precedente, mañana otros
medios de comunicación o empresas, podrán ser objetos de estas medidas
arbitrarias y contrarias al derecho internacional, no importa a qué grupo
comercial o partido político, esté vinculada.
El secretario
general del Movimiento Independiente de Refundación Nacional (MIREN), Juan
Jované, declaró que “EEUU no respeta el derecho internacional”. Jované,
encabezando una delegación, visitó la planta periodística e hizo entrega de un
comunicado del MIREN, de solidaridad con los trabajadores de La Estrella de Panamá y El Siglo.
Durante la visita se
conversó sobre la posición ambigua del gobierno panameño frente a las
pretensiones de Washington de dictar las normas legales y desconocer la
soberanía nacional. Se señaló que le corresponde al Presidente de la República
pronunciarse y rechazar en forma enfática los abusos de EEUU.
15 de diciembre de
2016.
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