Pruebas PISA y neoliberalismo pedagógico en América Latina

La divulgación de los resultados de las llamadas pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, por sus siglas en inglés), una evaluación estandarizada diseñada y aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), bastión del neoliberalismo global, ha generado revuelo y polémica en nuestra región.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

Para algunos voceros del establishment neoliberal, el pobre desempeño de los estudiantes de los países latinoamericanos que tomaron estas pruebas, en relación con sus pares de los países asiáticos y europeos, constituye la mejor prueba del fracaso de nuestros sistemas educativos y de la necesidad de impulsar reformas que nos pongan a la altura de los sistemas del primer mundo (siempre y cuando esto no implique pagar más impuestos o alterar la sacrosanta estructura de distribución de la riqueza).

Quienes expresan este punto de vista, poco dicen de las condiciones de desigualdad social estructural en que transcurre la infancia y adolescencia de la gran mayoría de los jóvenes latinoamericanos, y callan sobre las furiosas reacciones de los poderes fácticos cuando algún presidente o presidenta comete el imperdonable agravio de gobernar en beneficio de los excluidos, de los más pobres, de los últimos entre los últimos. Ahí están los casos de Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina o Ecuador, para quien necesite más pruebas sobre las brutales ofensivas restauradoras que han debido enfrentar los gobiernos que más hicieron por reducir la desigualdad y la pobreza en América Latina, en lo que va del siglo XXI.

Para los críticos de la evaluación estandarizada de conocimientos, como el secretario general de CLACSO, Pablo Gentili, las pruebas PISA son un mecanismo artificial, burocrático, impuesto sin mayor discusión a los países latinoamericanos que forman parte de la OCDE, o que aspiran a serlo, y con un problema de origen: parten “de un principio equivocado, de que hay una forma de pensar el desarrollo y el mundo, que es universal, de Shanghái hasta República Dominicana, todos los jóvenes con 15 años tienen que saber un conjunto de cosas que son fundamentales para sobrevivir y progresar en la vida”. Para Gentili, a través de estas pruebas la OCDE “establece un horizonte, un modelo educativo colonial, dominante y para nada universal ni científico”, que condiciona los objetivos de la educación a la visión económica de los poderosos. Es decir, la del capitalismo neoliberal.

Gentili da en el clavo de la cuestión. Ese modelo educativo es el que se ha venido instalando en América Latina, con mayor o menor resistencia, por medio de una reforma educativa de larga duración –ya supera las dos décadas-, reproductora de la ideología dominante y de la racionalidad tecnocrática, y que le ha permitido a un manojo de organismos internacionales influir en la definición de los sentidos y finalidades de la educación en nuestros países. Este neoliberalismo pedagógico, como lo llama la educadora argentina Adriana Puiggrós, se asienta en los discursos de la calidad y la evaluación, en la imposición de una lógica gerencial sobre las prácticas pedagógicas, y en la aceptación pasiva  de la tesis según la cual los sistemas educativos deben satisfacer, por encima de cualquier otro propósito, la demanda de recursos humanos o mano de obra calificada para el mercado.

La evaluación de los aprendizajes va más allá de la simple medición cuantitativa de resultados, la aplicación de instrumentos estandarizados, o la creación de una identidad entre el estudiante y un número que pretende calificarlo; la evaluación supone un ejercicio de valoración fundamentada, desde el que se reflexiona, analiza e investiga sistemáticamente la integralidad del fenómeno educativo: su intencionalidad, los aciertos, las imitaciones, y todos aquellos aspectos susceptibles de ser mejorados en la praxis. Por el contrario, instrumentalizar la evaluación del aprendizaje, como intentan hacerlo las agencias del pensamiento y la cultura neoliberal, sería reducir la condición humana a una relación de costo-beneficio y aceptar como única ley educativa el juego de la oferta y la demanda.